EL CORONAVIRUS SE CEBA CON LOS INMIGRANTES

La segunda ola es la de los pobres y ninguna restricción lo va a solucionar

Si la primera ola de covid-19 fue la de los mayores, ahora afecta a los más necesitados. Se contagian más y se les rastrea peor. Los expertos urgen un plan de ayuda y prevención

Foto: Eugenia Villalba, en la zona común del piso que comparte con otras seis personas en Madrid. (David Brunat)
Eugenia Villalba, en la zona común del piso que comparte con otras seis personas en Madrid. (David Brunat)

William David Villamil tiene dos opciones para gastar su dinero. O compra comida o compra mascarillas, pero las dos no puede ser. "Paso el día fuera de casa trabajando y me muevo en metro, pero si ahora me obligas a comprar dos mascarillas al día y un bote de gel hidroalcohólico a la semana, a mí no me alcanza", reconoce este colombiano llegado en enero a España. Comparte una pequeña casa en Carabanchel junto a su esposa y otros tres hombres de distintos países. "Entre todos juntamos un euro para comprar gel y nos repartimos mascarillas si alguno las encuentra gratis. Nos preocupa mucho contagiarnos. Ninguno nos podemos permitir quedarnos aislados en casa y no trabajar. Es que ni siquiera podemos aislarnos".

Si la primera ola del coronavirus fue la de los mayores, esta es la de los pobres. Son ellos quienes están cayendo enfermos de forma masiva porque tienen todas las papeletas. Viven hacinados en pisos compartidos con otros desconocidos, familias enteras metidas en una habitación, y están obligados a salir a diario a trabajar en unas condiciones de salud y de protección muy precarias. Si surge un positivo en la casa, lo normal es que caigan varios. Por muchas restricciones que apruebe el ministerio de Sanidad o las comunidades autónomas para atajar la pandemia, el contagio entre los sectores más pobres de la sociedad es el gran problema de fondo y no tiene solución a corto plazo.

William David Villamil junto a su esposa. (D.B.)
William David Villamil junto a su esposa. (D.B.)

Los datos internos de los hospitales de referencia de Madrid confirman este agujero en la salud pública: la mayoría de los hospitalizados son personas de entre 30 y 60 años de origen inmigrante. Son los que están obligados a compartir pisos insalubres, los que trabajan en condiciones precarias, los que no pueden permitirse una buena alimentación, los que utilizan la misma mascarilla toda la semana porque con sus salarios no les da para más, los que no acuden a un centro de salud a menos que se estén muriendo, porque tienen miedo a dar positivo y que sus datos caigan en manos de la Policía, cuando muchos de ellos están en España en situación irregular. Es un callejón sin salida que explica parte del descontrol de los rebrotes en la Comunidad de Madrid.

"Es muy complicado contener el virus en los entornos más vulnerables porque se trata de un problema estructural. Protegerse exige gastos, empezando por las mascarillas, y distanciamiento social. Y estas personas no pueden cumplir esos requisitos", afirma Fernando Rodríguez Artalejo, epidemiólogo y director del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

"¿Cómo paliar el problema? Empezando por lo más sencillo y que ya se está haciendo: los cribados masivos en aquellos barrios con mayor tasa de infección, que casualmente son los de menor nivel socioeconómico", prosigue Rodríguez Artalejo. "También sabemos que el gobierno ha hecho una compra masiva de muchos millones de mascarillas, y sería bueno que priorizaran entre los barrios más desfavorecidos. Otra medida a corto plazo: aislar a estas personas en los hoteles que se están preparando para ello. Es importante sacarlos del hogar y aislarlos fuera de sus entornos familiares, sin importar si son personas en situación irregular o no. Se ha hecho en otros países como China o Nueva Zelanda. Esto no es una medida compasiva, es una medida de salud pública para que la cuarentena salga bien y no generar más cadenas de transmisión".

Un hombre se somete a un test de antígeno en Madrid. (EFE)
Un hombre se somete a un test de antígeno en Madrid. (EFE)

Pánico a la policía

El solo pensamiento de estar obligados a permanecer en casa 10 o 15 días hace temblar a los cientos de miles de personas que trabajan sin contrato en empleos precarios, sobre todo en las grandes ciudades pero también en el campo. El anuncio de que la Policía podrá acceder desde este jueves a los datos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid para controlar las cuarentenas no ayuda a generar confianza. Según datos de la comunidad, se incumplen una media de 500 cuarentenas a la semana en la región. Castilla-La Mancha y Aragón han sido las primeras autonomías en dar el paso. Según los expertos, esta medida puede generar un efecto indeseado: perder definitivamente el rastro de los contagios entre la población con menores rentas. Si ahora es difícil que acudan al centro de salud, en adelante será prácticamente imposible.

Dar a la Policía los datos de Salud Pública puede perder definitivamente el rastro de los contagios entre la población con menores rentas

Tal como apunta Rodríguez Artalejo, "ya existen problemas para rastrear a los contactos estrechos en estos entornos porque no quieren dar información y eso limita mucho el control de las cadenas de contagio. Poner a la policía a controlar solo funciona para aquellas personas con una situación estable que pueden aislarse en sus casas. Para las personas en precario es un motivo más para ocultar su situación personal".

Balbina Ramos es enfermera y presidenta de la Asociación de Enfermeros Latinoamericanos (AELA), una entidad que representa a los profesionales de la sanidad de ese origen y que también está volcada en prevenir los contagios entre la población latinoamericana, que en España suma cerca de 1,5 millones de personas. "Tienen mucho miedo a contagiarse. Dicen 'cómo salgo a trabajar si soy positivo, cómo me aíslo si no tengo dónde, de qué voy a comer'. Muchos no tienen papeles y en lugar de una barra de pan se les exige que compren mascarillas, y acaban comprando unas de tela a algún paisano suyo. Es a esa población a la que deben ir orientadas las medidas de apoyo económico y prevención. Legislar para que las ayudas lleguen a los excluidos sería una forma eficaz de contener la pandemia", apunta Ramos.

Desde 2011, AELA imparte un curso de cuidadores para formar a asistentes de personas mayores a domicilio y auxiliares de geriatría. "Casi todos los cuidadores de personas mayores son inmigrantes latinoamericanos. Ahora incidimos mucho en la protección con mascarillas y la higiene de manos y superficies. Pero es muy difícil cuando el cuidador vive hacinado en un piso compartido, por mucho que en su casa lo limpie todo con lejía. Nosotros damos clases a mujeres que vienen con el niño y con el bono de Cruz Roja para comprar carne. ¿Cómo ayudamos a estas personas? ¿Las aislamos si un conocido suyo da positivo y las dejamos en la ruina?".

Una fila de personas espera a someterse a un test de antígeno en Puente de Vallecas, Madrid. (EFE)
Una fila de personas espera a someterse a un test de antígeno en Puente de Vallecas, Madrid. (EFE)

Eugenia Villalba comparte habitación y cama con una compatriota paraguaya en el distrito de Tetuán de Madrid. En el piso viven cinco adultos y dos niños, todos en habitaciones pequeñas sin un salón común. A pesar de todo, comparten la comida como si fueran una sola familia. Eugenia lleva años cuidando a personas mayores y ahora justo empieza un nuevo un trabajo como interna en una casa con dos niños. "En la primera ola no tenía tanto miedo, pero ahora me preocupo mucho. En mi entorno hay muchos paisanos enfermando y yo tengo que tomar el metro cada día atestado de gente. Uno de los niños del piso tuvo que guardar cuarentena porque un compañero de clase dio positivo y él te venía y te daba abrazos, pero es un niño, no se lo puedes negar. No sé qué haría si me forzaran a quedarme en casa".

"Todos estos protocolos están pensados para una persona que tiene un salario, una estabilidad", suspira Villamil. "Pero en nuestro caso significa gastar el dinero que no tenemos o perder el empleo si un día no aparecemos en el trabajo. Cada mañana, en la plaza Elíptica hay un montón de inmigrantes esperando a que una furgoneta los suba y los lleve a una obra, y esas personas nunca dejarán de ir allí a las 6 de la mañana por mucho que se lo prohíbas, porque de eso depende su vida. Esas personas no van al hospital ni al centro de salud a hacerse una prueba ni muertos. Esta es la realidad que no se quiere ver, que no importa a nadie".

Pronósticos más graves

Por si la situación no fuera bastante complicada para los más humildes, un estudio encabezado por Laura Díez, doctora de la unidad de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, concluyó durante la primera ola que los pacientes de origen latinoamericano presentaban una mayor tendencia a necesitar cuidados intensivos (un 15% de los pacientes en planta en dicho hospital, pero un 26% de los ingresados en UCI), y su evolución presentaba mayores complicaciones.

Se ha especulado a nivel médico con esta incidencia, atribuyéndola a niveles particularmente altos de hemoglobina en sangre de las personas de origen sudamericano, que agravaría una infección por covid-19. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia lo desmiente: "Se trata de un asunto meramente socioeconómico, basado en la pobreza y no en los niveles de hemoglobina".

Un sanitario del Hospital Universitario La Paz, acostumbrado a tratar a enfermos de coronavirus desde marzo, lo explica: "Los inmigrantes son en su mayoría pobres y presentan una peor respuesta inmunitaria. Es habitual que se nos compliquen estos casos en planta, ahora y durante la primera ola. Probablemente el hacinamiento en pisos mal ventilados hace que se infecten con una mayor carga viral, también tienen peor alimentación y respuesta inmunológica. Son los que sufren más esta pandemia junto a la población mayor". La misma situación se repite en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde hasta un 90% de los ingresados en septiembre proceden de entornos socioeconómicos muy bajos.

"Esto solo es abordable con políticas a medio plazo para mejorar las condiciones de vida y laborales de estos sectores. Porque en una economía informal no puedes darle una baja a un trabajador y mandarlo a casa. Incluso alguien con contrato puede perder su empleo aunque esté de baja. Hay que diseñar medidas estructurales que a mí se me escapan", indica el epidemiólogo Rodríguez Artalejo. "Este es un problema de todas las grandes ciudades. En todas hay barrios de muy bajo nivel socioeconómico donde las condiciones de vida son peores. Me encantaría decir que hay que hacer esto y aquello para contener la pandemia entre los más vulnerables, pero la solución es complicadísima e imposible de resolver a corto plazo".

Entretanto, cientos de miles de personas que malviven en la economía sumergida y en empleos legales pero precarios rezan para que no les toque a ellos. "Es una preocupación constante, pero debemos vivir con ella y si nos toca aislarnos, veremos qué se puede hacer", suspira Villalba. Villamil, por su parte, atribuye a su "fe en Dios" la fuerza para aguantar otros tantos meses de pandemia, que pondrán su supervivencia a pender de un hilo.

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