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Una juez condena al PP a readmitir o indemnizar a una administrativa de su Grupo
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con casi 70.000 euros

Una juez condena al PP a readmitir o indemnizar a una administrativa de su Grupo

Según se da por probado, la empleada trabajó para el Grupo Parlamentario Popular y contaba con una antigüedad reconocida desde febrero de 1986

Foto: Estatua de uno de los leones del Congreso de los Diputados. (EFE)
Estatua de uno de los leones del Congreso de los Diputados. (EFE)

El Juzgado de lo Social número 4 de Madrid ha estimado la demanda de una administrativa que trabajó para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados desde 1986 y declara improcedente su despido por lo que deberá ser readmitida o indemnizada con 67.915 euros.

Fuentes de la defensa de la empleada, consultadas por Europa Press, señalan que igual recorrido ha seguido el caso de una segunda trabajadora, sobre la que también hay sentencia condenatoria para el Grupo Parlamentario Popular.

Foto: El líder del PP, Pablo Casado (d), la portavoz Cuca Gamarra (c) y el secretario general del partido, Teodoro García Egea (i). (EFE)
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En cuanto a la primera, en la sentencia se apunta que la empleada del grupo presentó la demanda en julio de 2019 interesando la nulidad o improcedencia del despido y solicitando el reingreso o que le pagaran además de la indemnización otra por vulneración de derechos fundamentales de 25.521 euros. Esta última petición no ha sido atendida por el juzgado.

Según se da por probado, la empleada trabajó para el Grupo Parlamentario Popular y contaba con una antigüedad reconocida desde febrero de 1986. Los contratos con el PP los alternaba con los de personal eventual de las Cortes Generales, ya que hacía las funciones de asistente de presidentes de comisiones del Congreso o de vocales de la Diputación Permanente.

"Cuando R.R.S. era propuesta como asistente por los presidentes de la Comisión del Congreso, una vez confirmado el nombramiento, lo comunicaba al Grupo Parlamentario Popular, pasando a ser trabajadora eventual de las Cortes", señala el escrito. Esto se articulaba mediante presentación de excedencia forzosa ante el grupo.

Cuando cesaba como personal eventual, volvía a trabajar para el grupo parlamentario hasta que de nuevo pasaba otra vez a prestar servicio en las Cortes. Y esto fue así hasta que en mayo de 2019 pidió el reingreso en el Grupo Parlamentario Popular pero no obtuvo contestación.

A pesar de esto, ella se presentó en su puesto de trabajo, pero no se le permitió la entrada porque "estaba dada de baja, estaba disuelto el Grupo Parlamentario Popular y no contaba con la autorización de ningún diputado para ello".

Excedencia forzosa o voluntaria

Dado que una de las cuestiones a debate en este caso era si la administrativa se encontraba en excedencia forzosa o voluntaria cuando dejaba su puesto para trabajar como eventual en el Congreso, la juez entra en el asunto y puntualiza que realmente era voluntaria, puesto que para que una excedencia se considere forzosa debe ser por la designación o elección para un cargo público, y no es el caso.

Por otro lado, entiende que dado que la administrativa no recibe respuesta del PP al querer recuperar su puesto, se infiere "una voluntad inequívoca de tener por extinguido el vínculo laboral (...) y por ende, se produce un despido tácito de la empleada".

Foto: Reunión del comité de dirección del PP.

Sobre si fue despido nulo, la magistrada recuerda que este se contempla si entre las causas del mismo se dan las de discriminación prohibidas en la Constitución, o si se produce la violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

La trabajadora denunció que se dio un trato discriminatorio por parte del empleador porque contrató a otros trabajadores con posterioridad a su solicitud de reingreso, pero la juez no considera que haya evidencia de actitud discriminatoria por parte de PP y desestima la petición de nulidad del despido.

El Juzgado de lo Social número 4 de Madrid ha estimado la demanda de una administrativa que trabajó para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados desde 1986 y declara improcedente su despido por lo que deberá ser readmitida o indemnizada con 67.915 euros.

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