El PSOE salva a Iglesias de comparecer en el Congreso por la financiación de Podemos

Pablo Iglesias no tendrá que comparecer en el pleno del Congreso por el caso sobre la financiación de Podemos. La petición de PP y Ciudadanos para que el vicepresidente segundo del Gobierno diera explicaciones en sede parlamentaria no salió adelante gracias al voto contrario del PSOE. Era el plato fuerte de la Diputación Permanente del Congreso, que se reunió este martes para debatir distintas peticiones de comparecencia de miembros del Ejecutivo en periodo inhábil. Y no hubo sorpresas.

El PSOE ya había anunciado que no respaldaría la petición. Y el diputado Felipe Sicilia defendió esa posición, asegurando que “corresponde solo a la Justicia aclarar una denuncia sobre presunta financiación irregular”. E insistió: “Es solo una denuncia de un extrabajador. No se trata de una investigación policial ni judicial que lleve a cabo la Fiscalía. Tendrá que ser la Justicia la que decida porque no es la primera denuncia que recibe ese partido, ni la primera que termina siendo archivada”.

Los socialistas cerraron filas con su socio de Gobierno, poniendo en valor que Unidas Podemos “ha manifestado su voluntad de colaborar con la Justicia” dijo, “todo lo contrario a romper el disco duro donde están las finanzas de un partido”, en referencia al PP, al que no dejó de citar para recordar que “es sin duda el partido que más sabe de financiación irregular”. Y todo el debate transcurrió justo cuando se conocía una nueva discrepancia en el seno del Gobierno a cuenta de la vuelta a las aulas. Iglesias había reprochado a la ministra Celaá "falta de liderazgo".

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Cuca Gamarra debutó como portavoz parlamentaria del PP defendiendo la solicitud y Pablo Casado decidió acudir al debate para, por un lado, respaldar a su nueva número dos en el Congreso y, por el otro, reafirmar la propuesta de que Iglesias debe comparecer y crearse una comisión de investigación a tal efecto. También Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, el otro partido solicitante, exigió de manera inmediata conocer las razones de las imputaciones de distintos dirigentes del partido morado. Pero la realidad es que además del PSOE, casi la totalidad de grupos tumbaron la solicitud. Solo Vox la respaldará con un voto favorable cuando los debates terminen este mediodía.

Tanto ERC, como el Grupo Plural y EH Bildu defendieron que “no caerían en el juego de la derecha”, aunque Joan Baldoví ofreció “respaldar la petición si el PP se unía a la suya para investigar al rey emérito”. También JxCAT de la mano de Laura Borràs cargó contra la petición de PP y Ciudadanos, criticando especialmente a los naranjas “y su doble juego, pactando con el Gobierno y uniéndose luego a la derecha para derrocar a ese mismo Gobierno”.

La representante del partido de Puigdemont en Madrid también cargó en varias ocasiones contra la monarquía, reprochando “que en el Congreso se niega la investigación de la que puede ser la peor corrupción de España, la de la Corona”. El portavoz de PNV, Aitor Esteban, decidió no apoyar la comparecencia de Iglesias, pero no dudó en aprovechar para recriminar la actitud del partido morado, “pulsando siempre el botón con base en rumores o cuestiones circunstanciales” y que “ha hecho daño a mucha, mucha gente”. Incluso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, reprochó “no distinguir lo urgente de lo importante” y terminó por abstenerse.

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El representante de Unidas Podemos, Santiago Romero, enmarcó la petición de los grupos popular y naranja en “el odio contra el vicepresidente segundo” y aseguró que se trataba de “una utilización y manipulación del consenso social contra la corrupción”, cargando contra “la oposición de derechas que solo busca dañar al Gobierno de coalición y desprestigiar a Unidas Podemos para paralizarnos”.

Los dos partidos del Gobierno se opusieron a que Iglesias aclare las cuentas de su partido después de que un juez de Madrid citara como imputados a tres dirigentes de la formación y al propio partido como persona jurídica. Todo ello tras la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que señaló la contratación de la consultora Neurona Consulting en una lista de irregularidades, según su criterio, y que ha terminado derivando en dos investigaciones: la del Tribunal de Cuentas que ha detectado indicios de delitos en las contrataciones del partido durante las elecciones del 28-A, y la abierta en los juzgados madrileños.

Celaá y Montero deberán comparecer

Las ministras que sí tendrán que comparecer antes de que termine el periodo inhábil (es decir, antes del próximo lunes 31 de agosto) serán las titulares de Educación, Isabel Celaá, y la de Hacienda, María Jesús Montero. Ambas comparecencias salieron adelante con los votos también de los partidos del Gobierno y estarán destinadas a explicar la vuelta al colegio (un tema que terminó siendo objeto de discusión y reproches en el Consejo de Ministros de este martes) y la autorización del uso de superávit de los Ayuntamientos, respectivamente.

La mayoría de representantes de los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente, sin embargo, tumbó el resto de peticiones. Es el caso de la del presidente del Gobierno en pleno, cuya comparecencia fue solicitada por el PP para explicar si solicitará el acceso al programa SURE de la Comisión Europea y, en su caso, si tiene intención de acudir a la línea de rescate del MEDE. Sí se produjeron discrepancias entre algunos diputados. Por ejemplo, la de Coalición Canaria, Ana Oramas, consideró “urgente” que se produjera la intervención del jefe del Ejecutivo, mientras que el PNV defendió que el presidente pueda comparecer, pero que no está justificada la urgencia que exigiría una intervención esta misma semana o el lunes como tarde.

En cuanto a las comparecencias de las ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Industria, Reyes Maroto, para explicar las medidas del Gobierno ante las restricciones de viajes provocadas por la pandemia que tantos daños han provocado al sector turístico, ninguna de las dos tendrá que atenderlas por la vía urgente. Maroto, en cambio, sí acudirá por petición propia junto a la titular de Economía, Nadia Calviño.

Tampoco lo harán por la vía urgente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para informar las actuaciones adoptadas por su ministerio ante la llegada de inmigración irregular durante los meses de verano; ni el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que el PP pedía dar cuenta de sus medidas frente al coronavirus, de la remodelación de su departamento y el desfase de cifras de pacientes hospitalizados entre los informes del Gobierno y los datos facilitados por las CCAA.