Sánchez intenta expulsar al PP del pleito en el que trata de anular una multa de la JEC
El presidente, que pleitea a título particular contra la Junta Electoral Central, sostiene que el PP no tiene que ser parte porque "en nada le repercute" si se anula o no la multa de 500 euros
Pedro Sánchez e Isabel Celaá no quieren al Partido Popular en el pleito que mantienen contra la Junta Electoral Central (JEC) y con el que intentan anular la sanción que les impuso por usar Moncloa con fines electorales. El presidente y la ministra, que actúan a título particular con un abogado del PSOE, han presentado un escrito en el Supremo alegando que el PP no tiene interés en la causa, pese a que fue quien inició todo con su denuncia a la JEC. En un conflicto inédito, Sánchez intenta tumbar un pilar de la Ley Electoral, su régimen sancionador, alegando que es inconstitucional. Aun así, el PSOE no incluye la reforma de la Loreg en su plan normativo.
La multa de 500 euros que la JEC impuso a Sánchez por dar una entrevista en Moncloa en periodo electoral sigue coleando en el Supremo. La multa la pagó Sánchez a título individual y recurrió a un abogado del PSOE para recurrirla ante el Supremo. El tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el régimen sancionador de la Loreg por una sanción al 'ABC' por publicar una entrevista a Arrimadas en jornada de reflexión. La defensa de Sánchez se agarró a eso para considerar que la ley es inconstitucional. Quim Torra hizo lo mismo con una multa por dejar lazos amarillos en la Generalitat.
Pero en el caso de Sánchez, había un invitado. Fue el PP el que denunció a la Junta Electoral el uso partidista de Moncloa. Así que dio inicio a toda la sanción y estaba personado como "parte recurrida" junto a la JEC. Que está defendida por los letrados de la Cortes, por lo que el presidente del Gobierno pleitea a título particular contra unos altos funcionarios. Además, la abogacía del Estado, que depende de Justicia, ha dicho que considera constitucional el régimen sancionador en el caso de 'ABC'.
La defensa de Sánchez ha presentado un escrito para intentar que la formación que dirige Pablo Casado no esté en el procedimiento. "El Partido Popular actuó en el procedimiento de reclamación electoral como mero iniciador o denunciante, ante la Junta Electoral", señala el escrito presentado el pasado 10 de septiembre. Y añade: "El Partido Popular no ha intervenido ni ha sido parte en el procedimiento sancionador, objeto de este procedimiento contencioso administrativo, por lo que esta posición, de mero iniciador de un procedimiento previo de reclamación electoral, impide apreciar la existencia un interés legítimo bastante que ciega la posibilidad de personación como parte recurrida en este recurso".
La representación del presidente del Gobierno añade que el PP no está afectado de ninguna manera por el devenir del proceso. "Ya sea la revocación de la sanción o su confirmación dentro del presente recurso contencioso administrativo, en nada repercute, directa o indirectamente, de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la esfera jurídica del Partido Popular".
Isabel Celaá, entonces portavoz del Gobierno y hoy ministra de Educación, fue sancionada con 2.200 euros por usar la rueda de prensa de los viernes en Moncloa como altavoz electoral del PSOE durante los conocidos como 'viernes sociales'. En su caso, la sanción es mayor porque había sido advertida por la JEC de que no usara la rueda de prensa para hacer llamamientos partidistas.
Curiosamente, el Supremo se pronunció en contra frente a un intento de expulsar al partido de Pablo Casado y a Vox solicitado en este caso por otro 'afectado' por decisiones de la Junta Electoral Central: Oriol Junqueras. En este caso, el líder de ERC discutió sin éxito la legitimación de ambas formaciones para personarse en su pugna con la JEC sobre la atribución del escaño de eurodiputado pese a la condena por sedición y malversación impuesta por la Sala Penal del Supremo.
Pedro Sánchez e Isabel Celaá no quieren al Partido Popular en el pleito que mantienen contra la Junta Electoral Central (JEC) y con el que intentan anular la sanción que les impuso por usar Moncloa con fines electorales. El presidente y la ministra, que actúan a título particular con un abogado del PSOE, han presentado un escrito en el Supremo alegando que el PP no tiene interés en la causa, pese a que fue quien inició todo con su denuncia a la JEC. En un conflicto inédito, Sánchez intenta tumbar un pilar de la Ley Electoral, su régimen sancionador, alegando que es inconstitucional. Aun así, el PSOE no incluye la reforma de la Loreg en su plan normativo.