Ayuso y un cura cada 100 camas de hospital: una ley de Felipe González obliga a ficharlos
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establecido así DESDE 1986

Ayuso y un cura cada 100 camas de hospital: una ley de Felipe González obliga a ficharlos

La renovación del convenio de asistencia religiosa católica en hospitales, publicada el miércoles y aireada por un diputado de Más Madrid, olvida que es un acuerdo de hace 34 años

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Ayuso y un cura cada 100 camas de hospital: una ley de Felipe González obliga a ficharlos

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba este miércoles el Convenio con la Provincia Eclesiástica para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. En él se recogen las condiciones de esa prestación, el número de capellanes a tiempo completo y parcial, así como el presupuesto destinado a ello: 937.187,76 euros, más la cotización de la Seguridad Social aparte. Rápidamente, un diputado regional de Más Madrid retuiteaba uno de los anexos bajo el título "Ayuso asigna un cura por cada 100 camas de hospital".

La polémica, sin embargo, ignora que la decisión no es del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino que forma parte de una ley del Gobierno de Felipe González de 1985 por los acuerdos Iglesia-Estado, que asumen todas las CCAA, y que no solo estipula que primero el Estado y luego los gobiernos regionales con las transferencias deben sufragar el gasto de esos capellanes sino que, además, fija cuántos debe haber por cada 100 camas. Y es exactamente la misma ratio desde 1986.

La ley fija que el Estado pague su sueldo y hasta la ratio de curas por cama de hospital. No es Ayuso quien obliga a tener "un cura por cada 100 camas"

En julio de 1985, el entonces ministro de Justicia de Felipe González y el presidente de la Conferencia Episcopal firmaron el acuerdo que garantizaba "la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios" dependientes entonces del Estado. En la orden de diciembre que desarrollaba ese acuerdo del Gobierno socialista con la Iglesia, ya se establecía en su artículo 1 que "el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público". Igualmente, "que en cada centro hospitalario (...) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro" así como "locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios para su prestación".

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Pero, además, la orden que acabaron asumiendo las CCAA fija en su artículo 6 que "corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente". Es decir, que desde 1986, el Estado, y desde 2001, las CCAA, vienen sufragando los gastos de los capellanes en los hospitales. No hay ninguna decisión nueva.

En torno a un millón al año

Concretamente, el Servicio Madrileño de Salud destinó 1.087.500 euros en 2019 al pago de los capellanes que atienden los hospitales de la comunidad. En 2016, fueron 1.041.695 euros. Y lo mismo sucede en otras comunidades donde gobierna el PSOE. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana —donde el senador por Compromís, Carles Mulet, abrió en enero el melón de estos pagos a la religión católica con varias preguntas y un polémico tuit con la frase "los vicios, que se los pague cada uno"—, el pasado año se gastó 961.800 euros en los pagos a los curas de los hospitales, cifra similar a la de Madrid, mientras que en 2018, según denunció la entonces diputada de Esquerra Unida y hoy consejera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, fueron 856.000 euros.

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Pero es que la ley de González dejó establecido hasta el número de capellanes por cada 100 camas, una ratio fija desde hace 34 años. En el anexo I de la orden de 1985, se establece que "el número mínimo de capellanes encargados de prestar la asistencia religiosa católica en cada centro hospitalario público guardará relación con el tamaño del mismo, según los siguientes criterios. Hasta 100 camas: un capellán a tiempo parcial. De 100 a 250 camas: un capellán a tiempo pleno y un capellán a tiempo parcial. De 250 a 500 camas: dos capellanes a tiempo pleno y un capellán a tiempo parcial. De 500 a 800 camas: tres capellanes a tiempo pleno. Más de 800 camas: de tres a cinco capellanes a tiempo pleno". Exactamente el mismo cuadro que aparece en el convenio publicado este miércoles. Es decir, fue Felipe González —y no Ayuso ni Ximo Puig— quien fijó "un cura cada 100 camas".

La ley de 1985, en su segundo anexo, establecía incluso la retribución de los capellanes: "Se fija por parte de la Administración Pública la cantidad de 1.190.000 pesetas anuales, distribuidas en 14 pagas o mensualidades de 85.000 pesetas. Dicha retribución se actualizará anualmente de acuerdo con los índices de subida salarial de los empleados de dichos centros hospitalarios".

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En toda España —donde siete de cada 10 ciudadanos se declaran católicos, según el CIS—, hay cerca de 900 religiosos de la Iglesia católica que dan asistencia en hospitales públicos y privados, apoyados por unos 3.000 voluntarios. En Madrid, según el convenio publicado, son 53 capellanes a tiempo completo, 20 a tiempo parcial, siendo La Paz el que más tendrá según las ratios (ocho capellanes a tiempo completo), seguido del 12 de Octubre, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, con cinco cada uno. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo y según cifras que daba 'El Mundo' el pasado enero, son 33 capellanes a tiempo completo y más de 40 a tiempo parcial.

¿Y el resto de confesiones?

¿Y qué sucede con el resto de confesiones? Pues también otra ley del Gobierno socialista de González, de 10 de noviembre, aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España en la que, en el punto 9.3, dejaba claro, al contrario que con los católicos, que "los gastos que origine el desarrollo de la asistencia religiosa serán sufragados en la forma que acuerden los representantes de la Comisión Islámica de España con la dirección de los centros y establecimientos públicos, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en dichos centros o establecimientos". Es decir, el Estado no asumía esos gastos. De hecho, en 2019, la Comisión Islámica firmó un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid para que sus imanes puedan asistir religiosamente a sus fieles ingresados, eso sí, sin recibir dinero público por ello.

Tanto evangélicos como musulmanes tienen acuerdos con la Comunidad de Madrid para asistir a los ingresados, pero ambos corren con sus gastos

Por su parte, el Consejo Evangélico prorrogó el pasado 1 de junio el convenio de asistencia con la Comunidad de Madrid que mantiene desde julio de 2015. Los evangélicos, en 2011, ya contaban con 135 capellanes y asistentes voluntarios "especialmente formados" para dar servicios religiosos en los hospitales. Entonces suponían un gasto de 51.300 euros que corrían a cargo del Consejo Evangélico de Madrid.

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