La ONU reprende a España por negar educación inclusiva a un niño con Down

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales a pesar de la objeción de sus padres.

El caso concierne a un chico llamado Rubén, hoy mayor de edad pero que tenía 10 años en 2009. Según la investigación del comité, hasta ese año había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y profesores en una escuela ordinaria de León, donde contaba con un asistente de educación especial. Pero aquel curso, cuando Rubén comenzaba 4º de Primaria, la situación comenzó a torcerse: se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro, el alumno comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y un informe del centro mencionó un "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down".

En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres, señala el comunicado del comité de Naciones Unidas. Los padres de Rubén recurrieron sin éxito la decisión de las autoridades educativas y denunciaron posibles abusos que no fueron investigados, por lo que elevaron el caso ante el comité de la ONU en 2017.

Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva. "No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundo y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén", considera Markus Schefer, uno de los encargados de evaluar el conflicto. Asimismo, la ONU entiende que las autoridades españolas no evaluaron los requerimientos específicos del niño y que no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria, pese a las obligaciones al respecto establecidas en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad.

"No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén"

El organismo solicita a España que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen efectivamente las denuncias de abuso. También insta a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.