Madrid acusa a Illa de robarle competencias y declarar un estado de alarma encubierto
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En su recurso a la Audiencia Nacional

Madrid acusa a Illa de robarle competencias y declarar un estado de alarma encubierto

En el texto, el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso acusa al Ejecutivo central de robarle competencias: "La Orden del Ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma"

Foto: Madrid acusa a Illa de robarle competencias y declarar un estado de alarma encubierto
Madrid acusa a Illa de robarle competencias y declarar un estado de alarma encubierto

La Comunidad de Madrid ha presentado su recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicita la suspensión cautelar de las medidas acordadas por el ministro de Sanidad y que suponen el cierre de la capital y otros municipios desde la noche de este viernes. En el texto, el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso acusa al Ejecutivo central de robarle competencias "por la vía de una Orden del Ministerio de Sanidad adoptada a través de un Acuerdo del Consejo Interterritorial" cuando este sistema carece de los requisitos legales necesarios. "Es que en realidad la Orden del Ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma", lanza.

El escrito destaca "el perjuicio que la Orden del Ministro causa a la administración autonómica". "El perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden del Ministro, mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", insiste e insinúa que la decisión excede la "finalidad sanitaria" y no es proporcional.

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"Lo cierto es que es la Comunidad de Madrid la que ostenta la competencia para adoptar las medidas sanitarias. Encontrándose ahora con la imposición de una serie de medidas que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo que afirmamos a la vista de que, a pesar de la falta de consenso –legalmente necesario conforme al artículo 73 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud- se dicta por el Ministro de Sanidad la Orden que impugnamos, con la que cual se convierte lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de invasión de la competencia autonómica, a través del cual el Ministerio se irroga una competencia de la cual carece", razona.

El recurso reclama medidas cautelares (que deben resolverse en un máximo de 10 días) pero no cautelarísimas que hubieran sido las adecuadas si Madrid hubiera optado por la 'rebeldía' y el incumplimiento. No ha sido el caso. En la línea avanzada por Ayuso, la Comunidad trata de impugnar la decisión de Illa en los tribunales pero acatará el cierre a partir de esta noche.

El daño

Madrid pone también de manifiesto el daño provocado por la restricción total de movilidad. Dice que la adopción de las medidas "supone un impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid" y ofrece datos. Especifica así que el impacto de estas nuevas medidas restrictivas alcanzarán al 71% de la población y harán que se pierdan "750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos".

"Eso provocará una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica. La merma en recaudación para 2020 en la Comunidad de Madrid se espera que sea de 1.777 millones de euros (por todas las figuras tributarias relevantes) sobre el cierre del ejercicio anterior. Por ello, la pérdida por cada semana de retraso en la reactivación económica puede cuantificarse en proporción a la misma: un 2,48%, equivalente a una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros", agrega.

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También destaca que las restricciones que ha ido adoptando en las últimas semanas persiguen la protección de la salud de los madrileños y dice que frente a ellas, las impuestas por Sanidad "no han obtenido el preceptivo consenso". Defiende su sistema que -indica- está teniendo "un efecto positivo". También critica el umbral de 100.000 habiantes elegido por el Gobierno Central frenta a las zonas sanitarias que tienen de media 23.000 habitantes.

"La actuación con medidas específicas para la población de una zona básica de salud supone una 'medida quirúrgica' que limita la movilidad y aplica medidas excepcionales en menor superficie y a un menor número de personas por cada caso", dice.

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Como último argumento destaca la falta de consenso con el que contó la declaración de Actuaciones Coordinadas. "Es un hecho incuestionable que no fue adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" dice y destaca que "la adopción válida del Acuerdo requiere el consenso, la unanimidad, de todas las Comunidades Autónomas" y esta unidad no se ha producido.

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