Los presidentes del PP alzan la voz contra Sánchez y exigen una alternativa jurídica

La respuesta del presidente de la Xunta al ofrecimiento de Pedro Sánchez para hacer uso del estado de alarma en los territorios que así lo consideren llegó este miércoles y, en línea con el resto de barones populares, lo hizo en forma de fuertes reproches. Alberto Núñez Feijóo lamentó sin ambages “haber vuelto a la casilla de salida cinco meses después”, con una sola conclusión: “No se lo explica nadie”. “Que renunciemos a tener una legislación sanitaria para una crisis sanitaria tampoco no se lo explica nadie, y que tengamos 17 recetas para la gestión de una profunda crisis sanitaria de la Nación creo que tampoco se lo explica la mayor parte de ciudadanos”, zanjó el dirigente gallego.

Aunque algunos presidentes autonómicos ya se pronunciaron ayer en las redes sociales, la mayor parte de ellos comparecieron a lo largo de este miércoles. Y todos coinciden, como expresó Feijóo, en que el objetivo debe ser “dar instrumentos para poder ejercer las responsabilidades” sin que cada autonomía actúe por su cuenta: “Que pueda haber 17 respuestas distintas en la misma Nación una crisis sanitaria no tiene precedentes”.

Como viene defendiendo el PP desde hace tiempo, los barones territoriales insisten en que la legislación ordinaria bastaría para encontrar un punto intermedio entre el estado de alarma y el momento actual, que en muchas ocasiones impide actuar con rapidez. De hecho, Feijóo anunció que la Xunta está ultimando un texto de modificación de la ley orgánica de salud de 1986, “Una alternativa como aportación leal” que remitirá al Ejecutivo en los primeros días de septiembre, cuando esté terminado. El presidente gallego aseguró que se trata de una “propuesta constructiva” que también llegará al Parlamento de Galicia.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lanzó una idea similar también hoy cuando compareció asegurando que su Gobierno lleva meses demandando a Moncloa “una herramienta jurídica intermedia” que permita “tomar decisiones” de manera eficaz. “El estado de alarma es una legislación excepcional. Y pensamos que una modificación de la legislación ordinaria bastaría. Eso es lo que pedimos, y eso no quiere decir que no nos temblará el pulso a la hora de reclamar, pedir, o tomar otras decisiones” apuntó, sin descartar nada, pero reiterando que el ofrecimiento de Sánchez no es válido.

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El presidente del PP recordó ayer mismo en el Congreso el plan B jurídico de su formación, la modificación que también presentará Feijóo, y que serviría para adaptar las limitaciones de movimiento en la ley de salud pública para controlar la expansión del virus y sin recurrir a la alarma. Una modificación que se podría tramitar por la vía de urgencia, lo que implicaría que en apenas un mes entraría en vigor. El Gobierno, sin embargo, no responde a esta alternativa y solo contempla, al menos por ahora, que las CCAA pidan, si así lo consideran, la aplicación de la alarma en sus territorios.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también se mostró muy crítico esta mañana cuando dejó claro que a su juicio “la solución no pasa por que Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana pidan una alarma”. El presidente regional insistió en que “una pandemia y un virus con incidencia mundial necesita medidas excepcionales y coordinación en el país”.

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Reiteró que no tiene sentido pensar que cada comunidad debe hacer la lucha por su cuenta y puso como ejemplo el último encuentro entre el ministro de Sanidad y los diferentes consejeros del ramo hace dos semanas, cuando se acordó la prohibición de fumar en terrazas, logrando un consenso total. “Lo aprobamos todas de forma inmediata y salimos coordinadas de la reunión. Lo mismo debería ser para esto, igual que la vuelta al colegio”, se quejó López Miras.

Aunque los dirigentes populares sí insisten en la modificación de la legislación ordinaria, algunos presidentes autonómicos del PSOE también se han mostrado contrarios al ofrecimiento de Sánchez. Es el caso del aragonés, Javier Lambán, que reconoció la propuesta de Moncloa como “la solución fácil” que, sin embargo, sería muy perjudicial para el empleo. El presidente de Aragón descartó también echar mano de la alarma propuesta para las autonomías porque entiende que “asfixiaría la economía”, pidiendo, como los populares, “cobertura legal para aplicar medidas proporcionadas y razonables sin estar al albur de las decisiones judiciales”, después de ver cómo los jueces de lo contencioso —atendiendo a muy diferentes criterios— han ido tumbando decisiones de las administraciones autonómicas.

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Precisamente, las "medidas de cogobernanza para doblegar al virus" será uno de los asuntos que Pedro Sánchez aborde la próxima semana con los líderes políticos, a los que volverá a citar después de meses en la Moncloa. La ronda la abrirá con Casado el miércoles, 2 de septiembre, a las diez de la mañana. También está confirmada la cita con Inés Arrimadas ese mismo día a las cinco de la tarde.

Según fuentes de Moncloa, los ejes principales de estos contactos de la Moncloa serán también "despolitización de la lucha contra la pandemia", así como la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. También se tratará el "reforzamiento institucional" y la renovación de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE.

Por su parte, el PP aseguró que es "un partido responsable, con sentido de estado y comprometido con el futuro de los españoles", que ejerce "una oposición constructiva y leal" y, por eso, acudirá a la reunión para insistir en su plan B alternativo en el ámbito jurídico, económico, social y también educativo.