Urdangarin se compara con Jaume Matas y Diego Torres y reclama la semilibertad

Iñaki Urdangarin insiste en reclamar que se le conceda el tercer grado y ha encontrado en otros dos de los condenados por el caso Nóos el ejemplo perfecto. En un escrito en el que se opone a los argumentos de la Fiscalía para oponerse a una semilibertad que fue aprobada hace solo unos días por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, el marido de la infanta Cristina se refiere a la actual situación de su antiguo socio y del que fuera presidente balear Jaume Matas y aprecia diferencias de trato en la comparación. Indica, además, que la ONG con la que colabora tres días a la semana, el Centro Hogar Don Orione, le ha ofrecido un contrato de 900 euros mensuales. El escrito detalla el contrato laboral y especifica que trabajaría de 10 de la mañana a seis de la tarde de lunes a jueces y almorzaría en sus instalaciones para pernoctar en prisión, y pasaría los fines de semana con su familia.

Después de que el magistrado avalase su cambio de régimen, el Ministerio Público lo impugnó, congelando la progresión hasta que se resuelva el recurso. El fiscal recordaba que el acuerdo de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel de Brieva sobre su semilibertad no se adoptó por unanimidad sino por una ajustada mayoría de cuatro votos frente a tres. Y, además, no apreciaba una "evolución" suficiente. "Lo cierto es que no ha cumplido todavía la mitad de su condena", destaca el escrito, que añade que no alcanzará ese límite hasta mayo de 2021 y que no será hasta finales de 2022 cuando alcance las tres cuartas partes de la pena impuesta. Indica, además, que "reparar el daño" y devolver las cantidades que se le impusieron era obligación en su condena. "Ningún esfuerzo ha hecho en este sentido", agrega.

Todavía no ha cumplido la mitad de su sentencia. No será hasta finales de 2022 cuando alcance las tres cuartas partes de la pena impuesta

En su respuesta, la defensa de Urdangarin defiende, sin embargo, lo contrario. Asegura que han transcurrido más de dos años desde que comenzó a cumplir la condena, "tiempo suficiente para poder haber percibido personal e íntimamente el carácter retributivo de la condena como castigo a unas conductas que han sido merecedoras de reproche social". "Es plenamente consciente de los errores cometidos y de la dureza de la privación de libertad", dice. También insiste en su impecable comportamiento en prisión y pone de manifiesto que "resulta difícil que pueda reincidir" y en la reparación del daño económico que provocó.

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En opinión de su defensa, los delitos cometidos no provocan tampoco la "alarma social" que existe según la Fiscalía. Señala en este punto que los delitos por los que fue condenado "no fueron graves" ni por su monto económico, inferior a los 500.000 euros, ni por las penas individualmente separadas, todas ellas inferiores a los dos años y medio de prisión. El Supremo estableció su pena en los cinco años y 10 meses por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Nóos.

Integración familiar

Urdangarin también destaca la importancia de alcanzar una plena integración familiar, que conseguiría si se le autoriza a pasar los fines de semana "con su esposa e hijos, su madre, hermanas y hermano". "Esta integración familiar es mucho más importante y mucho más perentoria que cualquier integración social/económica" y se le niega "de manera sistemática", indica. Se refiere a su ingreso en el centro penitenciario de Brieva y defiende que su elección de esta cárcel de mujeres, donde es el único varón, responde a motivos de seguridad y le provoca un intenso aislamiento.

Urdangarin destaca la importancia de alcanzar una integración familiar. Se conseguiría si se le autoriza a pasar los fines de semana con su esposa e hijos

Pero es en la comparación con la situación de Diego Torres y Jaume Matas donde el escrito pone el acento. Asegura que la obtención del tercer grado por parte de estos dos demuestra que ante casos idénticos se adoptan decisiones distintas. La Fiscalía no se ha opuesto a la semilibertad, como sí ha hecho con Urdangarin, que aspira —dice el escrito— "a que se le conceda [el régimen] como a quien no resulta especial".