TRAS EL ANUNCIO DEL VICECONSEJERO

Madrid pide a sus servicios jurídicos cómo acotar la movilidad en las zonas más azotadas

La Comunidad estudia la fórmula jurídica y si precisa aval judicial para establecer limitaciones en los movimientos. Insiste en que no habrá un confinamiento duro

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el vicepresidente, Ignacio Aguado. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el vicepresidente, Ignacio Aguado. (EFE)

La Comunidad de Madrid ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien cómo puede limitar la movilidad en las zonas con mayor incidencia de covid. Según fuentes del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, estudian si necesitan aval judicial para que los movimientos permitidos sean los esenciales: ir al médico o a trabajar, por ejemplo, y si se puede hacer sin estado de alarma. El anuncio de la consejería de Sanidad de que prepara estos confinamientos, que desconocía la mayoría del Gobierno, ha precipitado la gravedad de la situación en Madrid, que ya ha prepara la puesta en marcha del hospital en Ifema ante el aumento de casos, según ha adelantado 'El Mundo'.

"Hay que pedir disculpas por utilizar el término confinamiento", ha indicado el consejero de Justicia, Enrique López, en la tarde de este miércoles en declaraciones a la cadena Ser. "Asusta y nos hace a todos volver a pensar en la situación de marzo o abril", ha añadido. También ha recordado que la comunidad no tiene instrumentos para confinar a los ciudadanos en sus domicilios. "Si se puede establecer restricciones a la movilidad en zonas cuando lo justifique la situación", ha asegurado.

Madrid pide a sus servicios jurídicos cómo acotar la movilidad en las zonas más azotadas

La Comunidad de Madrid, que preside la popular Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos, ha mantenido durante semanas que la pandemia estaba controlada. Pese a no cumplir con la contratación anunciada de rastreadores y el colapso de la atención primaria, imperó el discurso de que la curva al menos se estabilizaba. Una vez terminado el debate del estado de la región, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, anunció que preparaban confinamientos selectivos y restricciones de movilidad que anunciarían el viernes.

La mayor parte del Gobierno desconocía ese anuncio y el portavoz, Ignacio Aguado (Cs), se negó a comparecer tras el consejo de Gobierno para dar cuenta de algo que no conocía. Fuentes del Gobierno regional explican que la Comunidad ha pedido a sus servicios jurídicos qué fórmula usar para limitar la movilidad en las zonas con mayor incidencia del virus, principalmente distritos obreros del sur, aunque también Alcobendas, en el norte de Madrid y uno de los municipios más ricos.

Fuentes el Ejecutivo insisten en que no habrá confinamientos como tales y que las restricciones de movilidad serán similares a las que han aplicado comunidades como Aragón o Cataluña, que tardaron semanas en doblegar la curva de contagios y actuaron antes de llegar al nivel que tiene Madrid. La comunidad estudia ahora cuál es la fórmula jurídica y si necesita aval judicial y hasta dónde pueden llegar sin estado de alarma. En verano, el Gobierno ya pidió, sin éxito, que en algunos distritos la gente redujese su vida social. Zapatero ha culpado a la relajación de la población.

La ley de medidas especiales de salud pública establece control judicial para casos en los que haya limitación de derechos fundamentales. La mayoría de jueces han avalado los confinamientos aunque ha habido excepciones. El Gobierno ha ofrecido una reforma legal para que sean los tribunales superiores de justicia los que vean los casos pero, pese a que en junio acordó el cambio legal con Ciudadanos, ni se ha presentado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha delegado en las comunidades la gestión total de la segunda ola y les ha ofrecido el apoyo parlamentario si reclaman un estado de alarma territorializado, algo que de momento han descartado los presidentes autonómicos. Ayuso, que en la primera ola criticaba el mando único, ha pedido después una mayor intervención de coordinación de Moncloa.

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