Cuenta atrás para Torra: el Supremo fallará antes del 1-O y cederá la presidencia

La cuenta atrás ha comenzado para Quim Torra. A escasos días de que el Tribunal Supremo examine su condena por inhabilitación, el 'president' de la Generalitat tiene decidido apartarse de su cargo en el caso de que, como es previsible, quede confirmada la prohibición de ejercer cargo público durante 15 meses que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, informan fuentes de su entorno. El alto tribunal celebra el próximo jueves la vista previa al fallo. Este llegará en un plazo de entre siete y 10 días naturales desde su celebración, a escasos días del tercer aniversario del referéndum del 1 de octubre.

El día de la vista, un tribunal de cinco magistrados escuchará los argumentos de su defensa, preparados en largas reuniones con sus abogados. Torra se desplazará hasta Madrid para seguir personalmente el desarrollo de la vista. Aunque barajó solicitar dirigirse a la sala —reclamar una especie de última palabra—, ha acabado descartándolo. Hablará, pero será desde Blanquerna al término. Sus cercanos aseguran que se muestra pesimista ante el resultado y espera una ratificación rápida de la resolución anterior.

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EFE

Sin embargo, el TS no prevé adelantar el fallo. Se reserva pronunciarse en el plazo legal establecido, lo que, descontando los días naturales, lleva la decisión hasta finales de septiembre. La ejecución de la decisión tardará dos o tres días más, ya que es el TSJ el que deberá dirigirse al Parlament para comunicar, en el caso de que los temores del 'president' se confirmen, la retirada del escaño. Sin escaño, tampoco hay presidencia.

Según las fuentes consultadas, Torra apurará ese plazo de un máximo de dos semanas, hasta que se ejecute el fallo, hasta el final. Pero llegado el momento, asumirá la inhabilitación y peleará contra ella en Europa. Gran parte de su estrategia pone la mirada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya ha podido adivinarse a la vista de los recursos presentados en las últimas semanas. Recusó a gran parte de los jueces que adoptarán la decisión y dudará de la imparcialidad del fallo y su proporcionalidad, que considera desmedida.

La desobediencia

Todo comenzó en la campaña electoral de abril de 2019. La condena que ahora se revisa le fue impuesta por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas, lazos amarillos o carteles solicitando la puesta en libertad de los presos del 'procés' de la fachada de los edificios públicos de la Generalitat. La cuestión queda ahora en manos de Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo. Los tres primeros ya integraron el tribunal que decidió sobre el 1-O.

Las posturas en la vista están ya claras. La Fiscalía se ha pronunciado en escritos y defiende la confirmación de la condena. El Ministerio Público considera que la JEC no actuó contra Torra por motivos políticos ni en el marco de una persecución política. El 'president' defendió en el juicio ante el Tribunal Superior que fue así y admitió la desobediencia, pero por tratarse de una "orden ilegal".