El juicio por los atentados de Cataluña arranca el 10 de noviembre con tres acusados

El juicio por los atentados del 17-A en Cataluña, en los que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas, arrancará el próximo 10 de noviembre en la Audiencia Nacional con tres acusados en el banquillo: Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos en Cambrils; Mohammed Houli Chemial, herido en la explosión de la casa de Alcanar, y Said Ben Iazza, detenido en Vinaròs por facilitar material para los explosivos y ayudar en su transporte. La Fiscalía pide entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista, mientras que el resto de integrantes murió en Alcanar mientras preparaban las bombas o fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra.

"Se señala el día 10 de noviembre de 2020 para el inicio de la vista, que se desarrollará en la sala número 2 de la sede de esta Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) durante los días siguientes hasta su conclusión; librándose al efecto los despachos correspondientes, debiendo permanecer los procesados en centros penitenciarios próximos a Madrid a fin de garantizar su derecho de defensa", ordena la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se hará cargo del juicio, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial. El tribunal estará formado por los magistrados Félix Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile.

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EFE

Para Chemial, la fiscal Ana Noé solicita la pena más alta: 41 años por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas. Según defiende en su escrito de 96 páginas, "formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades 'El Fath' y 'Annour'", ambas en Ripoll, Barcelona. El imán, Abdelbaki Es Satty, falleció un día antes de los atentados en la explosión de la vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban las bombas.

En el caso de Oukabir, solicita 36 años de prisión por los mismos delitos y sostiene que estaba "plenamente asentado" en la célula terrorista, en la que se integró "a mediados de 2017" y llegó a acudir a "una reunión en un parque de Ripoll, donde les comunicaron que necesitarían su ayuda para derrumbar la Sagrada Familia". Subraya además que estaba "aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines", que pasaban por "utilizar furgonetas alquiladas cargadas de explosivo junto con bombonas de butano, para lograr una mayor onda expansiva, así como bombas de tubo rellenas de metralla, a modo de granadas, y chalecos explosivos".

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En cuanto a Ben Lazza, la fiscal solicita ocho años de cárcel por colaboración con la célula, acusación que se apoya en que prestó a uno de los terroristas fallecidos una furgoneta que era propiedad de su tío y que utilizaba en su negocio de alimentación, "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos". El escrito incide además en que prestó su documentación personal, para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos, "con la finalidad de ayudarles en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas".

Al no encontrar suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa en el resultado de los atentados, el instructor no procesó a ninguno de ellos por los 16 asesinatos, decisión que contó con el visto bueno de la Fiscalía, como se refleja en su escrito de acusación. Pese a ello, otras acusaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo o el sindicato de los Mossos d'Esquadra Uspac han solicitado reiteradamente que les declare también cooperadores en delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa, petición en la que insistirán a lo largo del juicio.