Fernández Díaz no pedirá la baja del PP y complica a Casado la gestión de la Kitchen

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado por su participación en la llamada operación Kitchen, no tiene intención de pedir su baja voluntaria como militante del PP, según ha podido saber El Confidencial.

Hacerlo supondría admitir culpabilidad y su decisión, por el momento, es defender su honorabilidad ante el juez Manuel García-Castellón cuando comparezca como investigado (o imputado) el próximo 30 de octubre. Así es a día de hoy.

Si lo hiciera, facilitaría a Pablo Casado la decisión, porque no tendría que decretar su baja como militante. La dirección del PP abrió expediente informativo al exministro nada más conocerse la imputación.

Atendiendo a la gravedad de los hechos, Casado puede anticipar la decisión y darle de baja de forma provisional por la imputación

En principio, los estatutos del PP solo permiten imponer la baja cuando se llegue al trámite de apertura de juicio oral. Ahora, atendiendo a la gravedad de los hechos, Casado puede anticipar la decisión y darle de baja de forma provisional por la imputación.

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El problema es que abre un precedente que tendría que aplicar para posibles futuros imputados, como Dolores de Cospedal o, quizá, Mariano Rajoy. Por eso, la dirección del PP esperaba que el exministro y mano derecha de Rajoy durante años lo hiciera de forma voluntaria, lo que facilitaría las cosas. Así lo hizo en su momento Rita Barberá cuando fue imputada.

El problema es que abre un precedente que tendría que aplicar para posibles futuros imputados, como Dolores de Cospedal o, quizá, Mariano Rajoy

La dirección presiona para que Jorge Fernández siga ese camino, pero el exministro, por el momento, se acoge a la opción de no ser expulsado hasta que no haya apertura de juicio oral, como ha ocurrido en otros casos y como figura en los estatutos del PP.

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Jorge Fernández Díaz ha sido citado por su participación directa en la operación parapolicial que, coordinada desde el Ministerio del Interior, tenía como objetivo tapar el caso Gürtel y hacerse con supuestas pruebas contra dirigentes del PP, empezando por Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.