Investigados dos cargos de El Corte Inglés por el amaño de concursos de Guardia Civil

Un juzgado de Madrid investiga desde hace días a dos directivos de El Corte Inglés en el marco de la operación Grapa —también denominada caso uniformes—, que investiga una trama de amaño de concursos en el seno de la Guardia Civil. Fuentes jurídicas explican que los dos altos cargos de la cadena de grandes almacenes son los apoderados Fernando Fernández Vidal y Eduardo Gálvez López. Ambos fueron detenidos el pasado miércoles junto a otras cinco personas por agentes de la Unidad de Asuntos Internos del instituto armado, que se encarga de las diligencias debido a que hay miembros del cuerpo implicados. El Corte Inglés no quiso comentar la noticia.

Los dos directivos fueron puestos en libertad provisional el pasado viernes, tras pasar a disposición del Juzgado 50 de Madrid, que instruye la causa y que obligó al segundo a acudir periódicamente con comparecencias 'apud acta'. Ambos tienen la condición de investigados en la causa que impulsa la Fiscalía Anticorrupción, que se deriva de unas pesquisas previas iniciadas en 2017, que llevaron a la detención de 14 personas —la mayoría funcionarios— por amañar contratos públicos que adjudicaban la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de la Policía. En aquel caso, un corredor de seguros está investigado por recibir las cuotas de funcionarios de la Policía Nacional que creían estar abonando un seguro que luego este intermediario en realidad no contrataba.

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Este hombre sí pagaba al facultativo del cuerpo integrado en la Jefatura Central de Logística e Innovación Juan Vicente Jiménez, que ha estado varios meses en prisión por este procedimiento, a cambio de que este le consiguiera agentes interesados en contratar un seguro. Tras interrogar a este último, a dos funcionarios que colaboraban con él y al propio corredor de seguros, los investigadores de Anticorrupción han podido cuadrar más piezas que han derivado en la actual causa.

Esta se centra ahora en la manipulación de adjudicaciones realizadas por parte de algunos altos cargos de la Dirección General de la Guardia Civil, que actuaban en connivencia con directivos de empresas como los mencionados de El Corte Inglés, que históricamente ha sido uno de los principales beneficiados por los concursos del instituto armado, sobre todo los que precisamente investiga ahora el Juzgado 50 de Madrid, que está analizando expedientes de contratación de la benemérita relacionados con el suministro de prendas de uniformidad para los funcionarios del cuerpo (pantalones, chaquetas o botas, entre otras).

Anticorrupción y el Juzgado 50 tratan de discernir si El Corte Inglés y los mandos de la Guardia Civil investigados amañaron los contratos para que no hubiera posibilidad de que entraran en juego otras mercantiles. No en vano, el mismo día que fueron detenidos los dos directivos de la compañía de distribución al por menor, también fueron arrestados dos oficiales del instituto armado. Se trata del coronel Juan Antonio Maroto y del teniente coronel Alberto Martín Altube, miembros del Servicio de Contratación de la Guardia Civil. Los dos llevan varios días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, pues son los únicos a los que el juzgado ha metido en prisión bajo fianza. El juez los investiga por posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, fraude, cohecho y blanqueo.

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En la operación que Asuntos Internos de la Guardia Civil desplegó la semana pasada, además de los detenidos de la corporación armada y de El Corte Inglés, también hubo algún directivo de otra mercantil que igualmente ha ganado concursos similares de la Dirección General durante los últimos años. El Confidencial no ha podido conocer la identidad de estos últimos altos cargos de esas sociedades, ya que la causa permanece secreta y el Juzgado 50 se niega a ofrecer información de momento. 'ABC' publicó la semana pasada que uno de estos empresarios investigados pertenecía a la mercantil sevillana Iturri, que también ha suministrado material a la benemérita durante años.

El Confidencial ha podido confirmar que la suma total de los contratos supuestamente amañados superaría el millón de euros, aunque la cantidad exacta está aún por determinar, ya que los investigadores analizan en estos momentos todas las adjudicaciones que han podido estar 'manchadas' por esta trama de funcionarios y directivos de empresas unidos para manipular los expedientes de contratación, que también conforman un número elevado de documentos. La Fiscalía Anticorrupción trata de encontrar pruebas que confirmen el pago de importantes cantidades de dinero por parte de las mercantiles implicadas a los dos altos cargos de la Guardia Civil. Según publicó 'ABC', en el registro de la vivienda de uno de ellos, los investigadores encontraron 30.000 euros en metálico que Asuntos Internos considera que podrían provenir del supuesto pago por parte de las empresas a cambio de las adjudicaciones.