Guerra sin cuartel por 247 millones: Interior no pone de acuerdo a policías y guardias

El acuerdo de equiparación salarial heredado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de su predecesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, va camino de ser el mayor quebradero de cabeza del que fuera magistrado estrella de la Audiencia Nacional durante su etapa política, con permiso de la crisis institucional de la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por no informar a sus superiores del caso 8M que investigaba su equipo. Marlaska abrazó el histórico pacto que su antecesor había cerrado con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil para que éstos funcionarios equipararan su salario con el de los Mossos d'Esquadra, cuyos miembros habían ingresado durante décadas sustancialmente más sueldo oque los agentes de los institutos armados estatales.

La subida, cuantificada en 831 millones de euros, se dividió en tres tramos con el fin de que fuera progresiva y pudieran soportarlo las arcas públicas. Los dos primeros (308 y 249 millones) fueron ingresados en los bolsillos de los agentes en 2018 y 2019. El tercero (de 247 millones) tenían que haberlo cobrado policías y guardias civiles a primeros de 2020. La cosa, sin embargo, se enquistó. Hacienda no terminaba de dar el visto bueno a este último desembolso y llegó la crisis del coronavirus, lo que retrasó aún más la cosa. El visto bueno de la Agencia Tributaria llegó justo en pleno punto álgido de la mencionada crisis en la cúpula de la benemérita, con lo que fue entendido como una forma de apagar él 'fuego' provocado por la dimisión del director operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, como protesta a la destitución de Pérez de los Cobos.

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La aprobación del denominado tercer tramo de la equiparación salarial, que llegaba con medio año de retraso, acarreaba además un conflicto latente que no tenía más remedio que saltar por los aires en este último reparto. En el primer tramo (correspondiente a 2018), la Guardia Civil se llevó el 59% del presupuesto total previsto para esa fase (los citados 308 millones de euros) y la Policía, el 41% restante. La consultora que elaboró el informe de la distribución del diinero y fijó las cantidades argumentó que los miembros de la benemérita cobraban menos que los del cuerpo hermano, por lo que a su entender merecían ser resarcidos en este plan de equiparación con más fondos que sus compañeros de la Policía Nacional.

En el segundo tramo (2019), sin embargo, las cosas cambiaron. El director general de la Policía, Francisco Pardo, convenció a su entonces homólogo en la Guardia Civil, en aquella época aún era Félix Azón, de que sus subordinados merecían más de ese 41%. Fue entonces cuando la proporción que se iban a llevar los miembros de la benemérita disminuyó en favor de la que ingresarían los policías. En concreto, los guardias civiles recibieron en el segundo tramo el 57,28% de la suma total designada para ese momento (249 millones de euros). Los policías, por su parte, se embolsaron el 42,72% de esa misma cantidad, casi dos puntos porcentuales más que en el primer reparto.

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Ahora, ambas partes tienen que repartirse los últimos 247 millones de euros y la fricción el patente. Durante las últimas semanas, desde que Hacienda aprobó el desembolso, ha habido numerosas reuniones en el Ministerio del Interior entre los representantes de la administración y los de los agentes de ambas corporaciones. En todas ellas, los titulares del departamento dirigido por Marlaska han elegido el papel de meros observadores de una disputa que no tenía solución aparente. Asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales, por su parte, se han aferrado a sus respectivas posiciones, que pasan por recuperar el terreno perdido los primeros y por poner en duda los criterios de reparto los segundos.

Las asociaciones de la benemérita, responsables de liderar la organización en nombre de los agentes del instituto armado, reclaman en concreto rescatar la división del primer tramo (59-41%). Argumentan que es lo que se acordó en un inicio y lo que determinó la consultora contratada. Los sindicatos policiales, sin embargo, critican precisamente que la mencionada consultora no tuvo acceso a los datos reales de los salarios de los Mossos, cuerpo de referencia para hacer la equiparación, debido a que la Generalitat se lo denegó, por lo que reclaman subir incluso más allá de lo incrementado a su favor en el segundo tramo. En concreto, consideran que sus agentes no merecen menos del 55-45%.

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Ante el flagrante desacuerdo, el Ministerio del Interior decidió ponerse como límite el 26 de julio para tomar una decisión que seguro no contentaría a ninguna de las partes, pero que se torna necesaria para seguir adelante con el reparto de la suma. Desde el departamento dirigido por Marlaska explicaron el pasado viernes a El Confidencial que aún no había tomado determinación alguna al respecto, lo que evidencia el temor de Interior a enemistarse con alguno de los dos cuerpos así como que no cuenta con un criterio establecido que justifique el reparto desde un punto de vista cuantitativo.

La equiparación salarial es una reclamación histórica de los policías nacionales y de los guardias civiles que llegó por fin en la parte final de la legislatura de Mariano Rajoy después de la fuerte presión de estos funcionarios en la calle y gracias a las manifestaciones convocadas por la asociación Jusapol, que aglutinaba a miembros de los dos cuerpos y que fue creada únicamente para lograr este fin. Sindicatos y asociaciones profesionales con representacióno en los consejos de la Policía y de la Guardia Civil, en paralelo, negociaron con Zoido el citado acuerdo, que Jusapol aún ve insuficiente. El movimiento encabezado por esta agrupación de funcionarios que surgió de forma espontánea logró de la nada crear un sindicato que en las últimas elecciones de la Policía Nacional consiguió ser el más votado. El acuerdo con Interior, sin embargo, ya había sido firmado por los sindicatos anteriores.