¿Qué pasa si no llevas a tus hijos al colegio en septiembre por miedo al covid-19?

Que el arranque del próximo curso escolar está marcado por la incertidumbre es ya un tópico. Las preguntas se acumulan y parece que las respuestas no llegarán hasta septiembre. Una de las que está pasando por la cabeza de muchas familias y asociaciones de padres y madres es qué pasaría en el hipotético caso de que los padres de un alumno considerasen que un centro no garantizase las medidas de seguridad necesarias y, por lo tanto, decidiesen no enviarlo al centro escolar. No solo por miedo al contagio del pequeño, sino también por potenciales contagios en hogares con miembros en situación de riesgo.

Es un supuesto que no se ha explicitado aún, pero algunas Comunidades Autónomas están empezando a dar pistas sobre su actitud en el caso de que se produjese la ausencia del alumno. Una de ellas es Andalucía, cuya Consejería envió la semana pasada a los centros escolares un decálogo que intenta recoger algunas de las dudas más habituales entre profesores y directores. Entre ellas, esta.

"En el caso que se plantea de negativa de las familias a que su hijo o hija acuda al centro, se activaría el protocolo de absentismo"

La clave se encuentra en el punto 2.2, que recuerda que “la legislación educativa vigente en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España no recoge como opción más que la escolarización obligatoria”. A continuación, el documento recuerda que “esta se materializa mediante la actividad lectiva presencial en los centros educativos autorizados por la impartición de dichas enseñanzas”. “En el caso que se plantea de negativa de las familias a que su hijo o hija acuda al centro, salvo situaciones debidamente justificadas que ya están contempladas de cursos anteriores, se activaría el protocolo de absentismo”, continúa.

Que el documento haga una referencia explícita al protocolo de absentismo ha hecho saltar las alarmas, pues ha sido interpretado como una amenaza velada a aquellos padres que se planteen rebelarse contra la presencialidad de sus hijos. Alguna AMPA ha manifestado su desacuerdo, como la del CEIP Paulo Osorio en Sevilla, que en Twitter publicaba un mensaje en el que respondía al Consejero, Javier Imbroda, con un “no tenemos miedo a sus amenazas”.

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¿Qué implica y hasta dónde puede llegar un protocolo de absentismo? Responde a El Confidencial Jon Bengoetxea, uno de los abogados con más experiencia en ese terreno tras haber defendido varios casos de ‘homeschooling’, una de las situaciones en los que se ha puesto en marcha este protocolo con mayor frecuencia: “Este protocolo ya existía mucho antes de la pandemia, por lo que su posible aplicación no es ninguna novedad. Es más, el absentismo basado en la pandemia sería una causa más que justificaría su aplicación y la última por orden de llegada al catálogo de justificaciones”. El absentismo se cifra por lo general en cinco ausencias sin justificar al mes en días seguidos o alternos, aunque cada protocolo puede variar.

El procedimiento pasa por los siguientes pasos, que están establecidos a nivel de cada CCCAA: detección por parte del centro y los ayuntamientos, apertura de expedientes informativos, intervención por parte de las autoridades educativas y los servicios sociales y, en los casos más excepcionales, “denuncias a las Fiscalías de Menores de los Juzgados territoriales que sean competentes, con demandas o querellas civiles o penales en los casos más extremos”.

"No tiene nada que ver sancionar a unos padres por ampararse en unas creencias que por su temor a que contraiga una enfermedad"

Esa definición encaja en uno de los casos defendidos por Bengoetxea, el de Ketty Sánchez y Michael Branson tras ser denunciados a la fiscalía por desescolarizar a sus hijos, matricularlos en un colegio americano a distancia y enseñarles en casa. El caso fue archivado, así que ¿ocurriría lo mismo en el año del covid? “Desde el punto de vista legal, el protocolo sería el mismo tanto si el menor no acude a la escuela por razones de tipo ideológico de los padres, por marginalidad social o por circunstancias sanitarias”, explica. “Lo cierto es que existe un hecho objetivo común: hay un menor que debería estar escolarizado y no lo esta”.

Los resultados, no obstante, pueden ser muy distintos. “Ahora bien, estoy convencido de que la diferente motivación de unas situaciones y otras dará lugar también a diferentes desenlace de unos asuntos a otros”, prosigue. “No tiene nada que ver sancionar a unos padres por no escolarizar al menor amparándose en unas creencias o una ideología que hacerlo por su temor a que contraiga una enfermedad que afectaría a su salud y la de toda la familia”.

Cuidado, que viene el lobo

Hacerse la pregunta de qué pasaría en caso de insurrección paternal sirve para reabrir unos cuantos debates sobre el funcionamiento del sistema educativo español, en el que el abandono es uno de los más altos de los países del entorno. Por ejemplo, la utilidad de los protocolos sin medios. “Las consejerías son plenamente conscientes de un hecho: no tienen la manera de hacer un seguimiento real del absentismo escolar”, responde Marc Pallarès Piquer, profesor de la Universitat Jaume I de Castelló y experto en absentismo escolar. “En consecuencia, todo lo que manifiestan no dejan de ser ‘declaraciones de intenciones’, pero a nivel práctico, la Consejería no va a poder hacer nada al respecto”.

"El gran obstáculo es que se necesita un equipo directo con criterios claros y servicios sociales implicados, pero raramente se dan las dos cosas"

Como ocurre con mucha frecuencia en educación, las intenciones (malas o buenas) se topan con las limitaciones materiales. Pallarès recuerda que para un procedimiento así se ponga en marcha hacen falta que los equipos directivos los activen (después de haber decidido la casuística), y en un momento posterior, que cuenten con el apoyo de los servicios sociales de los ayuntamientos. “El gran obstáculo (de siempre, esto no es de ahora) para actuar (y ya no digo minimizar/solucionar) el absentismo escolar es que se necesita un equipo directivo con unos criterios claros y unos servicios sociales plenamente implicados”, recuerda. “La suma se da cuando se da… es decir, muy pocas veces”. El profesor lamenta que, en muchos casos, los servicios sociales no se ocupan de este tema “y el alumno pasa meses sin acudir al centro y ello se queda sin catalogar como absentismo”.

Además, Pallarès considera que los centros no están preparados para identificar una hipotética avalancha de casos así como “absentismo escolar”. “Ahora pueden producirse casuísticas muy particulares, como que una familia nada sospechosa de no querer que su hijo sea escolarizado decida no llevarlo al centro escolar”, prosigue. “Por lo tanto, en el caso de que todo se active, a los servicios sociales les va a resultar muy complejo determinar que un alumno (cuya familia no presenta problemática social alguna) deja de ir al centro por absentismo escolar”.

Es algo que ocurre en algunas ocasiones con niños que, en el ejemplo que propone el profesor, son objeto de acoso escolar y sus padres no los llevan al centro en lo que restaría de curso. “En casos como este, no conozco ni una sola situación en la que, una vez comprobado que no hay una situación de conflictividad social-familiar se haya podido catalogar como absentismo”, prosigue el coautor junto a Óscar Chiva Bartoll de ‘La pedagogía de la presencia’. “Los informes de servicios sociales hacen constar que un psicólogo ha recomendado que el alumno deje de acudir al centro, los padres firmen un documento en el que pasan a ser los responsables legales de lo que haga ese niño en horario escolar y aquí paz y después gloria”.

Hay otro factor excepcional este curso: la implantación de la educación remota desde el mes de marzo ha provocado que el absentismo físico no tenga por qué identificarse con el escolar. Pero como recuerda Pallarès, los centros no tienen la capacidad de implantar medidas de “semipresencialidad” sin la aprobación de la Consejería correspondiente.

El absentismo como arma

En definitiva, parece difícil que si en circunstancias normales los protocolos de absentismo se lleven hasta las últimas consecuencias, lo vayan a hacer en circunstancias excepcionales como estas. Lo cual lleva a la siguiente cuestión: ¿es posible que se plantee un absentismo generalizado como medida de presión? “En el caso de Secundaria, eso se podría canalizar como una huelga educativa, efectivamente, pues en la mayoría de comunidades está estipulado que esto se pueda realizar (a partir de 3º de ESO normalmente)”, responde Pallarès.

"Ha habido casos de un mes sin ir ni un alumno al centro y nunca se ha considerado absentismo"

Harina de otro costal es en Primaria, si la decisión es de los padres. “Lo que determina si es absentismo o no es el protocolo claro, la actuación al unísono de equipo directivo y la implicación de servicios sociales catalogándolo como tal, no si se lleva a cabo por uno, dos o 250 alumnos”, añade. “Claro que cuando lo hace la totalidad del alumnado, caso que se da cada curso en algún centro (por ejemplo, cuando presenta problemas de infraestructuras o estalla la noticia de que en la puerta del centro se trapichea con droga), al ser casos tan aislados han contado con repercusión mediática, lo cual ha hecho posible siempre una rápida implicación de la administración, es decir, no se han alargado en el tiempo. Ha habido casos de un mes sin ir ni un alumno al centro y nunca se ha considerado absentismo. Ahora si se da esta circunstancia no hablaríamos de casos ‘no particulares’, pues puede suceder en muchos centros. Y ciertamente, no habrá manera ‘real’ ni medios desde los servicios sociales de catalogarlo como absentismo. Es imposible”.

Bengoetxea recuerda que la mayor parte de casos que ha defendido tienen que ver con la creación de centros alternativos a la enseñanza tradicional, no de rebeldías individuales, lo que tendría en común con este caso un enorme ruido entre comunidad educativa, medios y administración. “Entiendo que, indudablemente, el eco que suscitaría una actuación de grupo sería mucho mayor que la que obtendría una suma de actos individuales inconexos”, sopesa. “En realidad esto pasa con cualquier reivindicación o protesta del tipo que sea. Por ello, ante el temor reverencial que a todo servidor público (especialmente al político) le producen las insurrecciones, es evidente que una acción colectiva tendría muchas más posibilidades de ser atendida que la individuales”.

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“Jurídicamente, el protocolo se activa de igual manera para tres casos que para 100. Obviamente, si son muy numerosos los casos de absentismo, la aplicación de estos protocolos podría resultar muy problemática, por falta de medios humanos para desarrollarlos”, concluye Bengoetxea. “Es posible que las autoridades educativas y la Administración en general persigan una finalidad de carácter disuasorio. Tampoco pueden hacer otra cosa. La Administración Pública, a cualquiera de sus niveles y por parte de cualquiera de sus órganos, está sujeta al principio de legalidad. Por ello, mientras la disposiciones normativas no cambien, la Administración tendrá que atenerse a la ley, aunque su aplicación resulte difícil… o imposible”.