El caso Dina da un balón de oxígeno a Casado en vísperas de arrancar la comisión Kitchen

El giro de guion en el caso Dina después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, pidiera al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias para aclarar su papel, da aire al PP de Pablo Casado. Y lo hace en un momento clave: a punto de que se ponga en marcha la comisión parlamentaria sobre la operación Kitchen. El pleno del Congreso ya aprobó su creación con una amplísima mayoría (incluso Vox se abstuvo) la semana pasada, y en las próximas se constituirá formalmente con la elección de la mesa y sus componentes. A partir de ahí, el desfile de exdirigentes y pesos pesados del PP será inevitable.

Sin embargo, la exposición razonada del juez en el caso que atañe al vicepresidente segundo del Gobierno cambia las piezas del tablero. Primero, porque la atención será compartida entre ambas cosas y, a mismo tiempo, permite al PP iniciar una verdadera ofensiva contra Iglesias, que comenzó ayer mismo pidiendo al presidente su cese inmediato. Las contradicciones en las que incurrió el líder de Podemos durante el procedimiento han provocado que finalmente el juez pida al alto tribunal su imputación por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos (con agravante de género) y denuncia falsa.

Para los populares, el caso está claro: se trata de la antesala de una imputación —“si no estuviera aforado, ya habría resultado imputado”, repiten dirigentes del partido— de un vicepresidente en ejercicio, “el primer caso de la democracia”. El PP exige al Gobierno cumplir con el criterio que lo llevó a defender la moción de censura que descabalgó a Rajoy y llevó a Sánchez al Palacio de la Moncloa hace algo más de dos años, e insiste en que “la sombra de la corrupción” afectará a todo el Ejecutivo si el presidente no toma medidas.

Fuentes del PP advierten de que no es un problema solo de Iglesias ni de su formación, sino que el caso se extiende ya al Gobierno, precisamente por ser vicepresidente del mismo. Por eso, entienden que si Iglesias no sale por su propio pie, Sánchez será “cómplice” mientras no actúe. Esa ofensiva, en la que los populares se emplearán a fondo a partir de ahora, tendrá un momento significativo la próxima semana en el pleno del Congreso, cuando se vote la reprobación de Iglesias registrada por el grupo parlamentario popular.

A pesar de tratarse de una moción sobre “la gestión política del Gobierno y la defensa del Estado de derecho y el orden constitucional” tras la polémica que desató el veto del Ejecutivo al Rey en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona hace dos semanas, el texto incluye la reprobación del vicepresidente segundo “como primer instigador de los ataques a la Corona”, y urge al presidente “la destitución inmediata” del ministro Alberto Garzón, el primer miembro del gabinete que acusó al Rey de “maniobrar” contra el Gobierno. Los populares aprovecharán la moción y la reprobación de Iglesias (que se votará en ese texto) para unir al debate la nueva situación judicial del vicepresidente.

En Unidas Podemos, reconocían ayer mismo al conocer la noticia “que no daban crédito”, recordando que Iglesias había recuperado su condición de perjudicado en la causa. En el PP, en cambio, ya ponían el foco en “la gravedad inusitada” que supone la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y “un plan consciente y planificado para simular la comisión de un delito y atribuírselo al Gobierno del PP”.

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Por eso, los populares consideran que en estos momentos ni Iglesias ni el Gobierno —mientras forme parte de él— están legitimados para dar lecciones sobre corrupción. Además, el PP insistirá en la posible agravante de género observada por el juez. En la exposición razonada, el magistrado habla de que se podría apreciar por parte de Iglesias “un apoderamiento de información íntima y personal” de su exasesora Dina Bousselham. Por el contenido del que se trata, continúa el juez García-Castellón, el hecho investigado se pudo cometer “por razones de género”. Cuestión en la que los populares también incidirán, recordando que la cuestión de género y la protección de la igualdad de las mujeres han constituido una bandera política de Unidas Podemos, que ahora, entienden, salta por los aires. De ahí que los dirigentes del primer partido de la oposición pidan explicaciones al respecto a Iglesias, y también a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Cuando se aprobó la semana pasada la comisión para investigar Kitchen —todo el hemiciclo votó a favor, mientras que Vox y Coalición Canaria se abstuvieron—, en el PP ya daban por descontado un goteo de titulares constante. Unidas Podemos confirmó que pelaría por que Pablo Casado acudiera a declarar (el PSOE no lo descarta) y ayer mismo el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, se ratificó diciendo que lo acontecido en Kitchen “interpela” al actuar líder de los populares, “con responsabilidades en el partido desde 2007”, a pesar de que los hechos investigados por el juez —el mismo que ahora pide al Supremo investigar a Iglesias— se circunscriben a un momento en que Casado ni siquiera estaba en la dirección del PP.

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Aun así, la comisión de Kitchen llega en un momento delicado para el PP, preparado para afrontar meses muy duros en el Congreso y que veía desactivada su labor de oposición. De hecho, desde que se levantara el secreto de sumario, las sesiones de control han invertido a menudo los papeles de Gobierno y oposición, y tanto el presidente como miembros de su Gobierno terminaban por fiscalizar al PP y no al revés. La novedad judicial de Iglesias cambia el panorama político y da oxígeno a los populares, que ya han vuelto a la carga.