Las víctimas de accidentes de tráfico ganan una gran batalla: Madrid dejará de cobrarles

El Ayuntamiento de Madrid dejará previsiblemente de cobrar a las víctimas de un accidente de tráfico por acceder a los atestados, documentos necesarios para conocer los datos del siniestro, extremo que se torna imprescindible para que los abogados puedan contactar con la compañía de seguros o acreditar la atención médica requerida. La Policía Municipal de Madrid se ha comprometido a firmar un convenio con el Colegio de Abogados para que tanto los letrados de las víctimas como los propios afectados por el accidente puedan acceder gratuitamente a un informe en el que figurarán los datos básicos del siniestro, como la identificación de los vehículos envueltos en el mismo, la descripción de los hechos realizada por el agente de las fuerzas de seguridad responsable del atestado e incluso el testimonio de los testigos principales.

"Esta información es suficiente para gestionar los gastos sanitarios, la reparación de los vehículos o abrir los partes en las compañías de seguros", explica Manuel Castellanos, presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes (Anava-Rc), que lleva años tratando de que las administraciones municipales dejen de cobrar por este concepto y que ahora acaba de conseguir que la Policía Municipal acceda a firmar el mencionado convenio con el organismo colegial, del que el propio representante de la agrupación forma parte. La pasada semana, los máximos responsables del cuerpo —entre los que estaba el propio director general, Pablo Enrique Rodríguez Pérez— recibieron a una delegación de Anava-Rc y se comprometieron a suscribir el citado acuerdo, que ya está elaborando el Colegio de Abogados, que votará la iniciativa en el orden del día de su próxima junta de gobierno.

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Actualmente, el ayuntamiento cobra 33 euros a las víctimas de accidentes por acceder a la información sobre el siniestro, y no es ni de lejos el consistorio que más ingresa por este concepto. Ayuntamientos como el de Zaragoza o el de Majadahonda se embolsan entre 147 y 300 euros por cada informe que entregan a los afectados. "Espero que ahora otros consistorios tengan la sensibilidad que ha tenido Madrid y hagan lo mismo, porque no tiene sentido que además de haber sufrido un accidente, de haber sido ingresadas en el hospital, haberse quedado sin vehículo temporalmente o haber sufrido lesiones de larga curación, las víctimas tengan que hacerse cargo de esta tasa injusta", sostiene Castellanos, quien recuerda que este concepto empezó a cobrarse hace cinco años, tras la despenalización de los accidentes de tráfico que incluyó la reforma del Código Penal de 2015.

La inmensa mayoría de los siniestros en carretera dejaron entonces de ser delitos o faltas. Tan solo los que conllevaban el consumo del alcohol, de drogas o la conducción temeraria seguían a partir de ese cambio legislativo el proceso penal y, por lo tanto, requerían de un juzgado de instrucción de esta vía procesal para continuar su curso. El resto, en torno al 80% de los accidentes, abandonó ese camino y, como mucho, terminaba en los tribunales de lo civil. Antes de la reforma, nadie abonaba los atestados que levantaba la Policía Municipal o la Guardia Civil, porque estos documentos eran remitidos de oficio a los juzgados con el fin de que los magistrados responsables de la instrucción pudieran iniciar el procedimiento penal. Allí, los abogados que representaban a los acusados o a las víctimas podían reclamarlos gratuitamente y conocer así cuáles eran los hechos que la autoridad policial había descrito y los posibles delitos que de ellos se derivaban con el fin de preparar la acusación o la defensa del caso.

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Tras la reforma, como ese proceso penal no se abre en la mayoría de los casos, las policías locales encierran bajo llave sus atestados y, si los implicados en el accidente quieren reclamarlos, deben abonar la mencionada tasa. Así lo estableció el Gobierno local que dirigió la que fuera cabeza de lista de Ahora Madrid, Manuela Carmena, y lo ha mantenido —hasta el momento actual— el Ejecutivo municipal que preside el popular José Luis Martínez-Almeida. La tarifa debe abonarla todo aquel que pretenda acceder al atestado no judicializado por la vía penal, ya sea la representación legal, el implicado en el accidente o la compañía de seguros, lo que ha engordado durante este lustro las arcas municipales. Sin embargo, no ha sido este incremento de los ingresos lo único que ha generado esta situación, que también tiene un importante componente social.

El alto precio que vienen pidiendo algunos consistorios ha provocado que no sean pocas las víctimas que renuncien a solicitar el informe, con las consecuencias que esto conlleva. "No todos pueden abonar esta tasa", sentencia Castellanos, que continuará ahora con su pretensión de extender esta gratuidad del acceso a la información a todos los consistorios de España. "¿Por qué antes era de libre acceso y ahora no? Esto tiene que cambiar", reafirma el representante de los abogados de accidentes de tráfico, que tiene previsto seguir visitando a responsables municipales para conseguir el mismo objetivo que ha logrado en Madrid. Considera que es un asunto de derechos de los ciudadanos.

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A veces, explica, las víctimas esperan a que su aseguradora, que tiene más prisa por solucionar el problema, sea la que reclame el documento al consistorio y ya luego ellos se lo piden a la mutua. Pero en otras muchas ocasiones, la víctima es un peatón que no tiene compañía de seguros, por poner un ejemplo, quien se ve implicado en el suceso, con lo que no tiene más remedio que acudir al ayuntamiento a 'comprar' el atestado del accidente. No son pocos los casos, por lo tanto, en los que las arcas municipales ingresan incluso por dos vías en un mismo accidente, la que abona la aseguradora y la de la propia víctima.

En cualquier caso, los abogados no pueden esperar a que la jurisdicción civil abra un procedimiento y reclame por esta vía (y por tanto, de forma gratuita) el atestado, porque esto solo ocurre cuando el letrado presenta una demanda, cosa que no puede hacer sin conocer previamente los hechos descritos por la Policía Municipal. Esta perversa pescadilla que se muerde la cola no deja más remedio a los letrados que abonar la mencionada tasa de 33 o más euros, ya que de ese atestado dependerá la decisión de poner o no una demanda e iniciar la causa civil. El de Madrid será presumiblemente el segundo ayuntamiento que deja de cobrar por este concepto. La asociación presidida por Castellanos firmó también un reciente convenio con el Ayuntamiento de Málaga en el mismo sentido y esta institución permite hoy por hoy a los letrados adquirir gratuitamente el atestado con el único requisito de llevar una autorización de su cliente.