UP carga contra Hacienda por no derogar la 'ley Montoro' en el acuerdo de la FEMP

A las diferencias entre Hacienda y el sector de Unidas Podemos en el Gobierno respecto a la política fiscal y a la necesidad o no de negociar los Presupuestos con Ciudadanos, se ha sumado la propuesta del departamento dirigido por María Jesús Montero en el marco de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Sin consenso y con el único voto a favor de los socialistas, Hacienda se ha salido con la suya para utilizar el remanente de ayuntamientos y diputaciones, a costa de abrir un nuevo choque con sus socios de Gobierno y alejarse todavía más de la oposición liderada por los populares. Estos últimos con acusaciones de "robo" y los primeros con críticas por "no avanzar en los acuerdos recogidos en el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos: nuevo marco de financiación local y derogación de la LRSAL", la conocida como Ley Montoro.

Los 'comuns' liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han sido los más beligerantes defendiendo un voto en contra y manteniendo la negativa al acuerdo porque "aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la recuperación social, verde de los municipios". Desde Catalunya en Comú calificaron las últimas modificaciones introducidas en el acuerdo final de insuficientes, alegando que "no van en la dirección del acuerdo de gobierno progresista y de los acuerdos de la FEMP, que reclamaban una modificación de la ley de estabilidad para disponer los recursos económicos para desarrollar servicios de calidad a la ciudadanía".

Desde el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo reconocen también su discrepancia y fuentes conocedoras de las negociaciones, que por parte de los morados lideró el secretario de Estado de Asuntos Sociales dependiente de la vicepresidencia segunda, Nacho Álvarez, critican la inmovilidad de Hacienda y su negativa a avanzar en una cuestión que además recoge el programa de Gobierno de la coalición. De forma pública, la confluencia catalana de Unidas Podemos ha manifestado por su parte que, además de estos frenos, "continuamos estando en contra que los ayuntamientos tengan que librar sus recursos al Ministerio de Hacienda en concepto de préstamo a devolver en 10 años, convirtiéndose así en un tipo de ente financiero del Estado para que le permita equilibrar cuentas".

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Fue por ello que hasta el último momento consideraron que se debía fijar un voto negativo en la FEMP "que sirva para continuar la negociación, garantizar la unidad del municipalismo y asegurar los recursos suficientes para un nuevo futuro".

La posición de Izquierda Unida ha sido menos beligerante, defendiendo la abstención por las mejoras introducidas en el acuerdo, aunque apuestan por seguir abriendo un camino para que "el contenido del acuerdo pueda ser mejorado tanto a su paso por el Consejo de Ministros como en su posterior tramitación parlamentaria". Concretamente ha valorado que se movilice a través de los PGE un porcentaje del remanente de tesorería equivalente a 5.000 millones de euros, que se abra la posibilidad de que los ayuntamientos que participen o no en el préstamo incorporen remanentes hasta el límite de su déficit o que se fíe el compromiso de aprobar en la presente legislatura un nuevo sistema de financiación local, en paralelo con la reforma de la financiación autonómica.

Para los 'comuns', en cambio, resulta imprescindible dotar en los ayuntamientos de nuevos mecanismos y recursos adicionales, como la disponibilidad del superávit y de los remanentes acumulados los últimos años para abordar la situación de crisis económica, la eliminación de la regla de gasto al menos durante la etapa de crisis sanitaria y la Creación de un Fondo de Recuperación y suficiencia financiera no inferior al 14%.