La nueva crisis con el Gobierno central agrava la tensión de PP y Cs en Madrid

El enésimo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, que en esta ocasión amenaza con ser un conflicto jurídico además de institucional, ha agravado la crisis interna en el Ejecutivo madrileño. Las diferencias entre PP y Ciudadanos se han evidenciado en prácticamente todas las decisiones de calado durante la crisis del covid-19. El partido naranja no comparte la decisión anunciada por la presidenta madrileña de recurrir a los tribunales la orden del Consejo Interterritorial de Sanidad publicada en el BOE. Ni siquiera debatieron la decisión, que tomaron Isabel Díaz Ayuso y su núcleo duro. Cuando el entorno de la presidenta confirmó que será hoy cuando presenten el recurso a la Audiencia Nacional y soliciten medidas cautelares, el vicepresidente, Ignacio Aguado, se desmarcó sin titubeos: "Es una decisión de la presidenta".

Ciudadanos entiende que las críticas al Gobierno central son compartidas y asumibles hasta cierto punto pero, en ningún caso, cree que la comunidad deba enzarzarse ahora en recursos judiciales. Menos aún, reconocen, cuando la orden del ministerio incluye un acuerdo al que llegaron miembros de ambos gobiernos hace apenas tres días. Ahí empezó el primer gran conflicto de la semana en la Puerta del Sol.

La cuestión es que el papel de Aguado “es muy complicado”, según reconocen en su propio partido. Durante días ha movido ficha, sorteando al PP, y tratando de acercar posturas entre administraciones. El vicepresidente fue el primero en exigir un encuentro Moncloa-Sol (que tuvo lugar cuatro días después con aquella escena de las banderas) y en estos días, cuando los desencuentros se acumulaban, seguía apostando por más colaboración y diálogo. Los reproches sobre su papel de mediador, cuando en realidad forma parte del Gobierno, también se han hecho notar. Pero fuentes de la ejecutiva nacional naranja insisten en defender su posición, y recuerdan que lo complicado es “distanciarse del mensaje de Ayuso” mientras es leal con el Gobierno del que forma parte.

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Por eso anoche evidenció su profunda incomodidad con la presidenta de una manera más nítida. "Es una decisión de la presidenta. No creo que el mejor lugar para buscar soluciones a este drama sean los tribunales. Las sentencias pueden tardar semanas y no tenemos semanas". Ciudadanos busca el equilibrio entre hacer pública la discrepancia y, al mismo tiempo, zanjar el “debate estéril” sobre la moción de censura. El partido tiene claro que no existe tal posibilidad y que la única vía es la convivencia de los dos socios de gobierno, que en otras autonomías funcionan sin percances. El caso de Castilla y León también es llamativo. Fue la única comunidad gobernada por PP y Cs que apoyó la propuesta de Sanidad. Los populares asociaron al principio el voto afirmativo a que la Consejería de Sanidad la ocupa Verónica Casado (Ciudadanos), pero el mismo jueves por la mañana, el presidente Alfonso Fernández Mañueco fue muy claro al defender la misma postura, porque su comunidad comparte los criterios del ministerio.

El enredo jurídico

Además, el desacuerdo entre las dos administraciones se ha convertido en un auténtico enredo que los servicios jurídicos de la comunidad tratan de desentrañar contrarreloj. Disponían de 48 horas para acatar una orden de Sanidad que, por su formato, resultó menos imperativa de lo avanzado por el ministro Salvador Illa y que coloca Madrid ante una paradoja legal.

A la espera de que presenten el recurso y el juez se pronuncie sobre las medidas cauterales, conciliar la afirmación de Ayuso de que se cumplirán las medidas de manera estricta con la de recurrir ante los tribunales resulta tan complejo que ningún especialista en el área de contencioso se atreve a anticipar el posible encaje. Todo comenzó con la fórmula elegida por Sanidad: lo que publicó el BOE no fue una orden ministerial, sino una resolución en la que se reflejaba el acuerdo y que se acompañó de una orden comunicada. Al hacerlo de este modo, el Gobierno central obliga a las CCAA a publicar una disposición propia adoptando las medidas acordadas para que estas puedan tener efecto.

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Es decir, si Madrid pretende acatar las instrucciones, como dice su presidenta, debería —sobre el papel— publicar ese texto. No solo eso, también debería reclamar su ratificación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que lo acordado restringe la movilidad y afecta a derechos fundamentales. En el colmo de la contradicción, esta situación provocaría que la comunidad pidiera a la Justicia, por un lado, autorización para cumplir la orden, y la cuestionara, por otro. Que pida aval al TSJ y recurra paralelamente ante la Audiencia Nacional, la competente para revisar las decisiones del Consejo Interterritorial.

La Abogacía de Madrid trabajó todo el día en una fórmula que puede incluso complicarse más. Fuentes del Gobierno madrileño admiten que hay “debate” sobre la obligación de publicar, en la línea de lo avanzado por otras comunidades como Andalucía. Hay incluso quien asegura que si, como dicen los de Pedro Sánchez, la orden es válida, es ya ejecutiva sin necesidad de que el BOCM la refleje. Todo queda resumido en la frase más repetida: “Vaya lío han montado”.

La tensión interna: "¿Quién es desleal?"

El conflicto de los dos socios de gobierno en Madrid se explica por cómo se han desencadenado los acontecimientos. El tono entre Moncloa y Sol había descendido por fin a principios de semana. La reunión del Grupo Covid del martes (encabezada por los ministros Illa y Carolina Darias por una parte, e Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, por el lado madrileño) terminó con un principio de acuerdo. Lo anunció el líder de Ciudadanos en Madrid, que lleva días abogando por retomar el diálogo con el Gobierno y abandonar las luchas dialécticas que mantienen en cada rueda de prensa. Mensajes, muchas veces desde sus redes sociales, dirigidos en el fondo a su propio Consejo de Gobierno. A pesar de la molestia en el PP por que el vicepresidente avanzara un acuerdo con Sanidad, la propia Comunidad de Madrid hacía suyas las conclusiones acordadas en un comunicado ese martes por la noche. Todo parecía encarrilado.

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Sanidad asumió unos baremos objetivos (una exigencia de la comunidad) para aplicar restricciones de movilidad en aquellos municipios de 100.000 habitantes en los que urgiera atajar el avance del coronavirus. Establecieron tres requisitos sobre la incidencia acumulada, la positividad general en el municipio y la ocupación de camas UCI. La realidad es que solo la capital y otros nueve municipios madrileños en toda España eran los que cumplían dichos requisitos. Al día siguiente, al mismo tiempo que Aguado comparecía como portavoz del Gobierno regional, se empezaron a suceder las noticias de que finalmente la comunidad se echaba para atrás.

Sol avanzó que habría un comunicado en el que después explicaba que esos requisitos eran “insuficientes” y que hacían falta “más criterios técnicos” y seguridad jurídica. Por eso, insistían, ya no compartían la propuesta de Sanidad. En Ciudadanos, el malestar se hizo evidente desde el primer momento. Ni Aguado era consciente de que el entorno de la presidencia lanzaría ese mensaje, ni nuevamente lo compartían. “¿Quién es desleal entonces, quién dice que hace falta dialogar y lleva trabajando por eso semanas, o quién deja mal a una parte del Gobierno y no cuenta con ella para tomar las decisiones?”, se preguntaban en las filas naranjas.

La postura de Ayuso fue la defendida por el consejero de Sanidad en el Consejo Interterritorial con el desenlace conocido: votaron en contra (como el resto de comunidades autónomas del PP, sumada Cataluña) y denunciaron el miércoles por la noche que para Madrid esa orden “no tenía validez jurídica”. El partido naranja se muestra muy crítico con estas declaraciones y sigue reprochando a sus compañeros de gobierno que duden de la validez jurídica de unas normas que pactaron con ellos mismos.