UN INFORME DEL GOBIERNO DA LA ALERTA

Cataluña se arroga la titularidad de puertos para alargar concesiones y construir hoteles

Un informe jurídico de Puertos del Estado avisa de la invasión de competencias para fomentar el negocio privado en dominio público. Pasividad del Gobierno ante el pulso de Torra

Foto: Las comunidades intentan alargar las concesiones de los amarres. (EFE)
Las comunidades intentan alargar las concesiones de los amarres. (EFE)
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La producción legislativa catalana es mínima desde hace años. Pero una de las pocas leyes autonómicas aprobadas, la de puertos aprobada el pasado mes de diciembre, está generando un conflicto soterrado con el Gobierno de Pedro Sánchez, que intenta evitar ir al Constitucional. Los servicios jurídicos de Puertos del Estado consideran que la ley de Quim Torra invade competencias porque se arroga la titularidad de los puertos deportivos -hasta ahora solo tiene la gestión-, abre la puerta a prorrogar concesiones de puertos más allá de lo que establece la ley estatal y permite construir hoteles en ellos. Otras comunidades han intentado dar más plazo al suculento negocio de los puertos. El Ministerio de Transportes no quiso comentar la noticia.

El pasado 30 de diciembre, el Diario Oficial de la Generalitat publicó la ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. Las 107 páginas de un texto técnico y farragoso pasaron desapercibidas pero seis meses después, el Ministerio de Transportes maneja un informe de Puertos del Estado que avisa de que esconde una invasión de competencias con un efecto devastador para el dominio público marítimo terrestre y portuario. En España, desde Alfonso X, la costa es titularidad estatal y opera por concesiones. Las comunidades gestionan los puertos deportivos y Puertos del Estado los grandes puertos de interés general. Puede haber concesiones por décadas para las obras pero no hay propiedad privada.

Ese pilar del reparto está amenazado por varias bombas en la ley catalana. La norma establece que "las autorizaciones y concesiones vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley mantienen las condiciones establecidas en el título de otorgamiento, incluidas las relativas a su plazo". Eso supone que todos los puertos anteriores a la ley de Costas de 1988, podían mantener su explotación más de los 30 años previstos en esa ley.

Otras comunidades, como Canarias o Andalucía, han planteado modificaciones similares. La ley de Costas primero, y la de Puertos después, establecieron límites a las concesiones de puertos deportivos y muchas comenzaron a vencer en 2018. Incluso si el franquismo les había dado concesiones por 75 años. Sin embargo, las comunidades se limitan a abrirlo a la competencia. Son una fuente de negocio para empresarios locales pero los tribunales han dicho que no tienen derecho a prórrogas superiores. Así lo hizo la justicia cuando el exclusivo puerto de Sotogrande solicitó mantener su concesión inicial de 75 años. Anticorrupción ha lanzado una operación que ha llevado a la detención del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares por denuncias sobre la prórroga viciada de concesiones.

No es solo que la Generalitat se deje abierta la puerta para dar prórrogas más largas. Es que la redacción de la norma deja en manos de la administración regional la construcción en los puertos de hoteles y establecimientos similares, a menudo un negocio mayor que el de alquilar los amarres. La ley lo redacta a la inversa. "Queda prohibido el uso de artefactos para usos habitacionales, residenciales, hoteleros u otros tipos de usos y actividades turísticas, excepto en el caso de autorización expresa concedida por la autoridad portuaria".

Foto de archivo del puerto de Barcelona. (EFE)
Foto de archivo del puerto de Barcelona. (EFE)

Puertos del Estado advirtió de ese punto en un informe que remitió en enero al Ministerio de Transportes, que ahora negocia con la Generalitat antes de decidir si acude al Tribunal Constitucional. Sin embargo, según fuentes del sector, ni Administraciones Públicas ni Transportes están por la labor de acudir al Alto Tribunal para dirimir la disputa. El Gobierno de Pedro Sánchez Mantiene la negociación con ERC y está rebajando la conflictividad con la Generalitat. El Constitucional ya declaró inconstitucional una ley andaluza de puertos que en 2007 ya intentó construir hoteles en los puertos deportivos.

La Generalitat puede incluir estas previsiones en la ley porque en la misma norma se arroga la titularidad sobre las instalaciones: "El dominio público portuario está constituido por las superficies de agua, los terrenos, los bienes y los derechos de titularidad de la Administración portuaria y afectados a los servicios y usos portuarios". Además, exime del IBI a los puertos autonómicos mientras los de Fomento sí tendrían que pagarlo.

El Gobierno ha ido afrontando los intentos de las leyes autonómicas para alargar las concesiones, como hizo, por ejemplo, Coalición Canaria antes de dejar el poder en el archipiélago. El pasado mes de febrero, el BOE publicó el acuerdo entre ambas partes para interpretar el plan canario de alargar las concesiones de forma que cumpla la ley estatal.

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