Ayuso cita a los empresarios para blindar las inversiones tras el cierre de Madrid

La Comunidad de Madrid organizará la próxima semana un acto con presencia de grandes empresas extranjeras que operan en la capital para mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores tras las turbulencias que han sacudido a la región en los últimos días. En el acto intervendrá la presidenta regional y también el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, uno de los hombres fuertes del gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El objetivo es trasladar un escenario de certidumbre y seguridad jurídica a las multinacionales con presencia en Madrid después de las idas y venidas que han terminado con importantes restricciones a la movilidad, impuestas por el Ministerio de Sanidad y a las que la Comunidad no da validez y acusa de "caóticas". Ayuso quiere insistir en que Madrid es una comunidad segura y fuerte para actuales y futuras inversiones, y tratará de atajar las polémicas surgidas en esta segunda oleada del coronavirus que azota con especial intensidad a la región. Desde este sábado, tanto la ciudad madrileña como otros nueve municipios, restringirán los movimientos de sus ciudadanos, que solo podrán moverse para realizar actividades muy concretas, y los comercios y hostelería verán reducidos aforos y horarios de apertura.

Uno de los motivos que Madrid siempre alegó frente a la insistencia de Moncloa de tomar medidas más estrictas —que a todas luces implicaban "el cierre de Madrid" a pesar de la resistencia del Gobierno autonómico de emplear ese término y, más aún, de aplicarlo— era el puramente económico. "Madrid no se puede cerrar sin más. El confinamiento total aquí no es posible", ha repetido insistentemente Ayuso en referencia a que la actividad económica y la movilidad que implica la capital con el resto de puntos de España y también de Europa —por la puerta de entrada de Barajas— no se pueden cortar de un día para otro.

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En el Gobierno autonómico existe un temor importante a las pérdidas que podría suponer no ya un confinamiento duro, sino las propias medidas que desde este sábado entran en vigor y sobre las que hubo un principio de acuerdo con el Ministerio. En el recurso contra la orden ministerial que la Comunidad presentó ayer en la Audiencia Nacional queda claro que estas medidas "supondrán un impacto económico negativo muy importante". En palabras del consejero de Justicia, Enrique López, son "peores, menos efectivas y menos idóneas que las aplicadas hasta ahora".

El informe de la consejería que dirige Lasquetty y, al que el recurso hace una profunda referencia, insiste en que ese impacto económico y laboral se dará en el conjunto de la economía productiva y no en el sector público, cuyo gasto no ha bajado y el empleo no ha mermado. Por eso, asegura, el efecto de estas restricciones que afectan al 71% de la población de la Comunidad hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica. Según los cálculos de Hacienda se destruirán una media semanal de 18.000 empleos. La menor actividad también tendrá consecuencias importantes en la recaudación, que podría llegar a suponer una merma de 1.777 millones para 2020 sobre el ejercicio anterior. La pérdida recaudatoria podría cifrarse en 44 millones de euros, dice la consejería, en cada semana nueva sin que se ponga en marcha de nuevo la economía. La patronal madrileña se une a los cálculos más pesimistas y estima que las empresas de la capital podrían perder 600 millones de euros en ingresos en solo siete días.

La tesis defendida estas semanas por el Gobierno de Ayuso es que sus medidas (aplicadas durante las últimas semanas hasta en 45 zonas básicas de salud repartidas por la región) evitaban el parón económico al que ahora Madrid se ve abocado y, al mismo tiempo, actuaban con medidas en las zonas con mayor incidencia de contagios. De hecho, la Comunidad madrileña insiste en que esas medidas empezaban a surtir efecto y reprochan al Ejecutivo central que frustre una hoja de ruta exitosa para imponer sus medidas.

Las restricciones y el recurso judicial

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aprovechó su comparecencia de ayer para poner negro sobre blanco algunos datos, asegurando que el descenso de ingresos por covid en los hospitales madrileños mantiene una tendencia a la baja. "Ahora mismo llevamos cuatro días consecutivos con caídas en las personas ingresadas", insistió, poniendo el foco también en la evolución de las áreas restringidas en las últimas semanas. En total eran 45 y, en 29 de ellas, según Sanidad, ya ha empezado a caer la incidencia acumulada. En nueve, la cifra ya es menor a los 1.000 casos por 100.000 habitantes. El pulso que la administración regional ha mantenido durante estos días con el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba, en parte, ganar tiempo para demostrar que las cifras sonreían a las medidas puestas en marcha.

Sin embargo, la orden de Sanidad —ya publicada en el Boletín Oficial madrileño y que entró en vigor el viernes a las diez de la noche (aunque las sanciones no llegarán hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, dé su visto bueno, ya que las restricciones a la movilidad que afectan a derechos fundamentales necesitan el aval de un juez)— se lleva por delante los planes de la Puerta del Sol. Las medidas aprobadas que pretenden poner coto al covid están destinadas a los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan tres requisitos (una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una tasa de positividad que sea superior al 10% y que la ocupación de las camas de UCI en la comunidad en la que se encuentren haya alcanzado el 35%).

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Por eso, Madrid (a pesar de que su tamaño es 30 veces el de 100.000 habitantes como recordaron los consejeros madrileños) actuará a partir de ahora como una sola unidad. El Gobierno regional sigue convencido de que lo más apropiado son medidas localizadas en las zonas con mayor incidencia y llegó a sugerir que se tuvieran en cuenta los 21 distritos de la capital como pequeños municipios, ya que 18 de ellos superan los 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, apuesta por que la restricción se amplíe en toda la capital, entre otras cosas, por su continua movilidad entre distritos y barrios.

Después de distintos desencuentros a lo largo de la semana —el martes se producía un principio de acuerdo que el miércoles Ayuso dio por frustrado, como defendería después su consejero sanitario en el consejo interterritorial de Sanidad votando en contra de la propuesta— la Comunidad decidió acudir a los tribunales y presentó su recurso en la Audiencia Nacional el viernes. Eso sí, solicitó medidas cautelares y no cautelarísimas porque entendía que debía dar cumplimiento a la orden ministerial —"somos leales con las administraciones" decían en Sol— mientras que pedían amparo a la justicia por entender que la decisión del Gobierno de España no es la mejor para los madrileños.