Hacienda ya trabaja con el escenario de unos Presupuestos prorrogados hasta febrero
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RETRASO EN LOS PLAZOS PREVISTOS

Hacienda ya trabaja con el escenario de unos Presupuestos prorrogados hasta febrero

La previón pasa por llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos antes de que finalizace octubre y aprobarlo una vez comenzado el próximo año

placeholder Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, este martes tras el Consejo de Ministros. (EFE)
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, este martes tras el Consejo de Ministros. (EFE)

El Gobierno asume ya como escenario más factible que tendrá que prorrogar los Presupuestos actualmente en vigor, los elaborados por el popular Cristóbal Montoro para el año 2018. Al menos durante los primeros días de 2021. La ralentización de las negociaciones, que todavía no han aterrizado en los contenidos ni han comenzado formalmente, y el propio calendario del Ejecutivo, que no prevé llevar el proyecto presupuestario al Congreso hasta después de presentar el plan de reformas estructurales en Bruselas el próximo 15 de octubre, llevan a los equipos negociadores de algunos grupos parlamentarios a calcular que no habrá nuevas cuentas hasta febrero o marzo del próximo año.

Un retraso mayor que el apuntado públicamente por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien reconocía este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su previsión es aprobar los Presupuestos "en la fecha más cercana", durante los últimos días de diciembre o a "principios de enero" de 2021. Si todo fuese bien, según las palabras de Montero, el proyecto llegaría al Congreso antes de que finalizase octubre. Se da así por descontado que tampoco se podrán cumplir los plazos marcados en la Constitución, que establece que las cuentas deben presentarse en el Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Foto: El prsidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El primer paso para arrancar las negociaciones es la elaboración conjunta del borrador entre los socios de gobierno. Este borrador todavía está en discusión y, aunque la intención es lograr cerrarlo antes de que finalice el mes de septiembre, supone un freno no solo para comenzar a recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios, sino también para poner en marcha las primeras fases de la tramitación. La primera, la correspondiente al techo de gasto y la votación de los objetivos de déficit, que, según las primeras previsiones que tenía sobre la mesa el Gobierno en el arranque del curso político, deberían haber sido ya debatidos y votados en el Congreso.

El techo de gasto se negocia de forma paralela a los Presupuestos, por lo que es preciso cerrar primero el borrador que preparan la titular de Hacienda y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para poder volver a sentarse con los grupos. Según fuentes del partido morado, se trabaja con la previsión de que el borrador del proyecto presupuestario esté listo entre finales de esta semana y principios de la próxima. Se complica así el objetivo del Ejecutivo, que sigue siendo poder aprobar los objetivos de déficit antes de que acabe el mes. A pesar de contar todavía con el borrador, según Montero, "un 80% del Presupuesto está elaborado y consensuado", y solo el 20% restante está sujeto a consideración de los grupos.

Foto: La diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con la vicepresidenta Carmen Calvo. (EFE)

Por otra parte, desde Hacienda, no se quieren realizar movimientos en falso y no se presentarán ni el techo de gasto ni el proyecto de los Presupuestos en el Congreso hasta tener amarrados los apoyos necesarios. Esto hace imprevisible el calendario. Principalmente respecto a los PGE, puesto que en lo referente al techo de gasto, se dan prácticamente por garantizados los apoyos debido al fuerte incremento de la inversión pública que reflejará por los fondos provenientes de Bruselas. Según Montero, estas cuentas públicas serán expansivas y no contemplarán "ningún tipo de recorte". En el caso de los objetivos de déficit, las negociaciones serían exprés. Antes se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar cuenta a las comunidades autónomas del techo de gasto que les servirá como referencia para preparar los presupuestos autonómicos.

A excepción de PP y Vox, los diferentes grupos parlamentarios están dispuestos a sentarse a negociar las cuentas, incluidos aquellos que rechazaron la investidura de Pedro Sánchez, como es el caso del JxCAT y Ciudadanos. Sin embargo, existen vetos cruzados y al mismo tiempo que los grupos urgen a negociar los contenidos más allá de tantear su disposición, también lanzan el mensaje de que tarde o temprano el Gobierno "tendrá que elegir".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (d), durante el último pleno del Senado. (EFE)

En este contexto, la parte socialista del Gobierno se toma su tiempo, con el fin de recabar el mayor número posible de apoyos, convencidos de que estos Presupuestos son excepcionales y marcarán el devenir de la legislatura. Se busca la transversalidad para aumentar las posibilidades de negociar a varias bandas y sostener un Gobierno en minoría, con tan solo 155 escaños, "en una legislatura larga". Un encaje de bolillos que aventura unas negociaciones largas, a varias bandas y pendulares. De hecho, si se arrancó el curso con el convencimiento de que Ciudadanos era la formación que mejor había entendido la situación, en detrimento de ERC, ahora se sitúan en un mismo plano.

Con todas las vías abiertas, las negociaciones se presuponen así más largas de lo habitual. A ello se suman el giro de JxCAT tras mostrar su disposición a negociar y la apuesta de Unidas Podemos por priorizar el bloque de la investidura, al considerarlo la única "alternativa progresista", y dejar en un plano secundario a Ciudadanos. La complejidad de esta operación en la que se intentan amarrar apoyos transversales se reflejó en el fracaso del decreto de remanentes municipales. Un aviso al Gobierno que incluso desde Unidas Podemos valoraron para que sirviese, al menos, "para tomar nota" de cara a la negociación presupuestaria y la elección de socios.

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