Anticorrupción implica al ICEX en la causa que ha imputado al secretario de Turismo

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que ha imputado al actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, por hechos cometidos en la Aecid en 2011 afecta también al ICEX. Anticorrupción lo cita como responsable civil por haber, presuntamente, colaborado con la Aecid para que un contrato informático acabase en manos de una empresa sin cumplir las reglas de transparencia. Según la Fiscalía, "fueron orquestadas por los entonces máximos responsables en la estructura orgánica de la Aecid y el ICEX".

El 31 de enero de 2018, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) denunció en Anticorrupción las irregularidades que había detectado la Intervención General del Estado en las cuentas entre 2010 y 2012 en ese organismo. En 2010, aprobó un "plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica [Plan Sigue], cuyo objetivo era dotar la institución de un sistema informático o ERP que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo". Para ello, optó por un sistema SAP ('system applications products in data processing').

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Rafael Méndez Beatriz Parera

Para ello, empezó a tramitar contratos menores y encomiendas de gestión de forma que, según la Fiscalía Anticorrupción, "todo el procedimiento relativo al estudio, implantación, desarrollo y mantenimiento del nuevo Sistema Integrado de Gestión Informático en la Agencia adolece de serias irregularidades". La Fiscalía enumera "desviaciones aparentemente menores" que finalmente iban a favorecer a dos empresas: Roadmap Consulting y Fiables IT Outsourcing Services de España, con la mediación del ICEX, el instituto público de comercio exterior.

La querella, de 56 páginas y a la que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "para actuar al margen y sortear los procedimientos legalmente establecidos justificando los expedientes, se fraccionó el gasto en unas ocasiones, en otras se adjudicaron prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios [por otro lado, adjudicados sin licitación] o se acudió a procedimientos que no correspondían".

La Fiscalía, que va con todo en la querella, señala que las actuaciones "fueron orquestadas por los entonces máximos responsables en la estructura orgánica de la Aecid y el ICEX, con capacidad global para planificar e impulsar los procedimientos y formas de contratación hasta llegar a las adjudicaciones previstas", y habla de una "intervención enlazada" de "los sucesivos responsables al frente de ambos organismos". Por eso, la querella va contra 15 personas, entre ellas, el actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, el actual embajador de España en México, Juan López Dóriga, la exsecretaria de Empresa con el PP Begoña Cristeto o el actual presidente de Cesce, Fernando Salazar Palma.

La querella narra una maraña de intereses entre las empresas implicadas y señala que la Aecid quería contratar sí o sí a Roadmap y a otra empresa

Según la querella, presentada el 20 de julio, cinco días después de que Valdés fuese nombrado secretario de Estado de Turismo, todo estuvo diseñado para beneficiar a Roadmap Consulting. Para ello, la Aecid cedió el diseño del contrato al ICEX. Y este organismo contrató a Roadmap. "Se fraccionó el gasto en procedimientos sin publicidad, con la intención de reducir el valor estimado conjunto de la prestación y evitar de este modo acudir a procedimientos abiertos de contratación". Y añade que las resoluciones dotadas de apariencia de legalidad escondían "un pacto con los empresarios interesados en su concesión".

La querella narra una maraña de intereses entre las empresas implicadas, de forma que una de las contratadas por el ICEX había tenido antes en su empresa a una alto cargo de la Aecid y había estado en UTE con la adjudicataria final. Simplificando, según la querella, la Aecid quería contratar sí o sí a Roadmap y a otra empresa, Sopra Group, para su sistema informático. Para eso firmó con el ICEX un contrato de dos millones de euros para que este la asesorara en la implantación de los sistemas informáticos. El ICEX, que no tenía experiencia, contrató a dos personas, una de Roadmap y otra de Sopra Group.

Eso hizo, según Anticorrupción, que Roadmap tuviese "una ventaja competitiva" respecto a la competencia: T Systems, El Corte Inglés, Consultia, Everis... Roadmap, prosigue Anticorrupción, "conocía de primera mano, al haber intervenido, directa o indirectamente [a través de uno de los contratados] en los estudios técnicos previos y en la elaboración de la documentación preparatoria, lo que se plasmó en la redacción de una oferta técnicamente superior al resto".

La querella cita la participación del hoy secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, que era subdirector general de la Aecid y actuaba como jefe de contratación. La Fiscalía lo incluye en el grupo de los que "indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidor". Anticorrupción enumera que las ofertas que competían con la de Roadmap se presentaron con un minuto de diferencia el mismo día: dos a las 13:18 y una a las 13:19 del 19 de julio de 2011, aún con el Gobierno de Zapatero.

El actual embajador en México, Juan López Dóriga, firmó una de las encomiendas de gestión al ICEX que la Fiscalía considera irregulares, por lo que también está siendo investigado. La querella relata correos electrónicos entre los investigados. Entre ellos, uno de Carlos Antonio González Álvarez a la jefa de la asesoría jurídica del ICEX: "¿Por qué son 37 días? Porque así lo ha pedido la Aecid. ¿Por qué Roadmap? Porque la Aecid necesita que sea Roadmap, ya que son los únicos que pueden dar el servicio que pide Aecid sin interrupciones".

La Secretaría de Estado de Turismo ha arropado al alto cargo, mientras que Exteriores se ha apresurado a defender al embajador en México

La Secretaría de Estado de Turismo ha arropado al alto cargo investigado. "El secretario de Estado se pone a disposición de la Justicia para colaborar en esta investigación y dará cumplida información de todo lo que se le requiera", y destaca que "en los hechos que se investigan, el secretario de Estado no tenía capacidad de decisión".

Exteriores también defendió al embajador en México. "El asunto está bajo instrucción judicial, con lo que manifestamos nuestro absoluto respeto a los procedimientos y a los tiempos, sobre los que debemos guardar la debida confidencialidad. Como no podía ser de otra manera, colaboraremos con la Justicia en todo lo que se nos requiera para el esclarecimiento de los hechos". El departamento que dirige Arancha González Laya reclamó la presunción de inocencia.