El juez prevé imputar a Cospedal y Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estudia atender la petición, efectuada por la Fiscalía Anticorrupción, para que se cite como investigados a los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal por su intervención en el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia. La pieza del caso Villarejo, conocida como Kitchen, comienza así a subir escalones en el nivel de responsabilidad política sobre el robo de información sensible de la formación popular en poder del extesorero y da el salto a la vieja guardia del expresidente Mariano Rajoy.

La imputación del que fuera titular de Interior estaba 'cantada' después de que se citara como investigado, el pasado enero, a su 'número dos' en el Ministerio, Francisco Martínez. De hecho, han sido elementos incautados al secretario de Estado los que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a reclamar la comparecencia de su superior. Según indican fuentes del caso, Martínez cruzó mensajes con el ministro sobre el operativo irregular, desplegado al margen del aval judicial, sufragado con fondos reservados y destinado a minimizar los daños para el PP sobre los datos sobre sus finanzas que, imaginaban, estaban en poder de Bárcenas y su entorno.

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El procedimiento se encuentra por el momento bajo secreto de sumario, aunque la última de las prórrogas caduca este lunes 7 de septiembre y el levantamiento es inminente. Es así previsible que el interrogatorio se acuerde en unos días, de modo que los nuevos imputados puedan conocer los cargos que se les atribuyen. En la pieza, en la que también se investiga por delitos de allanamiento de morada, malversación, prevaricación, cohecho y robo a varios mandos de la Policía, entre ellos su antiguo director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, se ha sometido a revisión la actuación de toda una época. Supone un nuevo golpe judicial para el PP, cuya dirección actual se ha desvinculado de los antiguos cargos.

Mientras Fernández Díaz ha mantenido su escaño en el Senado hasta hace solo unos meses, Cospedal abandonó el suyo y el Comité Ejecutivo Nacional en 2018 después de que se hicieran públicas unas conversaciones mantenidas con el comisario Villarejo. En ellas se revelaba que su marido, Ignacio López del Hierro, utilizó presuntamente al expolicía para conseguir información privilegiada de investigaciones contra el PP por corrupción y evitar que, otras causas como Gürtel, Brugal o Umbra, prosperaran. La Fiscalía también ha pedido que se cite como investigado al empresario.

La relación directa de la exministra con la Kitchen deriva de sus lazos con otro de los policías imputados: el comisario Andrés Gómez Gordo. Se le investiga por ser uno de los presuntos autores del espionaje al extesorero y era uno de los hombres de confianza de la ex secretaria general del PP, que le nombró director general de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha cuando fue presidenta de la comunidad y le confió su seguridad personal. El comisario tuvo un papel esencial en la selección de la persona escogida para acercarse al entorno más íntimo de Bárcenas y sustraerle información: su chófer, Sergio Ríos. Lo captó a cambio de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO. Además, otro de los imputados, el policía Enrique García Castaño aseguró que Gómez Gordo fue el autor del denominado informe PISA contra Podemos.

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Sobre esta contratación y los encargos que fueron encomendándose a Ríos pivota la investigación completa. Por esos 2.000 euros mensuales, el chófer de la familia Bárcenas actuó como agente doble e intentó hacerse con información y documentación sensible en pleno auge de la Gürtel y de los papeles en los que el extesorero reflejaba la presunta contabilidad opaca del PP. Los papeles obtenidos nunca llegaron a manos de los magistrados que han dirigido este último procedimiento, Pablo Ruz y José de la Mata, que (este último) ha abierto una línea suplementaria tras destaparse el operativo en la reabierta 'caja B'.

El chófer admitió durante su declaración como investigado que formó parte del operativo policial y que la misión encomendada era la de averiguar el paradero del dinero que, se sospechaba, ocultaba Bárcenas. Por su parte, Villarejo declaró sobre el asunto durante dos jornadas en las que puso el ventilador en marcha y apuntó al conocimiento del asunto por parte de "responsables políticos".

El propio Ministerio del Interior ya ha reconocido la existencia de la operación Kitchen. La Dirección General de la Policía explicó en un escrito que "conoce" que en el operativo participaron funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, así como a la Comisaría General de Información". A ellos se sumaron "colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".