De las narcolanchas a los barcos de recreo: el agosto de los traficantes del Estrecho

Cerca de 300 narcolanchas duermen el sueño de los justos en el puerto de Algeciras. Son más del doble de las que había hace apenas nueve meses, cuando la cifra alcanzaba las 144 embarcaciones prohibidas. Amontonadas unas sobre otras, dan cuenta del potencial que tienen los narcotraficantes en la zona. "En solo un fin de semana la Guardia Civil ha interceptado tres", asegura Carmen Villanueva, representante de la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles, que considera que los vehículos apilados, además de símbolo del tráfico de drogas que circula en la zona, provocan un importante problema medioambiental y paisajístico que además supone un riesgo, ya que las embarcaciones están hacinadas sin orden alguno y en cualquier momento podrían causar un estropicio.

Villanueva cifra en concreto en 280 el número de narcolanchas. Desde la Dirección General de la Guardia Civil no dan ninguna cifra. La portavoz de AUGC no sabe determinar el número exacto de embarcaciones intervenidas el pasado verano, porque la mayor parte de los procedimientos judiciales por narcotráfico iniciados estos últimos meses permanecen aún bajo secreto de sumario. Sin embargo, sí asegura que "la cantidad de narcolanchas interceptadas ha aumentado de manera exponencial".

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El próximo 26 de octubre se cumplirán dos años desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el real decreto que declaró ilegales las narcolanchas, barcas pequeñas en tamaño pero con potentes motores que permiten a sus ocupantes cruzar el estrecho de Gibraltar a toda velocidad cargados de sustancias prohibidas y eludir así a las autoridades policiales con el fin de introducir la droga en España y, a través de este país, en el resto de Europa. El problema del narcotráfico en el Estrecho es hoy por hoy de tal magnitud que el Gobierno optó por cortar por lo sano y declarar prohibidas las embarcaciones, que no se pueden utilizar en la zona para ningún fin. Desde entonces, la Guardia Civil las intercepta, denuncia a quienes viajan en ellas, las aparta del mercado y las almacena en los depósitos del puerto.

Evita de este modo que las narcolanchas regresaran de nuevo a las bandas organizadas, ya que antes del citado decreto, las autoridades las aprehendían, las ponían a disposición judicial y las embarcaciones finalmente salían a subasta, donde eran adquiridas por sus antiguos dueños. El sistema conformaba de este modo un círculo vicioso al que la estructura legal no podía poner freno. Ahora, tras la prohibición, el problema es la acumulación de narcolanchas en el puerto, ya que destruirlas se torna extremadamente lento. El Ministerio del Interior puso en marcha un método para acabar con ellas, pero de momento han sido muy pocas las que han llegado a ser pulverizadas.

La prueba es que el número total de embarcaciones amontonadas se ha duplicado en menos de un año. La ausencia de depósito judicial en el Campo de Gibraltar, además, obliga a que sea la Guardia Civil la que se haga cargo en la práctica del almacenamiento, que no cumple ningún tipo de normativa y que, como señala la representante de AUGC, supone un auténtico riesgo para la salud de los funcionarios. El Gobierno, hace un año, a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del grupo EH Bildu en el Congreso de los Diputados, afirmó que la destrucción de este material es "prioritaria" para evitar su vuelta al mercado negro. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, ya que hacer desaparecer cada embarcación requiere de la debida orden judicial y, en estos momentos, los juzgados de la zona se encuentran colapsados por asuntos vinculados al narcotráfico.

Las narcolanchas, en concreto, se vienen almacenando en dependencias de la Guardia Civil situadas en el puerto de Algeciras, en zonas que no están habilitadas para esta función, con todas las consecuencias que esto conlleva. Villanueva de hecho destaca que estos vehículos marítimos tienen combustible, que además de ser inflamable puede resultar contaminante. Existe el riesgo, además, de que las embarcaciones sean robadas por delincuentes. De momento, según indicó el Ejecutivo en la mencionada respuesta parlamentaria, "no se ha producido ninguna sustracción", lo que no evita lo que pueda suceder en el futuro. La competencia de custodiar este material, en principio, es de los depósitos judiciales, función que vendría a depender de las comunidades autónomas, como el propio Gobierno justificó en el citado escrito parlamentario.

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La Junta de Andalucía, sin embargo, no dispone en estos momentos de depósito judicial alguno con capacidad para albergar con garantías los casi tres centenares de narcolanchas que están depositadas en dependencias policiales. Además, sigue sin haber empresas que se presenten a los concursos públicos que saca el Gobierno andaluz para hacerse cargo de esta tarea, ya que no parece ser un negocio rentable. Las dos últimas licitaciones, de hecho, quedaron desiertas. El Confidencial contó incluso que la última sociedad que tenía asignada la licitación aún reclama a la administración regional deudas que superan los seis millones de euros. El pasado enero, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín, anunció que su departamento volvería a sacar el concurso para el depósito de narcolanchas y vehículos intervenidos judicialmente en el Campo de Gibraltar. "El problema por el que llevan tanto tiempo sin resolver el asunto es porque son diferentes administraciones las involucradas", analiza Villanueva.

Los delincuentes son rápidos en el Estrecho no solo para cruzar el mar cargados de droga, sino también para reinventarse. Tras la ilegalización de las narcolanchas, informan fuentes de la lucha contra el narco, las bandas organizadas ni siquiera se acercan a la costa para repostar. Sus compañeros les llevan el combustible a alta mar para 'alimentar' ahí sus depósitos y evitar exponerse a la vigilancia de la Guardia Civil. Además, ya están empezando a seguir otras estrategias. Como las narcolanchas están prohibidas, utilizan barcas de recreo, explica Villanueva. Son probablemente menos potentes y menos rápidas, pero permiten a sus narcopasajeros pasar desapercibidos ante la autoridad policial.