El PP se abre a pactar con el Gobierno solo la renovación del Constitucional

Pedro Sánchez y Pablo Casado se verán el próximo miércoles después de seis meses sin contactos, y en la agenda de esta jornada —que abrirá el tono de sus relaciones para el curso político que ahora arranca— figura como uno de los principales puntos el "reforzamiento institucional" y la renovación de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE. La cita se produce después de que el líder del PP dejara claro que no prevé pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial que considera, de momento, imposible. No obstante, los populares están abiertos a impulsar el cambio en el tribunal de garantías, informan a El Confidencial fuentes jurídicas y del partido.

El TC, que cuenta en este momento con mayoría conservadora, lleva más de un año y medio pendiente del nombramiento de los cuatro magistrados que elige el Congreso. En la casilla de salida se encuentran su presidente, Juan José González Rivas, y su vicepresidenta, Encarnación Roca. La renovación requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja que obliga, pese a las resistencias, a un diálogo de las dos formaciones mayoritarias. Un total de 210 diputados tendrán que dar su aprobación a los candidatos propuestos.

La congelación de las incipientes conversaciones que ya existían y que pareció anticipar Casado tras la salida de su cargo de Cayetana Álvarez de Toledo no era buena noticia para el PSOE. Desde el inicio de la legislatura han sido múltiples los llamamientos desde las filas del Ejecutivo para emprender ya los cambios pendiente y la urgencia se ha acrecentado tras lo sucedido con otro de los jueces integrados en el cupo de 'renovables', Fernando Valdés. Sobre el miembro del Constitucional, designado a propuesta del PSOE, pende una imputación por un delito de violencia de género después de que fuera arrestado por la denuncia de un testigo que escuchó a su esposa pedir ayuda desde un balcón.

Si el procedimiento contra Valdés, que ya instruye el Tribunal Supremo, se resuelve en contra del magistrado y pese a la defensa de su presunción de inocencia que ha realizado el TC tras conocerse lo sucedido, se da por supuesto su cese. El lado progresista, actualmente ya en minoría, ganaría en ese escenario una vacante y perdería un voto.

El Constitucional está integrado por 12 miembros que han de ser renovados por terceras partes (cuatro magistrados) cada tres años. Es el artículo 159.3 de la Constitución quien dispone que sus miembros sean designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Desde el partido de Casado, se reconoce que hay posibilidades de impulsar esa renovación concreta en cumplimiento de la ley.

Uno de los principales damnificados en caso de que se pase del terreno de las intenciones al de los hechos sería el actual presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La iniciativa supondría romper la idea inicial de abordar el cambio en el TC y en el CGPJ como un todo. Si cristaliza el proyecto, la renovación del TC se produciría pero la del CGPJ permanecería paralizada. Su nombre ha aparecido hasta ahora en todas las quinielas. Las fuentes consultadas apuntan a que PP y PSOE cimentarían el acuerdo repartiéndose al 50% los cuatro puestos a renovar. Así, los populares propondrían dos candidatos y los socialistas, otros dos. El actual equilibrio de fuerzas continuaría como hasta el momento.

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La disposición del PP en el caso del TC no se alarga, sin embargo, al Consejo General del Poder Judicial. Las fuentes consultadas se muestran rotundas en su negativa a alcanzar un pacto allí. Lo mismo sucede con otro de los organismos pendientes de renovación, RTVE. No se esperan avances en ninguna de estas dos renovaciones hasta dentro de varios meses. La incertidumbre generada por el repunte de la pandemia y el complicado panorama político —que incluye una moción de censura a propuesta de Vox, una negociación para los Presupuestos y unas inevitables elecciones en Cataluña— sumará mayores dilaciones.

Tras conocer la cita del próximo miércoles, el PP apeló al sentido de Estado. "El PP es un partido responsable y comprometido con el futuro de los españoles, que ejerce una oposición constructiva y leal, y así se ha demostrado, proponiendo al Ejecutivo un plan B alternativo en el ámbito jurídico, económico, social y también educativo", indicaron desde Génova. El presidente del Gobierno no ocultó en la rueda de prensa de este martes que la cuestión es una de sus prioridades. "Pido máxima generosidad y responsabilidad" para renovar instituciones y que sean más "fuertes y robustas", dijo.