El Gobierno quitará a los jueces de base la decisión sobre el covid tras varios reveses

El Gobierno ha reaccionado con una propuesta de reforma a las distintas decisiones judiciales en las que magistrados de contencioso o de guardia en instrucción han ido tumbando distintas medidas autonómicas para tratar de controlar el avance del covid al considerar que no estaban justificadas ante la limitación de derechos que implican sin que esté declarado el estado de alarma. Propone que sean los tribunales superiores de Justicia de cada una de las autonomías, en lugar de los magistrados de base, quienes se ocupen de ratificar las disposiciones sobre la pandemia.

Según ha anunciado Justicia en una nota, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado este martes que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha propuesto una modificación normativa al resto de los grupos parlamentarios "con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas comunidades y ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia".

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La propuesta consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa con cuatro objetivos. La competencia pasará a ser de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general; se establecerá la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones que tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. También propone incorporar al Ministerio Fiscal, al que no siempre se le consulta, en este tipo de procedimientos.

Según el comunicado, la iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a comunidades y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.

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Las decisiones contrarias a lo dispuesto por las autonomías no han dejado de producirse como un goteo. La más sonada de los últimos días fue la adoptada por un juez de Madrid que discutió una decisión básica para los planes del Gobierno central en coordinación con las autonomías para controlar el avance del coronavirus sin necesidad de decretar el estado de alarma. No solo se trataba en ese caso de que el juez tumbara medidas concretas como la prohibición de fumar en la calle o la apertura de locales de ocio nocturno. Es que desarma el plan conjunto establecido de recurrir a "actuaciones coordinadas" que, según defendía Sanidad, no requieren de ratificación judicial al quedar bajo el paraguas de la Ley de Salud Pública.

El caso de Aragón

Otros muchos magistrados han tumbado iniciativas autonómicas relacionadas con el covid. En Aragón, el TSJ acabó con el toque de queda impuesto a los bares, en Mérida otro juez contencioso desarmó los argumentos contra la limitación del número de personas en reuniones, que Extremadura había fijado en 15. Los primeros en sufrir las consecuencias de la evidente falta de red legal sin aplicación de la alarma fueron los catalanes. Una de cal y otra de arena, los jueces no vieron ajustado que se cerrasen cines y gimnasios. Las discotecas no corrieron la misma suerte y se avaló el cerrojazo.

La jueza que estudió el cierre de la comarca del Segrià, incluyendo Lleida, desactivó la decisión de la Generalitat. Días después su decisión fue enmendada por otro juez. El examen de los últimos fallos judiciales evidencia un vaivén que impone desigualdades entre comunidades. Los magistrados de lo contencioso actúan sin unificación de criterio y, a falta de jurisprudencia del Supremo, solo cuentan con el suyo particular.

La propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los grupos parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.