Los jefes de la GC abren un 'crowdfunding' para querellarse contra el ministro Garzón

Las acusaciones gratuitas no pueden salir gratis. Es el espíritu que ha guiado a un numeroso grupo de jefes de la Guardia Civil agrupados en torno a la Unión de Oficiales del instituto armado, la asociación que aglutina a más mandos, para interponer una querella contra el ministro Alberto Garzón. El titular de Consumo acusó el pasado 4 de junio a la corporación de albergar "elementos reaccionarios" dentro que "asumen como propio un discurso que invita al golpe de estado", unas declaraciones que no sentaron nada bien al conjunto de asociaciones de la Guardia Civil y que provocaron que la mencionada Unión de Oficiales convirtiera ese malestar en una querella que interpuso ante el Tribunal Supremo.

En concreto, durante una entrevista en TVE, el ministro se hizo una pregunta a sí mismo. "¿Puede que haya elementos reaccionarios dentro (de la Guardia Civil) que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado aunque sea a nivel discursivo?", se interrogó Garzón, que se respondió acto seguido. "Puede. Pero son absoluta minoría y no ponen en riesgo la democracia", sentenció el ministro, que es acusado ahora en la querella de la Unión de Oficiales de haber incurrido en un delito contra las instituciones del estado, contemplado en el artículo 504 del Código Penal, por "injuriar gravemente" a la benemérita.

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"Resulta evidente que el ministro, utilizando su posición y un medio de difusión masiva como TVE, insinuó (...) que policías o guardias civiles asumen un discurso golpista, al margen de la neutralidad de este tipo de cuerpos, sin ninguna prueba, con una clara intención de dañar a la institución, dado que, el mismo autor de estos hechos, no ha evitado tildar, en otras ocasiones, a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de asesinos en relación a su actividad en la frontera", destaca la querella, que se refiere a las duras palabras que Garzón tuvo contra los guardias civiles recientemente absueltos de la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal (Ceuta).

Garzón, recuerda también la misma querella, calificó de "asesinos" a esos funcionarios que trataban de controlar a dos centenares de extranjeros que "pretendían entrar a la fuerza en territorio español" y que, como dejó claro la justicia, "se ajustaron a los principios básicos exigibles para esas intervenciones". Aquellos adjetivos de Garzón, argumentan ahora los oficiales, pudieron ser "un exceso retórico", como justificó entonces el propio dirigente de Izquierda Unida, "pero lo actual supone una consciente e intencionada difamación a las instituciones", ya que -a su juicio- el ministro habló de modo "absolutamente despectivo" de una "policía patriótica" a la que señaló de "golpista".

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Tras interponer la querella, la Sala de lo Penal del Supremo emitió un auto en el que se declaró competente para abordar el asunto y ordenó imponer a la Unión de Oficiales el abono de 12.000 euros en concepto de fianza para que el tribunal tenga por personada en la causa a la asociación querellante. La cifra, según los denunciantes, resulta desorbitada, dado que ellos mismos proponían en su escrito de denuncia apenas mil euros para sufragar esta partida. Consideran también que no tienen fondos suficientes para hacer frente a la suma, pero entienden que deben seguir adelante con la querella.

De ahí que los oficiales hayan decidido abrir una campaña de crowdfunding o captación de fondos vía internet para que todos los ciudadanos que compartan el espíritu de su iniciativa la apoyen económicamente. De momento, la asociación ha reunido casi 8.000 euros, por lo que todavía necesitan 4.000 más para lograr su objetivo. "Garzón acusó hace tiempo acusó a guardias civiles de asesinar inmigrantes en la valla de Ceuta, pero evidentemente el tiempo y los tribunales han declarado que la actuación de los agentes fue la correcta y han sobreseido la causa", recuerdan desde la Unión de Oficiales, que consideran que ahora el ministro vuelve a la carga y acusa a los guardias civiles de "ser elementos reaccionarios que abrazan discursos golpistas".

"¿Qué será lo próximo? ¿Con qué insulto intentará volver a golpearnos?", se preguntan desde la asociación, compuesta en su totalidad por mandos del instituto armado que, según dicen, "no pueden permanecer impasibles ante intentos tan graves de descrédito" de la institución, sobre todo cuando "provienen de una persona con relevancia pública y con responsabilidades de gobierno". "Si el Tribunal Supremo considera que es legítimo que se nos insulte y se nos calumnie, pues no tendremos más remedio que aceptar que en este país hay personas con derecho a dañar la honorabilidad de los demás sin aportar ninguna prueba de sus acusaciones y que el Estado carece de mecanismos para proteger a los ciudadanos e instituciones víctimas de los intentos de descrédito", añaden.

"En todo caso, seguiremos haciendo todo lo que sea posible para defender la honorabilidad de la Guardia Civil y de quienes la integramos, nuestra historia y nuestros principios, nuestro honor en definitiva, pues, tal y como nos enseñó el Duque de Ahumada, una vez perdido éste, no se recupera jamás", argumentan desde la Unión de Oficiales. En este caso, valoran, "el ministro se beneficia de su condición de aforado y de que el Supremo ha exigido una fianza de 12.000 euros como requisito para enjuiciarlo" cuando estos depósitos "suelen rondar cifras muy inferiores". La asociación entiende que esta elevada cifra hace pensar que "no todos somos iguales ante la ley" y que "hay quienes disfrutan de ciertos privilegios que los protegen".