La "nueva normalidad" permite al Gobierno intervenir Madrid si ve "urgente necesidad"

"Se cubrieron las espaldas". Así explica un jurista consultado el comodín que se guardó en la manga el Gobierno central para el caso de que la gestión autonómica de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se descontrolara más allá de los límites tolerables. El Ejecutivo utilizó para ello el decreto de la nueva normalidad en el que introdujo un punto que ahora le permitiría tomar las riendas de Madrid después de que este viernes escenificara a través del ministro Salvador Illa la ruptura total con Ayuso.

Hacia el final del texto, en la disposición final segunda, el decreto se refiere a la coordinación de actuaciones en el marco de salud pública, esa llave que sirvió entonces, en un epílogo de la primera ola del covid, para ceder el mando de las decisiones a las autonomías. En el punto uno se asegura en definitiva que este concierto para acordar medidas servirá siempre que la situación se mantenga dentro de parámetros manejables. Pero agrega que el Ministerio de Sanidad podrá intervenir "en situaciones de urgente necesidad". En ese caso, añade, "se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

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En solo un párrafo el Gobierno diseñó así una suerte de 155 sanitario. El textual es el siguiente: "La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas". Una supuesta intervención en aplicación de este sistema no requeriría de aval del Congreso.

Ponerlo en práctica equivaldría, sin embargo, a volar por los aires cualquier posibilidad de volver al tono conciliatorio con el que comenzó la semana, el de la reunión de Pedro Sánchez con la presidenta madrileña. Cuatro días después se ha pasado de la escenografía de las banderas a la de las ruedas de prensa simultáneas con mensajes opuestos. Mientras en Sol el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, comunicaba las medidas adoptadas por la Comunidad y ampliaba a ocho nuevas zonas las restricciones parciales que afectaban ya a 37, en Moncloa defendían que se debe cerrar toda la ciudad de Madrid y todos los municipios con una incidencia del virus superior a 500 casos por 100.000 habitantes.

A primera hora de la tarde del viernes el gobierno autonómico esquivó el golpe con la ratificación de sus medidas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, una de las magistradas de la Sala de lo Social que revisó el plan madrileño discrepó de sus compañeros y lanzó un mensaje que comparten otros muchos y que respaldaría esa intervención central que se aseguró el Gobierno en su decreto.

La magistrada se refiera a la gravedad y rapidez de la evolución de esta crisis sanitaria e indica que resulta indiscutible la necesidad de adoptar medidas eficaces para su contención. "Lo que ocurre es que algunas de tales medidas resultan ser restrictivas de derechos fundamentales por lo que, revelándose innegablemente la necesidad de su adopción, de modo correlativo resulta imprescindible aplicar las garantías que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico provee frente a las mismas, no solo en cuanto al contenido y alcance de las propias medidas a adoptar sino también de la autoridad que las impone y del control de sus decisiones", dice. Duda, además, de la limitación territorial de la gestión con el argumento de que el calado de la crisis sanitaria es de "afectación nacional".

El estado de alarma

En el intercambio simultáneo vivido el viernes sobrevolaba inevitablemente una declaración del estado de alarma regional que, sin embargo, rechazan ambas partes. Como si este marco legal fuera una patata caliente, las administraciones se arrojan de un lado a otro su hipotética declaración. Pedro Sánchez ofreció declararlo en la rueda de prensa conjunta aunque en respuestas posteriores Ayuso lo rechazó con un rotundo "eso es la muerte". Illa quiso dejar claro que, pese a la discrepancia de criterios, este recurso no estaba ayer sobre la mesa.

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La fórmula ideada por el Ejecutivo que deposita en las autonomías tanto la declaración como la defensa conjunta de las prórrogas necesarias no agrada a Madrid. El compromiso de cooperación que se planteó a finales de julio no 'ata', sin embargo, al Ejecutivo que tiene la potestad legal de ordenar esta situación excepcional si lo considera necesario sin necesidad que nadie se lo pida. El recurso incluido en el decreto mencionado ofrece, sin embargo, una vía intermedia menos intervencionista que, como sucede con las medidas que han ido lanzando las distintas autonomías, necesitará también el aval judicial.

En la reciente norma publicada el sábado pasado —la Ley de medidas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia— se introdujo expresamente la posibilidad de reclamar autorización a los jueces de aquellas medidas de salud pública urgentes que afecten a derechos y que partan del gobierno central. Se prevén para supuestos excepcionales donde se entienda que la afección de la pandemia en un lugar concreto supera a la autonomía y requiere una intervención estatal para evitar efectos negativos fuera de ella.