Defensa prepara una nueva ley de secretos oficiales para acelerar las desclasificaciones

Más de 40 años después de su última reforma, el Gobierno prepara una nueva ley de secretos oficiales que pretende tener lista antes de final de año. El ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles pondrá punto y final a una ley de 1968, y reformada por última vez en 1978, al considerarla obsoleta. Se trata del principal proyecto de Defensa que recogerá el plan normativo anual del Gobierno, según ha podido saber este diario, y con el que se aceleraría la desclasificación de documentos. Una histórica reivindicación del PNV por la que lleva batallando varias legislaturas.

El pasado mes de junio, la formación nacionalista vasca ya consiguió que el Congreso votase a favor de tramitar un proyecto de ley para reformar la ley de 1968, con el objetivo de acelerar la desclasificación de documentos. Su objetivo pasaba por establecer un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de diez años para los documentos reservados. La documentación secreta sobre la Transición, el 23-F o los GAL saldría así a la luz. La iniciativa contó con un amplio respaldo de la Cámara baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos, aunque por motivos opuestos. Los primeros se opusieron al considerar que la reforma atacaría el sistema constitucional, mientras que los segundos dieron su abstención crítica reclamando una reforma integral en lugar de "parches", como finalmente se hará.

Entre las demandas de los nacionalistas vascos que ya respaldó el Congreso se encuentra la atribución exclusiva al Consejo de Ministros de la facultad para clasificar o desclasificar asuntos, dejando así al margen a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Por otra parte, se eliminaría el secreto de las sesiones del Congreso en las que se reciban informaciones sobre materias clasificadas.

Durante un acto público de la ministra de Defensa antes de que se convocasen las elecciones, Robles ya apostó por derogar la ley de secretos oficiales. Lo hizo precisamente durante una vista al Archivo General Militar de Ávila, reclamando que "toda la documentación" archivada en estas instalaciones antes de 1968 "pueda ser pública". La ley de 1968, aseguró entonces Robles, "podría tener razón en otro período de tiempo", pero no en un momento en el que España "es una democracia absolutamente consolidada". En esta línea mostró su compromiso con "la máxima transparencia" y facilitar el acceso a los archivos.

Otra de las prioridades del Ejecutivo de cara este nuevo curso político es la ley de memoria democrática, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. A iniciativa del ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, esta ley tiene como objetivo "consolidar una política de Estado que transmita la tradición y la cultura democrática en nuestro país, honrando a quienes lucharon por la libertad y aboliendo las manifestaciones de exaltación o justificación de la dictadura franquista". El objetivo, por tanto, de este proyecto de ley será, según sus impulsores, "garantizar el desarrollo de las recomendaciones internacionales y distintos acuerdos alcanzados en sede parlamentaria".

Memoria democrática

La resignificación del Valle de los Caídos, las medidas de reparación de las víctimas, la anulación de las condenas de los tribunales franquistas, la instauración del 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y del régimen, el impulso del conocimiento de la historia democrática española en el sistema educativo o la retirada de las medallas pensionadas a acusados de tortura como Billy el Niño -fallecido el pasado mes de mayo-, son otros de sus objetivos. La exhumación del dictador, completada el pasado octubre con el aval del Legislativo, del Ejecutivo y del Poder Judicial, tendrá por tanto su continuidad con esta ley.

El Gobierno ha ido cambiado de planes sobre la marcha respecto a esta ley. A principios de año, el PSOE registró la propuesta a través de su grupo parlamentario, sin avances durante la pandemia, para que tras la desescalada la vicepresidenta Carmen Calvo anunciase que asumía la redacción del proyecto de ley, abriendo un buzón para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hicieran llegar sus opiniones.

La consulta pública finalizó en julio y la previsión era que el Consejo de Ministros hiciera una primera lectura del texto antes del parón vacacional. Finalmente será este mes de septiembre cuando llegue al Consejo de Ministros y a partir de entonces, la iniciativa será analizada por los órganos consultivos, y cuando estos emitan su dictamen el Gobierno hará nuevas modificaciones, si las ve necesarias, y remitirá el proyecto al Congreso. Un paso que se pretende agilizar, por lo que el Gobierno podría pedir a las Cortes que examinara el texto por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, Calvo avanzó que cuando entre en vigor la nueva ley "no podrá haber fundaciones públicas ni dinero público que enaltezca el totalitarismo", cuestionada por el futuro de la Fundación Francisco Franco, abundando que habrá un "reconocimiento de las víctimas" y se hará un "esfuerzo por la dignificación".