Grandes discrepancias

La división del tribunal deja a Trapero al borde de la absolución por el 1-O

Los tres magistrados no logran alcanzar una mayoría y barajan una exoneración completa del alto mando de la policía autonómica si no logran acercar posturas

Foto: Josep Lluís Trapero, saliendo de la Audiencia. (EFE)
Josep Lluís Trapero, saliendo de la Audiencia. (EFE)
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El tribunal de la Audiencia Nacional que debe fallar sobre el papel del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 se encuentra en un tremendo atasco en sus deliberaciones. La discrepancia entre sus miembros es tal que puede conducir a una absolución del mayor. Los tres magistrados que lo integran no logran alcanzar una mayoría y, según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, si alguna de las partes encontradas no se reconcilia con la otra, el resultado final será la exoneración completa del alto mando de la policía autonómica.

Trapero fue juzgado por un tribunal integrado por los jueces Concepción Espejel, Ramón Saez Valcárcel y Francisco Javier Vieira. A lo largo de cinco meses, la Audiencia Nacional escuchó a decenas de testigos vinculados a los hechos del otoño de 2017. En el banquillo, se sentaron junto a Trapero la intendente Teresa Laplana, el que fuera director de la Policía catalana Pere Soler y el ex secretario general de la Conselleria de Interior César Puig. La Fiscalía de la Audiencia Nacional empezó el juicio solicitando rebelión para tres de los acusados, rebajó su petición a sedición con penas de 10 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig, y de cuatro para Laplana. En el tramo final, abrió la vía a una condena por desobediencia, sin pena de cárcel, para todos ellos.

Con un considerable parón provocado por la pandemia, las deliberaciones arrancaron así a las puertas del verano. Las fuentes consultadas apuntan que, aunque en un inicio dos de los magistrados de la sala se inclinaban por condenar por sedición, el análisis de las horas y horas de testificales y del resto de pruebas condujo a uno de ellos a defender la desobediencia, delito que no lleva aparejadas penas de cárcel, aunque sí de inhabilitación. El tercero en discordia no coincide con ninguna de las dos posturas. En el caso de que la discrepancia sea irresoluble, los tres magistrados solo tienen dos caminos: optar por acudir a una sala de discordia y repetir el juicio completo o absolver. Las fuentes consultadas apuntan que la última posibilidad es la barajada y que, de hecho, ya se está redactando un voto particular discrepante.

En la vista, fue analizándose lo ocurrido entre el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por los preparativos que llevó a cabo para presuntamente permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre. En su escrito original, el fiscal cargaba contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explicaba, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

Josep Lluís Trapero. (EFE)
Josep Lluís Trapero. (EFE)

El Ministerio Público subrayaba además que Carles Puigdemont "realizó profundos cambios en los mandos de los Mossos d'Esquadra así como en la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, destacando en este sentido los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo 'conseller' de Interior en julio de 2017, de Josep Lluís Trapero como nuevo mayor del cuerpo policial en abril de ese mismo año y de Pere Soler, quien pasó a estar al frente de la Dirección General de la Policía poco antes del referéndum. Asimismo, en el escrito, se recogía también la participación del secretario general de Interior, César Puig, quien ostentaba el cargo desde julio de 2015 pero no dudó en seguir las órdenes de su nuevo jefe.

La absolución

Frente al Ministerio Público, las defensas reclamaban la absolución de todos los acusados. La abogada de Trapero destinó nada menos que nueve horas para exponer al tribunal sus conclusiones. Aseguró que el antiguo responsable del cuerpo autonómico no propició ni facilitó la celebración de la votación ilegal ni formó parte de ningún plan. De hecho —dijo— trató de impedirlo, sin éxito. Según defendió, el "referéndum ilegal" fue un "fracaso" policial, pero también político, porque ni la policía autonómica, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, los tres cuerpos "llamados a impedirlo", pudieron cumplir el mandato judicial que ordenaba que no se celebrara.

Durante su turno de declaración en la vista, el propio Trapero defendió los mismos argumentos, pero empleando sus palabras. "Fui imputado por sedición por hacer mi trabajo lo mejor que pude". "Me provoca una tristeza enorme". "Que un mando de policía tenga que escuchar las cosas que dicen que he hecho y no he hecho... Lo digo desde la tristeza no, lo siguiente". "Me sentía injustamente tratado, yo y el cuerpo", aseguró.

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