Órdago sindical para salvar el caso del inspector que desafió a 200 comisarios

El Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Madrid archivará previsiblemente la causa que un inspector impulsó en solitario contra los 200 comisarios e inspectores jefe de la Policía Nacional que habían conseguido el grado en criminología a través del atajo que les facilitó la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), un curso online de un año que contabilizaba las asignaturas que los mandos habían cursado al ascender de categoría y que les concedía directamente el título. Tras una larga carrera judicial, el inspector ha abandonado recientemente el proceso, por lo que el Juzgado se ha visto abocado a declarar el sobreseimiento.

Antes de hacerlo, sin embargo, ha dado traslado a las partes con el fin de que estas presenten alegaciones y aquí se ha colado el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, la organización que surgió para reclamar la equiparación salarial y que arrasó en las pasadas elecciones sindicales. El nuevo actor pidió la personación en la causa justo cuando conoció que el 'inspector solitario' la abandonaba y ahora tiene derecho a esgrimir sus argumentos para oponerse al previsible archivo, la única vía para salvar un procedimiento que ha puesto en jaque a los 200 mandos, que querían obtener el título porque la ley les obligaba a tenerlo para aspirar a determinadas plazas y que encontraron en la oferta de la Rey Juan Carlos un modo rápido de hacerlo.

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En sus alegaciones, Jupol se opone al desistimiento al entender que existe una "palpable nulidad administrativa" de las titulaciones que concedía el centro a quienes se matriculaban en el curso online hecho expresamente para los mandos policiales. El sindicato se refiere, en concreto, a la resolución del Tribunal Supremo que invalidó la iniciativa, que además reportaba suculentos beneficios para el centro, ya que cada matrícula costaba 3.000 euros a los comisarios e inspectores jefe que la firmaron. La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, en concreto, emitió una sentencia en enero de 2019 que concluía que el curso promovido por el centro "no es equivalente a una titulación media, luego era inhábil para lograr la equivalencia con una antigua licenciatura". "Tampoco puede considerarse como un título de grado (...) pese a denominarse" de ese modo, añadía el fallo, que el Supremo emitió a raíz del recurso que interpuso un comisario principal que había hecho el curso contra la previa decisión del Ministerio de Educación de tumbar en 2015 el mencionado grado.

"A la vista de la documental que esta parte tiene en su poder (...), ya se puede atisbar la necesidad de que el procedimiento siga adelante", considera el escrito de Jupol. "Lo cierto es que nos encontramos ante un grado en criminología impartido por la universidad demandada que no es convalidado por el Ministerio de Educación (...) y que conlleva la posibilidad de realizar un curso que, en vez de cuatro años presenciales, resulta ser de solo uno y online, donde se conceden de forma completamente genérica 180 créditos a todos los que lo realizan sin acreditar cursos realizados para constatar que los créditos existen", defiende el sindicato, que pretende sustituir al inspector retirado de la causa en el impulso de la misma.

"Para que un curso pueda conllevar la obtención de créditos, ha de estar acreditado su cumplimiento", sostiene Jupol, que insiste en que esto no ocurre en la titulación demandada. "Todo ello les resulta a los demandados imposible de presentar, en tanto que no pueden especificar por qué cursos dieron dichos créditos", subraya el escrito entregado por el sindicato al Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Madrid, que no se queda en esta mera irregularidad, sino que trata de ir más allá, dado que los comisarios e inspectores jefe que se matricularon en el curso lo hicieron para obtener un título que la ley exigía para acceder a determinados cargos del instituto armado, como el de jefe superior.

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"A la vista de la completa nulidad de dichos títulos y de que existe un pronunciamiento del Tribunal Supremo que rechaza la consideración de títulos universitarios, todos aquellos funcionarios que usaran el título reseñado para acceder a un puesto de jerarquía superior han de ser revisados", reclama Jupol, que considera necesario llevar a cabo esta evaluación con el fin de que las reglas sean iguales para todos. "Si no tuvieran título universitario validado por el Ministerio de Universidades, lo cierto es que se habría cometido un perjuicio real y absoluto para todos aquellos funcionarios que intentaron optar a la plaza ocupada, los cuales sí que cumplían los requisitos establecidos normativamente", argumenta Jupol en su escrito, en el que solicita que siga la causa, extremo que ahora deberá determinar el Juzgado.

La ocupación de plazas por parte de mandos que no tenían la titulación requerida fue otra lucha judicial que en paralelo planteó el inspector ahora retirado del mencionado procedimiento judicial. Este funcionario logró paralizar, de hecho, varios nombramientos de altos cargos dentro de la Dirección General de Policía bajo este argumento, que posteriormente el Ministerio del Interior trató de solventar con la creación del polémico curso online de la Universidad Rey Juan Carlos, que estuvo vigente durante dos años y que permitió que el centro se embolsara 600.000 euros en concepto de matrículas académicas.