La esquizofrenia fiscal de Ana Duato: ganó en el tribunal de Hacienda y ahora la acusan

El pasado 11 de junio, la Audiencia Nacional ordenó la apertura del juicio oral contra Ana Duato, Imanol Arias y otros 29 clientes y empleados del despacho de abogados Nummaria. La Fiscalía Anticorrupción pide en el marco de esta causa 32 y 27 años de prisión respectivamente para los protagonistas de 'Cuéntame' por una supuesta evasión de impuestos llevada a cabo con la ayuda de una red societaria creada por el mencionado bufete, que según el ministerio público habría trazado planes similares para el resto de clientes.

Anticorrupción considera que Duato ha cometido siete delitos fiscales al ocultar retribuciones en su declaración de la renta de los ejercicios de 2010 a 2017. La finalidad de este plan, según la Fiscalía, fue "evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta le generaba". En total, el ministerio público sostiene que la actriz dejó de ingresar en las arcas públicas 1,9 millones de euros.

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Sin embargo, la base de la acusación de la Fiscalía contra Duato tiene un serio problema. Según ha podido saber El Confidencial, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEAR, adscrito a Hacienda) considera que Duato abonó correctamente los impuestos a los que estaba obligada en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, precisamente los que dieron origen al procedimiento penal. En una resolución fechada el pasado 29 de octubre, entiende, por lo tanto, que los 970.300 euros que Duato pagó para corregir esa diferencia que Hacienda consideraba que le faltaba para estar al día le deben ser devueltos a la protagonista de 'Cuéntame'.

Así lo explica la propia Agencia Tributaria en un escrito presentado el pasado mayo ante la Audiencia Nacional por su representante legal, la Abogacía del Estado, que, a pesar de admitir en el mencionado documento la inexistencia de ilícito alguno, sigue adelante con la acusación contra Duato. En ese escrito, Hacienda explica que el TEAR acordó devolver los 970.300 euros a la actriz. "Vista la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de octubre (...) se dicta acuerdo de ejecución de resolución de 10 de febrero de 2020 que anula el acuerdo de liquidación dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid relativa al IRPF de 2010, 2011 y 2012 por importe de 970.297 euros, confirmando las autoliquidaciones presentadas por Ana Duato", explica el citado documento.

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"Procede reconocer a la obligada tributaria su devolución, junto con los intereses de demora correspondientes", añade el escrito de Hacienda, al que ha tenido acceso El Confidencial, en referencia a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que anula de este modo la base de la acusación. Duato firmó en disconformidad las inspecciones que le hizo la Agencia Tributaria porque era el único modo de presentar posteriormente un recurso. Para recurrir, además, tuvo que abonar los 970.300 euros que Hacienda consideraba que sumaba la diferencia entre lo pagado y lo que la actriz debía a las arcas públicas.

Las actas de inspección que Duato firma en disconformidad, por otro lado, sirven para iniciar el procedimiento penal, que la Abogacía del Estado extiende posteriormente a los ejercicios de 2013, 2014, 2015, 2016 e incluso 2017, a pesar de que la operación de entrada y registro en Nummaria tuvo lugar en 2016, cuando la actriz y el resto de clientes acababan de presentar si acaso el IRPF de 2015.

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El caso Nummaria se encuentra a la espera de señalamiento de la vista oral después de que la Audiencia Nacional dictara auto de apertura de juicio el pasado 11 de junio. Además de Duato, Imanol Arias y otros 29 clientes y empleados del despacho se enfrentarán a diferentes delitos relacionados en su mayor parte con la Agencia Tributaria. La Policía irrumpió hace cuatro años en el bufete y meses después Anticorrupción concluiría que sus dueños habían generado mucha clientela a base de montarles estructuras societarias con entidades simuladas con el fin de permitirles ocultar sus ingresos y evadir el pago de impuestos, extremo que tendrá que confirmar la Audiencia Nacional.

Además de la acusación de la Fiscalía, que pidió 32 y 27 años de cárcel para Duato y Arias respectivamente, la Abogacía del Estado también presentó un escrito de acusación en nombre de la Agencia Tributaria en el que reclamaba 28 años de prisión para cada uno de los actores por considerar que entre ambos habían defraudado más de 16 millones de euros. En concreto, la Abogacía consideró que los dos cometieron cada uno siete delitos fiscales, uno por cada ejercicio analizado entre 2010 y 2016. La petición de pena del representante legal de la Agencia Tributaria es la más alta que se puede pedir para el tipo penal que la acusación imputa a los procesados.

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La paradójica situación de Duato no es la primera que se produce en España en procedimientos vinculados con la Agencia Tributaria. Según contó El Confidencial en noviembre de 2018, el piloto de motociclismo Sete Gibernau sufrió también una contradicción similar durante el procedimiento judicial en el que estaba acusado igualmente de evadir impuestos. En solo dos semanas, un juzgado de Barcelona y el Tribunal Económico Administrativo Central dictaron dos resoluciones contradictorias. Este último organismo argumentó que el certificado mostrado por Gibernau para demostrar que reside en Suiza en realidad no lo acredita. "Se aprecia por este tribunal que el interesado, con ánimo de evitar la tributación en España, llevó a cabo una serie de actos con la única finalidad de simular una residencia en Suiza que no era cierta", concluyó.

En el procedimiento que en paralelo llevaba el Juzgado de Instrucción 1 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) por un asunto similar, sin embargo, la sentencia fue diferente. "Sete Gibernau (...) tenía su residencia fiscal en el cantón suizo de Friburgo", resolvió este juzgado, que incluía en su análisis el año 2005, que es el que había abordado el mencionado Tribunal Económico de Hacienda que había resuelto precisamente lo contrario, una incoherencia que experimentó también el empresario Javier Merino, que fue absuelto en la vía penal de delito fiscal tras la acusación de Hacienda de simular su residencia en Cascais (Portugal) y condenado por el tribunal de la Agencia Tributaria por el mismo motivo.