No hay convenio

La elección de Emiratos Árabes cierra la puerta a una entrega de Juan Carlos I a Suiza

España suscribió un tratado con el país de Oriente Medio en 2009 que recoge la extradición, pero esta depende de la decisión última del emir

Foto: El rey emérito Juan Carlos. (Reuters)
El rey emérito Juan Carlos. (Reuters)
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Catorce días después de que la Casa Real informara públicamente de la decisión del rey emérito Juan Carlos de abandonar España, un breve comunicado ha servido para poner fin a las especulaciones sobre su paradero. El destino escogido por el padre de Felipe VI es, al menos de momento, Emiratos Árabes Unidos. Acorralado por tres frentes judiciales —dos en España y uno en Suiza— en que se investiga desde el cobro de presuntas comisiones irregulares hasta el destino final del dinero, Juan Carlos ha optado por tratar de alejarse de uno de los riesgos en los que se sitúa su salida del país: el fiscal Yves Bertossa. Suiza no cuenta con convenio de extradición con el país de Oriente Medio, lo que dificultaría cualquier movimiento del investigador helvético para reclamarle en el marco de su instrucción.

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Su actual situación no impide, sin embargo, una hipotética entrega a España. En el año 2009, el Estado español suscribió un convenio con Emiratos destinado a incrementar la cooperación entre los dos países en la lucha contra la delincuencia. En aplicación del mismo, y siempre que se cumplan una serie de condiciones, ambos países acordaron por entonces concederse de forma recíproca la extradición de toda persona a quien se reclame para su enjuiciamiento, o para la imposición o cumplimiento de una condena.

Fuentes jurídicas consultadas avisan, no obstante, de la potestad última con que cuenta el emir del territorio para avalar o rechazar la entrega, incluso a España, de cualquier ciudadano. El Rey emérito se encuentra, en estos momentos, en Abu Dabi bajo el manto de la hospitalidad, y con ella la protección, del príncipe heredero Mohamed Bin Zayed. En el convenio de 2009 se recogen motivos de denegación y entre ellos destaca la posibilidad de que la extradición pueda tener consecuencias graves para la persona reclamada, por razón de su edad o estado de salud y el hecho de que el delito fuera cometido fuera del territorio del Estado que lo requiere.

La llave última es, así, del emir. Sobre el papel, no obstante, el convenio especifica que se concederá la extradición por las acciones u omisiones que sean punibles con arreglo a la legislación de ambas partes "con pena de prisión u otra pena privativa de libertad con una duración máxima de al menos un año o con una pena más grave". "Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada por un delito de esa clase a la que se reclame para el cumplimiento de una pena de prisión u otra pena privativa de libertad, solo se concederá la extradición si le quedan por cumplir, por lo menos, seis meses de la pena".

A pesar de las ventajas para eludir una futura acción de la Justicia de su actual situación, su defensa advirtió, coincidiendo con el anuncio del 'exilio', que la intención de don Juan Carlos nunca ha sido la de huir. Minutos después de anunciar su marcha, el abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco Mans, emitió un comunicado en el que sostenía que la decisión del monarca no afectará a las diligencias que sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo, que indaga en "la donación" de 100 millones de dólares que recibió de Arabia Saudí en 2008: tanto la Fiscalía del alto tribunal como sus homólogos suizos buscan aclarar si fue una comisión por la construcción del AVE a La Meca, adjudicada a un consorcio español tres años después.

"S.M. el rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna", afirmó entonces el abogado en un escueto comunicado. Este mismo lunes, voces del Ejecutivo han realizado la misma lectura. En una entrevista concedida a la Cadena SER, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se mostró convencido de que cualquier requerimiento será contestado de forma inmediata. "Si la Justicia lo buscara, el Rey comparecería enseguida. Estoy convencido de que cuando la Justicia lo llame, comparecerá. Hay que dejar que la Justicia cumpla con su papel constitucional", señaló.

Los tres frentes

Con Juan Carlos I en los Emiratos, las investigaciones en España y Suiza siguen su curso. Fuera del país, el emérito no goza del blindaje que le otorga la Constitución hasta junio de 2014, la conocida como inviolabilidad. Sin embargo, y pese a los indicios sobre una presunta comisión de delitos, ninguno de los tres frentes abiertos se ha traducido en una causa judicial en su contra. En el Supremo, la Fiscalía dispone de indicios de blanqueo y delito fiscal pero trata de dilucidar si los hechos quedan amparados por la especial protección que cubría al Rey durante su mandato o no lo están. No se espera una decisión a corto plazo.

Los fiscales españoles y el suizo comparten el origen de sus pesquisas. Corinna Larsen, que confesó irregularidades sobre el anterior monarca al comisario Villarejo que quedaron grabadas, y un ingreso millonario tapado bajo la titularidad de una sociedad panameña que se detectó al tirar del hilo de ese indicio. En el año 2008, Juan Carlos I recibió una "donación" de 100 millones de dólares del monarca de Arabia Saudí, país colindante con los Emiratos que, además, es uno de los países que se encuentran en la lista negra de paraísos fiscales, a la que volvió en 2019 por decisión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin). Suiza y España tratan de determinar si el millonario 'regalo' saudí fue en realidad el cobro de una comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas tres años después.

En esta investigación dual, ha irrumpido un tercer frente. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, acordó a finales de julio la reapertura de la pieza Carol e imputó a Larsen, Villarejo y Villalonga, que tendrán que declarar el próximo 7 y 8 de septiembre. El magistrado busca aclarar si Larsen contrató al comisario para que investigara a una asistente personal que trabajaba para ella y podía estar filtrando información de su vida privada, "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones". O de nuevo al Rey.

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