El Constitucional estudiará en Pleno la suspensión de la condena de Quim Torra
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El Constitucional estudiará en Pleno la suspensión de la condena de Quim Torra

La continuidad del president, en manos del tribunal de garantías, que verá su recurso el 6 de octubre

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El Constitucional estudiará en Pleno la suspensión de la condena de Quim Torra

El Tribunal Constitucional se reunirá el próximo martes 6 de octubre para tratar el recurso de amparo presentado en la mañana de este martes por Quim Torra sobre su inhabilitación por el Tribunal Supremo. El asunto ha sido avocado al Pleno por el presidente después de que el ya expresidente haya presentado un recurso de amparo ante el TC contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. En él pide como medida cautelar que se suspenda la inhabilitación para evitar un "daño irreparable".

Pese a que las previsiones en el Constitucional eran de mantener hasta el próximo 20 de octubre Plenos telemáticos, el asunto Torra ha precipitado una reunión presencial. Fuentes del tribunal apuntan a El Confidencial que el ponente será el magistrado Antonio Narváez. Recuerdan, además, que hasta el momento todos los asuntos vinculados con el 'procés' se han revisado en pleno.

El abogado de Torra, Gonzalo Boye, asegura en él que esta sería la única forma de evitar el grave daño irreparable que al propio recurrente y a terceros provocaría la ejecución de la referida sentencia". En un extenso escrito de más de 400 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, su defensa esgrime varios precedentes del TC, en particular dos decisiones de 1995 (sobre un senador del PSOE) y 2004, en las que "en supuestos análogos se avala la suspensión cautelar de los efectos de una pena de inhabilitación especial de estas características", tanto cuando se trata de una pena principal como accesoria. Incluye la pandemia como argumento y dice que en este momento "particularmente incierto" sobre la evolución en un futuro inmediato del covid-19 lo "hace si cabe más lesivo y desproporcionado el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat".

Torra considera, además, en su recurso de amparo que ha habido vulneración del derecho a la libertad de expresión, en relación con el derecho a la libertad ideológica, así como a la representación política, y vuelve a invocar que actuaba protegido por la inviolabilidad parlamentaria. Asevera que como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión: "Ni su condición de diputado, ni su condición de presidente de la Generalitat, pueden suponer en modo alguno menoscabo de ese derecho".

Para el 'president', mostrar en el balcón del Palau de la Generalitat, sede de la Presidencia de la Generalitat, una pancarta reclamando la libertad, no es una actividad administrativa, sino que responde al ejercicio del derecho a expresarse libremente. Recuerda que dicho balcón "ha sido lugar privilegiado, históricamente habilitado, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

Con el movimiento del expresident, la decisión sobre su continuidad inmediara queda en manos de los magistrados del TC. Contra la mayoría de los pronósticos que apuntaban a un cierto 'atrincheramiento' de Quim Torra en su cargo si el Tribunal Supremo avalaba su inhabilitación, los planes del expresidente son otros. Su intención es apurar lo más rápido posible la vía de recursos en España y coger un atajo para impugnar ante la Justicia europea la sentencia que le descabalgó en poco más de dos horas del puesto al que llegó casi por accidente en 2018, cuando Puigdemont le designó su sucesor.

Dos años después, Torra recibió a las cuatro y media de la tarde el auto en el que se le notificaba que la prohibición para ejercer cargos públicos tenía efectos inmediatos. En un escrito inusitadamente veloz, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cerraba todas las vías de escape y evidenciaba con su rapidez y precisión de disposiciones un temor no muy oculto a una nueva desobediencia. El TSJ ordenó entregar en mano y en su despacho al 'president' la orden que le obligaba a dejar su puesto. Informaba también al 'vicepresident', Pere Aragonès, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, de lo decidido y se recordaba que además de dejar libre el sillón del Palau, debe 30.000 euros y debe abonarlos rápido.

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