Sánchez ofrecerá el lunes a Ayuso facilitar el estado de alarma si lo pide

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá a Isabel Díaz Ayuso decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid o en zonas concretas, siempre y cuando la presidenta autonómica lo pida. También le ofrecerá más apoyo del Ejército, además de los rastreadores militares que ya le ofreció, material sanitario y respaldo político y legal. La reunión entre ambos no se celebrará hasta este lunes, a las 12:00, en la sede de la presidencia autonómica, en la Puerta del Sol. El objetivo, según trasladan desde Moncloa, "es uno: doblegar la curva". Los equipos de ambos gobiernos están preparando desde su intercambio epistolar de ayer, y así prevén continuar durante todo el fin de semana, "un espacio de cooperación en la lucha contra el covid".

El Gobierno de Sánchez mantiene su decisión de no mover un dedo si el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid no lo pide expresamente. Por eso, el presidente remitió este jueves una carta a Díaz Ayuso ofreciéndole reunirse en los próximos días, remarcando que el encuentro tendría lugar en la sede de la comunidad, precisamente para que se visualice en ese gesto la capacidad de decisión de Ayuso. "A la vista de la evolución que sigue la pandemia en la comunidad que presides, considero capital reforzar los mecanismos de cogobernanza para complementar los esfuerzos y medios que ya viene desplegando tu Gobierno", exhortaba el presidente.

La contestación de Díaz Ayuso, que se produjo apenas una hora después, no cerraba la puerta a un estado de alarma al reclamar al Gobierno "seguridad jurídica". "Además de todos los servicios públicos propios destinados a este fin, ya sean sanitarios, sociales o educativos, necesitamos seguridad jurídica, actuaciones en dependencias estatales y respaldo en materia legislativa y de seguridad ciudadana, competencias de las que carecemos, para que todas las demás medidas sean efectivas", argumentaba la presidenta. Para los confinamientos selectivos que anunció el viceconsejero Antonio Zapatero, el Gobierno autonómico tendría capacidad propia para decretarlos con la autorización de un juez, según los mecanismos recogidos en la Ley General de Salud Pública.

Fuentes de la Moncloa explican que la carta remitida a la presidenta autonómica es consecuencia del hecho de que desde la comisión de seguimiento y desde Sanidad se sigue con atención y preocupación la situación de Madrid, especialmente, los porcentajes de ocupación de las UCI de los hospitales madrileños, que ya están cerca de un 80%. "Desearía tener oportunidad de estudiar conjuntamente el modo de reforzar esos esfuerzos y medios que pueda aportar el Gobierno de la nación con el fin de superar cuanto antes los momentos críticos que atraviesa la región en beneficio de sus ciudadanos", se apuntaba en la misiva.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmaba por su parte este jueves estar a la espera de conocer las nuevas medidas que pretende aplicar Madrid, subrayando que aún "hay recorrido previo" para activar el estado de alarma, una opción contemplada en el protocolo. Eso sí, concluía que "hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid".

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No había intención de dar este paso, pero los episodios de los últimos días, las cifras crecientes y presiones políticas llevaron a la Moncloa a ofrecerse para la reunión. De hecho, horas antes de enviar la carta, el propio vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, pidió ayuda al Gobierno central, sin precisar si se refería al estado de alarma. Fuentes de su partido en el Congreso no cerraron la puerta a esta interpretación referente a la petición de un estado de alarma, si bien quisieron asociarlo a la decisión de los técnicos en función de la evolución de los datos que se manejen, principalmente en lo relativo a ocupación de las UCI, que calificaron de "muy negativos".

Esta insistencia en apoyarse en la decisión de los técnicos pone de relieve las diferencias internas en el Gobierno, donde Aguado sería más partidario de tomar medidas drásticas para atajar la segunda ola del coronavirus en la comunidad, mientras que desde el entorno de la presidenta Díaz Ayuso serían más reticentes.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que, además de la descoordinación que ha sido visible estos días entre las consejerías, hay grandes discrepancias sobre cómo abordar la situación. Hay visiones partidarias de anteponer la realidad socioeconómica, por considerar que sería una tragedia para la economía de la comunidad un nuevo confinamiento, y los que creen que hay que primar la situación sociosanitaria.

Moncloa asegura que el Gobierno está dispuesto a dar respaldo al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en lo que pida y se mantiene la previsión de no actuar sin esa petición expresa. Eso incluye, obviamente, una eventual declaración de estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Esa declaración es imprescindible para poder decretar un confinamiento. La Constitución y la ley solo facultan al Gobierno central para declararlo, pudiendo referirse solo a una parte concreta del territorio.

“El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”, asegura el artículo 16 de la Constitución.

Pero Pedro Sánchez mantiene firme su decisión de aplicar el artículo 5 de esa ley que faculta a los presidentes autonómicos a pedir al Gobierno la declaración de alarma. Si la petición se produjera, Sánchez haría aprobar el decreto correspondiente, en coordinación con Díaz Ayuso, con quien pactaría los términos de la declaración de alarma. En caso de prórroga, sería el presidente del Gobierno el que tendría que comparecer en el Congreso, pero podría articularse alguna fórmula para que Ayuso acudiera a la Cámara, por ejemplo, a la Comisión Constitucional, para dar cuenta de las medidas adoptadas.

Sin esa declaración de alarma por parte del Gobierno central, el Ejecutivo de Ayuso tiene más restringida por ley la posibilidad de limitar los movimientos de los ciudadanos. Podría hacer llamamientos a restringir voluntariamente los movimientos o pedir autorización al juez para confinamientos parciales. Puede también tomar medidas, como cierres de determinados locales o actividades o limitar el número de personas que pueden reunirse. Pero tendría dificultades para limitar movimientos de personas. De ahí su petición de respaldo del Gobierno en materia de "seguridad ciudadana".

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Según fuentes de la comunidad, al inicio de la semana no había intención de pedir tal declaración ni de forzar nuevos confinamientos. Sí estudiaban como limitar movimientos entre diferentes zonas, aunque encontraron dificultades legales y materiales para hacerlo. También han chocado con discrepancias en el seno del Gobierno autonómico.

El Gobierno explica que el modelo de Sánchez es el de dejar a cada comunidad la gestión de la pandemia y ofrecer posibilidades como el estado de alarma o rastreadores militares, que ya se han ido incorporando a las autonomías que lo han solicitado. La colaboración también alcanza a la extensión de la aplicación para detectar posibles contagios, pero siempre bajo el mando de los gobiernos autonómicos.