Corinna recurre a un perito para tumbar su imputación en la Audiencia Nacional

Corinna Larsen ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional dirigido a desactivar su reciente imputación en una de las piezas del caso Villarejo, en la que se la investiga, en este caso, por contratar los servicios del comisario. Ha recurrido a los servicios de un perito informático para analizar los audios que están en el origen de la investigación. Las conclusiones del experto apuntan a que cuando estas conversaciones fueron grabadas, el policía ya estaba jubilado por lo que sus actividades no pudieron ser un cohecho en el que se prevalía de su cargo de funcionario.

Su defensa ha solicitado el análisis al experto informático Don Juan Martos Luque, quien ha emitido informe fechado el 27 de agosto en que se concluye del análisis del fichero de las grabaciones "que fueron realizadas el 7 de octubre de 2016, cuando José Manuel Villarejo ya se había jubilado". La reapertura de la pieza Carol en la que se la ha citado se basó en la aparición de dos nuevos archivos de audio que registra conversaciones entre Villarejo y Sayn-Wittgenstein, que habrían sido obtenidos mediante la grabación de un encuentro en Londres el 7 de octubre de 2016, un año y medio después del primer encuentro de mayo de 2015. Los nuevos oficios policiales daban cuenta de "la posible existencia de un encargo por parte de Larsen a Villarejo", en concreto para que obtuviera en España unos datos correspondientes a su asistente personal.

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La defensa de Corinna, que ejercer el abogado José Antonio Choclán, recurrió ya la imputación y argumentó este hecho que ahora apoya en el informe policial. Villarejo —decía— se jubiló el 22 de junio de 2016, lo que significaría que el mismo carecería de la cualidad de funcionario al momento del supuesto encargo (7 de octubre de 2016), "siendo por lo tanto la acción atípica".

"A lo anterior debemos añadir que de no ser Villarejo un funcionario público al momento de los hechos, entonces no le sería aplicable el artículo 198 Código Penal", destaca. Precisa que el experto ha examinado las grabaciones aportadas para comprobar la fecha de creación de los archivos entregados. El perito ha concluido que los mismos fueron creados el 7 de octubre de 2016 las 20:25 horas y el 7 de octubre de 2016 a las 22:36 horas.

El perito llega a esta conclusión a través del estudio de los metadatos del archivo, correspondiente a los "datos que informan sobre determinados parámetros" que "están embebidos de manera inseparable dentro del propio archivo al que se refieren". Según asegura, como ha adelantado 'El Español', "en el caso de los archivos de audio digital, los metadatos contienen información que establece el momento en el que la grabación fue efectuada".

El informe se suma a su recurso en el que discutía la decisión del instructor de reabrir la pieza Carol del caso Villarejo y cuestionaba la jurisdicción del magistrado para imputarle delitos presuntamente cometidos en el extranjero. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 adoptó esa decisión para aclarar si Larsen encargó al comisario que investigara a una asistente que podía estar filtrando información sobre su vida privada. En las grabaciones que realizaba el policía de los encuentros que mantuvo con ella en 2015, también se les escucha hablar de negocios opacos del Rey emérito, pero las pesquisas se archivaron de manera provisional en septiembre de 2018 con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Larsen, se ha citado como imputados al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

Además de Larsen, se ha citado como imputados al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga

La investigación se abrió a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Corinna Larsen y Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los actos se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

Reapertura

En su decisión de reapertura, el juez García-Castellón apuntaba a que, con posterioridad al archivo de la misma en septiembre de 2018, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales sobre el material intervenido a los investigados y la solicitud de cooperación judicial remitida por la fiscalía suiza en relación con estos hechos. En concreto, la pieza vuelve a abrirse para esclarecer la posible existencia de un encargo de Larsen a Villarejo que supuestamente pasaba por conseguir en España unos datos correspondientes a una asistenta personal, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”.

El instructor se centraba para ello en una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Larsen, en la que esta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que podía estar filtrando información sobre su vida privada. El juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si ella pagó al policía, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo. Dado que el juez y Anticorrupción han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos.

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El magistrado argumentaba en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos valiéndose de su condición de policía. En el marco de esta actuación, añade García-Castellón, “pudiera haberse producido algún tipo de encomienda por parte de Corina Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información”.