Anticorrupción investiga si la CUP malversó fondos para la campaña del 1-O

La Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando si la CUP malversó en 2017 fondos destinados a su grupo parlamentario para sufragar publicidad para el referéndum del 1-O. El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias en las que trata de determinar si la formación dedicó más de 168.666 euros, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. La investigación fiscal había quedado paralizada a consecuencia de la expansión del covid, pero acaba de reactivarse. Este lunes, está previsto que se tome declaración en relación con estos hechos a uno de los dirigentes del partido, miembro del Secretariado Nacional.

El origen de la investigación se encuentra en el intento de registro efectuado el 20 de septiembre de 2017, en la antesala del referéndum del 1 de octubre. La Policía Nacional trató en aquella ocasión, sin éxito, de registrar la sede de la CUP tras detectar si el personal de la formación abandonaba el edificio con material publicitario. La movilización de los 'cupaires' impidió aquel día el registro.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont lanza el anzuelo al exlíder de Podemos, a la CUP y a algunos CDR

Antonio Fernández. Barcelona

El pasado 3 de agosto, según ha adelantado el diario 'Ara', miembros de las Fuerzas de Seguridad reclamaron a la CUP tanto el presupuesto de la campaña para el referéndum como las cuentas de su grupo parlamentario. También solicitaron por orden de la Fiscalía un listado de miembros de su secretariado. Se han practicado otros interrogatorios, entre ellos, los de distintos proveedores de la campaña que la CUP desarrolló el 1-O.

El papel de Cs

Las diligencias arrancaron después de que Ciudadanos reclamara la intervención de la Sindicatura de Cuentas. El grupo parlamentario de Cs registró una propuesta de resolución en la Cámara para exigir explicaciones. Instaba a realizar "una fiscalización específica en el plazo máximo de seis meses" acerca del posible uso de subvenciones públicas recibidas por parte de los distintos grupos autonómicos que se pudieran haber destinado a pagar los gastos de la organización del 1-O. Recordaba que la legislación establece que las asignaciones que reciben los grupos a través del Parlament no se pueden destinar "a sufragar actividades ilícitas", como a su juicio era la campaña del 1-O. El partido basó sus sospechas en un informe del Parlament sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.

Aquella fiscalización apuntaba a que el grupo parlamentario destinó fondos públicos a sufragar gastos relacionados con el referéndum. En concreto, los diputados que entonces dirigía Anna Gabriel —hoy huida en Suiza— justificaron a la Cámara gastos por valor de 168.666,63 euros en una subcuenta denominada 'campanya referèndum', que pertenecía a una cuenta principal, la número 627, relativa a "publicidad, propaganda y relaciones públicas". Así aparece reflejado en el 'Informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones a los grupos parlamentarios' del Parlament correspondiente a ese año, elaborado por l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria (el servicio de auditoría independiente de la Cámara encargado de fiscalizar los gastos y la percepción de ingresos de cada partido).

Ese pago para la campaña del referéndum a cargo del grupo parlamentario 'cupaire' supuso el 92% de los fondos declarados en la cuenta 627, cuyo montante total ascendía a 183.276 euros, tal y como figura en los libros de contabilidad examinados por el servicio de auditoría.

La investigación de la Fiscalía analiza más de 400 actos que organizó la CUP en todo el territorio, la impresión de carteles y el 'spot' en el que varios dirigentes de la CUP acababan despeñando un coche por un acantilado. La diputada Anna Gabriel, que fue procesada por desobediencia y reside en Suiza, cerraba el anuncio con la frase: "Ahora comienza el mambo". Las fuentes consultadas apuntan que la Fiscalía trabaja con la idea de presentar denuncia para que los hechos sean instruidos por un juez.