Colegios y CCAA se parapetan con firmas de los padres para evitar una ola de denuncias

Del "no hay riesgo cero" de Pedro Sánchez al "todos los niños se van a contagiar" de Isabel Díaz Ayuso, la primera semana de septiembre se está convirtiendo en un precalentamiento para una vuelta a las aulas de millones de niños y adolescentes que será compleja. Los distintos catálogos de medidas aprobados por las comunidades autónomas y las recomendaciones generales lanzadas por el Gobierno central no garantizan que en los colegios que abren ya sus puertas, tras meses cerrados por el covid, vaya a eliminarse por completo el riesgo. Conscientes del peligro -y de que las familias podrán exigir responsabilidades por la vía civil- muchos centros escolares y autonomías han lanzado distintos modelos en los que se trata de obtener de los padres un 'indulto' legal ante posibles contagios.

Las consecuencias de la apertura de los centros pueden acarrear una segunda ola de denuncias, que vendrían a sumarse a las generadas durante los primeros meses de la pandemia. Si en el primero de los casos el epicentro de los fallos de gestión se colocó en la atención sanitaria o en la actuación de las administraciones públicas en hospitales y residencias de ancianos, llegando a salpicar al personal médico, ahora el foco cambia y se dirige al mundo docente. En estos días las comunidades estudian solicitar a los padres autorizaciones firmadas sobre el estado de salud de los menores e incluso manejan formularios de exención de responsabilidades de los directores de los colegios, que se situarían en primera fila en caso de que una actuación deficiente acabara en los tribunales.

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Como viene sucediendo con el modo de afrontar el avance del virus, aquí también hay diferencias de una autonomía a otra. La cuestión llegó a tratarse en la reunión celebrada con el Ministerio de Educación hace unos días. Se planteó exigir a los tutores una declaración de responsabilidad pero, ante la resistencia de algunas comunidades como Andalucía, que no lo veía oportuno, la iniciativa no se aprobó como norma para todos. Desde la consejería andaluza, confirman esta postura: "No lo contemplamos; la apuesta es por asegurar que las familias tengan toda la información para que puedan llevar a cabo los protocolos previos a la llegada al centro de forma correcta", indican fuentes consultadas.

En otros lugares como Cataluña ya se manejan sin embargo formularios para el uso de los directores de centros. En ellos los padres declaran que conocen los riesgos y se comprometen a no llevar a clase a sus hijos en caso de que sufran síntomas compatibles con el covid o si han contraído la enfermedad y se encuentran en cuarentena. También aseguran que conocen y asumen el riesgo de posible contagio por contacto con otras personas.

Otro de los casos es Valencia en el que se descarga en las familias la función de tomar la temperatura a los alumnos antes de llevarles a los colegios y los padres tendrán que rellenar una declaración de "compromiso responsable", redactada por Sanidad, Salud Pública y Educación. Algo similar sucederá en Baleares que tiene ya su propio modelo de declaración de responsabilidad de cara al inicio de curso y en la que los tutores se comprometen a no llevar a sus hijos al centro educativo si tiene síntomas compatibles con el covid-19.

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En Galicia las medidas que se estudian se encuentran en un escalón inferior. Se optará por una información que los centros deben remitir a los padres en un sentido similar de la que se solicita acuse de recibo. La orden establece que el centro educativo debe informar, "explícitamente y con confirmación de recepción de la información". Se deja al criterio de los centros el reclamar esta declaración responsable utilizada en otras regiones.

Papel mojado

Jueces consultados avisan que este tipo de formularios no tienen, no obstante, ninguna validez. El debate ha saltado incluso a las redes sociales. Un magistrado anónimo aseguraba en Twitter que este tipo de iniciativas le recuerdan a esas tintorerías que pone en sus cristaleras "no somos responsables de los daños a las prendas". "Que digan lo que quieran. Firmad y ya está, no es un conjuro que libra de responsabilidad a la Administración o al cole. Será o no responsable según el caso y de acuerdo con la Ley", decía.

Y la ley es muy clara al respecto. El juez decano de Melilla Fernando Portillo, magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de la ciudad, explica que este tipo de exenciones no sirven "porque no se pueden renunciar a derechos, en este caso indemnizaciones, futuros". "En el ámbito civil, la renuncia al ejercicio de cualquier reclamación judicial o extrajudicial solo puede referirse respecto de situaciones ya acaecidas que hayan originado el derecho, pero no de las situaciones futuras o hipotéticas", concreta.

Para Portillo, si a esta circunstancia se añade que en esta caso el ámbito es público "una pretendida renuncia es totalmente ineficaz". "La Administración responderá (o no) de los daños que cause a sus ciudadanos según el caso y de acuerdo con la Ley. Esos documentos que pretenden que los padres renuncien anticipadamente a reclamar a la Administración por un posible contagio de sus hijos en el colegio, no valen nada. Papel mojado. Ello sin entrar en valorar el éxito o no de dichas reclamaciones, en su caso, pues dependerá de cada circunstancia", agrega.

Otro de los magistrados consultados precisa que ese tipo de responsabilidad "nace de la ley" y no es susceptible de transacción. Por ello, si el colegio no cumple protocolos sanitarios, si no comunica positivos a la autoridad sanitaria o si incurre en negligencia responderá de ello aunque haya obligado a la firma. "La salud pública es un bien jurídico indisponible: es de cajón", dice.