URGE un PLAN ALTERNATIVO AL ESTADO DE ALARMA

El PP rechaza el plan de Sánchez para sus CCAA e insiste en aplicar las leyes ordinarias

El PP ve "inviable" el ofrecimiento de Sánchez a las autonomías e insiste en poner en marcha una alternativa al estado de alarma: el mando único puede operar con la legislación ordinaria

Foto: El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso, este martes. (Tarek: PP)
El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso, este martes. (Tarek: PP)
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“Es no asumir el liderazgo y la coordinación propia del Gobierno central. No plantea una sola alternativa al estado de alarma”. El PP recibió con cierta estupefacción el anuncio que Pedro Sánchez lanzó al terminar el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, dejando en manos de las autonomías la opción de declarar un estado de alarma en sus territorios, controlado por los presidentes regionales. Pablo Casado reaccionó casi de inmediato acusando al jefe del Ejecutivo de “lavarse las manos” en lo que vio como una “absoluta dejación de funciones”.

Fuentes del PP reconocen que el ofrecimiento de Sánchez para que sean las comunidades las que pidan al Congreso un estado de alarma si consideran que es la única vía para atajar la nueva oleada de la pandemia resulta del todo “inviable”. Insisten en que “no tiene sentido”, y asumen que el único objetivo que puede haber detrás de esta jugada es “el desgaste político” de los líderes autonómicos.

Si esa era ya la impresión en las pasadas semanas, cuando las cifras no dejaban de crecer en mitad del silencio del Gobierno, la decisión de Moncloa terminó por confirmarlo: “Hemos pedido muchas veces herramientas jurídicas alternativas, que hubiera una estrategia nacional para los rebrotes, y seguimos sin una sola respuesta. Ahora hace este anuncio”, aseguran con cierta molestia algunos gobiernos regionales liderados por los populares.

El PP descarta, al menos por ahora, ese plan e insiste en que el confinamiento total no puede ser la solución para ninguna comunidad autónoma. Fuentes de Génova defienden que el ofrecimiento de Sánchez es similar a pedir a un territorio que se estampe “contra las rocas” y se muestran convencidas de que el cierre económico completo, otro confinamiento como el iniciado en marzo, sería insuperable para la economía. De ahí que los populares insistan una y otra vez en el plan B jurídico presentado hace meses y registrado hace algunas semanas en el Congreso. La tramitación por la vía de urgencia permitiría su aprobación en apenas 15 días.

Es lo que Casado volvió a calificar como “punto intermedio” entre “lavarse las manos y recurrir a un estado de alarma”. El PP reprocha a Sánchez buscar “la excepcionalidad constitucional” (de la que han huido la mayor parte de países europeos, también por las propias recomendaciones de las instituciones comunitarias para evitar el cierre de la economía), cuando “hay legislación básica sin aplicar y que sirve para establecer el mando único”. La misma legislación que ya se utilizó con el MERS y el ébola.

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra (d), conversa con Casado (c). (EFE)
La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra (d), conversa con Casado (c). (EFE)

En concreto, la ley de 1986 de salud pública, que también cubre la limitación de movilidad bajo la garantía de los tribunales. El líder del PP, de hecho, defiende que hay tres leyes en total —esa, la de protección civil y la de seguridad nacional— que permiten límites en la movilidad de la sociedad. El Gobierno de Sánchez siempre defendió que tan solo el estado de alarma permitía restringir los movimientos. Aun así, los populares hicieron otra propuesta, “por si el Gobierno no lo considera suficiente”, según recordó ayer Casado en el Congreso, para modificar la ley orgánica de 1986 y adaptar todavía más las limitaciones con el objetivo de controlar la expansión de la pandemia.

Además de esa modificación, que se podría tramitar por la vía de urgencia, el PP propuso también una modificación de la ley de lo contencioso-administrativo para evitar los conflictos que se están produciendo en la actualidad entre decisiones de gobiernos autonómicos y la Justicia. La propuesta, como publicó este diario, pasa por que “sean los tribunales superiores de las comunidades los que atiendan a las resoluciones de las autonomías, y el Tribunal Supremo el que atienda a las de la nación”, evitando así que un juez decida anular o no convalidar las normas dictadas por un Ejecutivo regional.

Entre otras cuestiones, lo que el PP propone es que las administraciones tengan capacidad, por ejemplo, para “controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada, y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona”, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, igual que el derecho de reunión, condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas implicadas.

Lo que el PP defiende como un “sinsentido” es que en plena situación de emergencia sanitaria sea necesario pasar por el Congreso con una votación para cada comunidad autónoma. Consideran que el mando único debe operar con la legislación ordinaria y advierte de que si el Ejecutivo “quiere hacerlo, está a tiempo”, porque las propuestas legislativas están registradas en la Cámara.

Casado también reprochó con dureza la afirmación del presidente del Gobierno sobre que “no se pueden limitar las libertades fundamentales sin el estado de alarma”, recordando que lo que dice el artículo constitucional es que se deben limitar por ley. “Y lo que decimos es que ya existe esa ley para controlar la expansión de la pandemia. Lo que hay que hacer es aplicarla”, zanjó el líder de los populares, apuntando a que sin la alarma en vigor, el Ejecutivo ya dictó en marzo medidas restrictivas que afectaban a las libertades, como limitar los vuelos a Italia, prohibir reuniones o cerrar colegios.

Las CCAA: "Asumimos nuestras competencias"

Andalucía, Castilla y León, Murcia… La mayor parte de comunidades gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos no dudaron en defender su posición a lo largo de la tarde de ayer tras el anuncio de Sánchez. Todas coinciden en que el Gobierno se echa a un lado y no asume la tarea de coordinación que le corresponde. El presidente andaluz, Juanma Moreno, reprochó al Ejecutivo “pasar del todo a la nada”, y exigió que “asuma el liderazgo que le corresponde” y su responsabilidad a la hora de coordinar al resto de administraciones. El dirigente contestó al ofrecimiento del presidente asegurando que Andalucía “ya trabaja y asume sus competencias”.

La misma postura defendía el presidente murciano, Fernando López Miras, al asegurar que las comunidades “ya asumimos nuestras competencias”, pidiendo al Ejecutivo central “que asuma las suyas”, por ejemplo, dijo, “haciendo PCR a aquellas personas que entran en España igual que hacen los países de nuestro entorno”. López Miras defendió que España “no puede permitirse 17 estrategias distintas para frenar una pandemia” e instó a Sánchez a “garantizar unidad de acción”.

También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, advirtió al presidente que “la solución no pasa por ofrecer el estado de alarma a las CCAA para su territorio”, acusándole de “echarse de nuevo a un lado”, y dejando claro que esa figura constitucional existe desde hace 40 años. “Llevamos meses pidiendo una herramienta para no tener que recurrir al estado de alarma”, repitió. En esa línea se manifestó asimismo su vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), asegurando que “no abandonaremos nuestras responsabilidades ni a nuestra ciudadanía”, asegurando que “tomarán las decisiones necesarias como hemos hecho esta el momento” y lanzando un recado a Sánchez: “Nosotros no abandonaremos el barco”.

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