una revelación clave al partido en 2018

Los fiscales filtraron a Podemos las causas secretas de BBVA e Iberdrola meses antes

Los abogados de Podemos informaron a sus compañeros del partido, tras reunirse con los fiscales del caso Villarejo, de que la Audiencia estaba investigando al banco y la eléctrica

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

El equipo jurídico de Podemos empezó a coordinarse con los fiscales del caso Villarejo en el verano de 2018. Mensajes de un chat interno revelan que los abogados del partido de Pablo Iglesias, personado en la llamada operación Tándem como acusación popular, recibieron información clave de los fiscales anticorrupción asignados al procedimiento que permitió a la formación controlar "el relato mediático" de la causa y aprovecharla para sus objetivos políticos.

Las comunicaciones internas de Podemos, a las que ha tenido acceso El Confidencial, prueban incluso que los representantes del Ministerio Público llegaron a filtrar a los letrados del partido la existencia de las piezas sobre BBVA e Iberdrola cuando aún se investigaban en secreto y ninguna otra parte conocía su existencia. "Ya están investigando al BBVA y a Iberdrola por contratar a Villarejo y tener excomisarios como directores de Seguridad", escribió en septiembre de 2018 uno de los letrados de Podemos, Alejandro Gámez. Las pesquisas contra el banco no trascendieron hasta enero de 2019 y, las relacionadas con la eléctrica, hasta noviembre del mismo año.

La connivencia entre el equipo jurídico de Podemos y los fiscales del caso llevó a la Fiscalía de Madrid a abrir diligencias el pasado julio para investigar si al menos uno de ellos, Ignacio Stampa, había incurrido en un delito de revelación de secretos. La investigación se apoya en los chats que este diario ha ido revelando en los últimos meses, en los que se habla de reuniones entre el miembro de Anticorrupción y abogados del partido como Marta Flor Núñez o el propio Gámez. En estas citas, los representantes del Ministerio Público les habrían proporcionado información de diligencias secretas, tesis que ha sido denunciada por Vox y ahora investiga la Fiscalía. Pese a ello, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, cerró filas con Stampa el pasado 10 de septiembre y afirmó en la Audiencia Nacional que "su actuación es impecable".

Aunque las diligencias siguen en marcha, este diario ha tenido acceso a nuevos mensajes en los que se apuntalan las sospechas. Los primeros se remontan a julio de 2018. En uno de ellos, Gámez subrayó la buena relación con los fiscales del caso: "Nos tratan como primera acusación popular, en todas las piezas, pero se lo recordaremos respecto de la pieza de Corinna [que salpica al Rey emérito]", escribió el día 23. A continuación, el letrado explicó a sus colegas los "temas a hablar" con los fiscales en una próxima cita: "Personación de IU. Librarnos de este juez. Calendario para después de vacaciones. Nuestro escrito y si lo podemos acelerar de alguna manera en la pieza secreta de García Castaño. Seguir manteniendo el contacto, en general. Planes que tiene para la pieza de Corinna, que no queremos que nos coma el resto del procedimiento".

La reunión se celebró el 27 de julio en el despacho de los fiscales y, según explicó Gámez en el chat, se alargó "casi dos horas". Un mes después, el 20 de septiembre, él mismo se encargó de señalar a sus compañeros las bondades de estos encuentros después de una nueva cita secreta. "Nos dan un montón de información informal, nos ha permitido tener una línea de actuación concreta, conocer mejor a los aliados y oponentes", reconoció Gámez en el chat interno que compartía con sus compañeros del servicio jurídico de la formación. "Sobre todo, tejer una relación que será beneficiosa cuando se alce el secreto de sumario, pues la Fiscalía sabe 200 veces más que nosotros, no nos necesita para nada". No conforme con estas buenas palabras, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que entonces formaba parte del equipo jurídico, respondió tajante al abogado: "Pues yo no tengo ninguna información", criticó.

Gámez volvió a la carga y enumeró los datos que les habían facilitado los fiscales: "Que ya están investigando al BBVA y a Iberdrola por contratar a Villarejo y tener excomisarios como directores de Seguridad", explicó en primer lugar. En septiembre de 2018, la relación de ambas empresas con Villarejo no había ido más allá de una serie de noticias publicadas por 'Público', pero gracias a esta reunión, ellos se enteraron de que superaba el plano mediático: Anticorrupción las tenía en el punto de mira. Según se desprende del chat, les advirtieron además de los dos hombres clave: el exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, imputado en julio de 2019, y su homólogo en Iberdrola, Antonio Asenjo, imputado en noviembre de 2019. Gracias a los fiscales, Podemos ya era consciente de su importancia en septiembre de 2018.

Más allá de esta afirmación, Gámez también hizo referencia a otra de las piezas más mediáticas del caso Villarejo: "Que han pedido el archivo de Corinna para poder investigar el fondo saudí (Con Villar Mir y OHL a la cabeza) fuera de este juzgado y presentar la querella en otro", indicó a Elizo. El comentario se sumaba a otro realizado el mismo 27 de julio, horas después de que una de las primeras reuniones con los fiscales: "Pieza del Rey. Que muy bien que el juez siga investigando esta pieza, pero a ellos no les va alterar el calendario del resto de piezas", indicó entonces a sus compañeros sobre la postura de Anticorrupción. "Además, esta pieza es también salvaguarda. Si archiva respecto de algún otro, levantan el secreto de sumario de todo y a tomar por saco", argumentó.

Aunque Podemos se alza ahora como la voz más crítica con Juan Carlos I por ocultar más de 65 millones en Suiza, el partido de Pablo Iglesias colaboró con Anticorrupción hace dos años para cerrar en tiempo récord esta primera gran investigación judicial en el marco del caso Villarejo: como adelantó El Confidencial, evitaron presentar un recurso de apelación contra el archivo y, en septiembre de 2018, el procedimiento fue finalmente cerrado, con lo que las pesquisas que salpicaban al Rey emérito dejaron de estar en manos del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. Con el magistrado ya fuera de la ecuación, Anticorrupción siguió adelante con unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca, línea de investigación que continúa abierta a día de hoy.

"Librarnos del juez"

Entre las afirmaciones lanzadas por Gámez, destaca precisamente la referencia a una estrategia para librarse del primer instructor del caso, el juez Diego De Egea, que en diciembre de 2018, cuatro meses después de que el abogado escribiera estos mensajes, renunció a seguir al frente de la investigación a raíz de sus enfrentamientos con Anticorrupción. El chat refleja que, más allá de los fiscales, Podemos también buscó sacar al magistrado del caso, para lo que no dudaron en coordinarse con ellos a la hora de controlar las informaciones que salían en los medios de comunicación: "Estaba pendiente lo de difundir las grabaciones de las declaraciones, insinuado por los propios fiscales. No corre prisa inmediata, pero no sé si dejarlo para agosto, con todo el mundo de vacaciones", llegó a escribir el abogado el 23 de julio, antes de que se celebrara la mencionada reunión.

Cuatro días después, él mismo informó a sus compañeros sobre la cita —"En términos generales, cada vez mejor ambiente"—, subrayando además la ofensiva de los fiscales contra De Egea: "Nos piden caña mediática para meter presión al juez, a Salamanca, Villarejo y García Castaño. De Egea: hay que meterle presión para que siga investigando y no se acobarde". "Están recopilando infracciones suyas para eventualmente meterle alguna queja o denuncia por prevaricación o tráfico de influencias (...). Una vía por la que tirar sería que, parece ser, la plaza que tenía asignada en la Audiencia Provincial [de Madrid] antes de venirse de refuerzo en comisión de servicio a la Audiencia Nacional fue prorrogada unos días antes de ser prorrogada la renovación en la Audiencia Nacional (es decir, ya se sabía antes que le iban a prorrogar)".

Como colofón a esta estrategia para tumbar al juez, Gámez subrayó el papel que debía jugar Podemos: "Crear relato mediático y dar caña con este asunto", dedicando recursos a "investigar a De Egea". "Necesitamos que comunicación de Podemos se involucre para tener la máxima difusión. Dadle a comunicación de Podemos todo esto mascadito y que entre en la agenda. La presión mediática es lo único que puede hacer recapacitar al juez". "También necesitamos un momentito a alguien de confianza que controle mucho de función pública (a ser posible, de la carrera judicial) para que nos confirme esto de su plaza, que estará publicado en algún diario oficial". En diciembre de 2018, los fiscales y Podemos lograron su objetivo: De Egea rechazó asumir la prórroga de la comisión de servicios y abandonó el caso Villarejo.

Investigar a Eduardo Inda

Junto a De Egea, los mensajes a los que ha tenido acceso este diario reflejan la obsesión de los abogados de Podemos con un segundo personaje: el director de 'OK Diario', Eduardo Inda. "Están sacando ya cosas de él en sus investigaciones, pero si lo presentamos ahora, el juez lo va a desestimar de plano y Fiscalía no lo apoyaría por no tener nada firme aún", escribió Gámez tras la reunión de julio. "Inda ya está entre sus objetivos directos de investigación (nos han pedido información sobre su perito por las grabaciones de Corinna, pues ya se las han pedido al propio India y si comprueban que las ha cortado él, pueden empurarle)", aseguró Gámez. "Nos piden paciencia, que están en ello (también por la cuenta que les trae). Quieren 'bailar ese baile'. Les consta que Inda anda preocupado por lo que puedan tener de él".

Para lograr su objetivo, pidió "facilitar a Fiscalía datos sobre los peritos de las grabaciones de Inda", idea en la que incidió la propia Núñez, que también acudió a la reunión de julio: "Cada vez nos dan más datos y más información... El requerimiento a Inda se ha realizado y ya ha aportado dos grabaciones que están por analizar, luego ya tiene constancia de que la Fiscalía está sobre él". "Nos han insistido en que no es el momento de presentar nuestro escrito porque aún están investigando sobre ello y que les está sirviendo de mucho". "En cuanto tengan los elementos en Tándem para poder conectarlos con nuestro escrito nos avisan y ya podrían apoyarlo desde Fiscalía para que se investigue en Tándem y no lo saque De Egea fuera por no tener conexión con el procedimiento. La impresión es que quieren pillar a Inda ellos también".

Un mes después, tras el mencionado comentario de Elizo, Gámez destacó una vez más que Anticorrupción seguía los pasos del director de 'OK Diario': "Tienen información de Inda", escribió en esta ocasión. Ese interés de Podemos por el periodista se mantuvo durante meses, como muestran los chats del 25 de febrero de 2019 que adelantó El Confidencial. En esta nueva conversación, Gámez escribió que una tal “Patricia” le había dicho que las “piezas de Dina y Podemos” ya eran “visibles” en el juzgado, en referencia a la investigación sobre el robo del móvil a Dina Bousselham en 2015. “Me pregunta si le damos permiso para dar la exclusiva”. “Nosotros no le hemos pasado nada en particular, así que... Sí me da miedo que se desvele e Inda pueda tomar alguna precaución al respecto. Aunque creo que si Patricia ya lo sabe, Inda también”.

Solo dos minutos después, Núñez respondió con una advertencia. “Como publiquen lo de Dina, nos arruinan el registro”. “¿Qué registro?”, preguntó Gámez. “El registro a 'OK Diario”, contestó la que fuera abogada personal de Iglesias. “Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado; con tiempo suficiente para destruir lo que sea”, zanjó. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a este diario que, efectivamente, la Fiscalía tenía previsto en esas fechas pedir el registro de la sede de 'OK Diario' para tratar de encontrar pruebas de una hipotética vinculación entre el robo del móvil y la posterior publicación de parte de los datos del teléfono en ese medio. Stampa y su compañero, Miguel Serrano, llegaron a formular esa propuesta verbalmente al instructor del caso, pero, semanas después, este trasladó que no lo autorizaría. Pese a ello, los mensajes muestran una vez más que la connivencia entre los fiscales y el equipo jurídico de Podemos era clara.

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