El TSJC cita a Torra como imputado el 23 de septiembre por no retirar la pancarta

Quim Torra ya tiene fecha para declarar como imputado en su segunda causa por desobediencia: el 23 de septiembre a las 10:00 horas, el 'president' tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para someterse a un interrogatorio por lo ocurrido en septiembre de 2019, cuando se negó a quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los "presos políticos" de la fachada del Palau de la Generalitat después de que el tribunal se lo solicitara.

El choque se produjo después de que el TSJC estimara las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumentaba que estos símbolos incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. El 'president' anunció entonces que no iba a cumplir el mandato y denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión".

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El 6 de julio, desde el TSJC anunciaron que le tomarían declaración como imputado y, desde entonces, han intentado sin éxito cuadrar una fecha para la cita. "Se han hecho gestiones con la oficina del MHP de la Generalidad de Cataluña para fijar una fecha para su declaración en calidad de investigado que hiciera compatible el cumplimiento de esta obligación con el ejercicio de sus obligaciones públicas", explica el letrado del TSJC. "A pesar del tiempo transcurrido, a día de hoy, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de dicha oficina".

El juez instructor, Ramos Rubio, había decidido fijar una fecha por sí solo para el próximo 29 de julio, pero ante la imposibilidad por la agenda oficial, la ha vuelto a cambiar al 23 de septiembre. "Se ha acordado fijar la nueva fecha de declaración para el próximo 23 de septiembre, que era otra de las fechas propuestas por el magistrado instructor y que no se encuentra comprometida por la agenda oficial del 'president", explica. El magistrado también acuerda la personación como acusación popular de la asociación Impulso Ciudadano después de que hayan depositado la fianza requerida.

El pulso por la pancarta

La investigación se remonta a cuando la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano. Frente a la solicitud de retirar los símbolos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

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Pese a la orden del tribunal de retirar la pancarta del Palau, el 'president' respondió una vez más con un desafío. El 20 de septiembre, el TSJC le dio 48 horas para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los 'presos políticos' de la fachada del Palau. Lejos de obedecer el mandato, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión", para lo que presentó los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

El 27 de septiembre, expirado ya el plazo, el tribunal ordenó entonces que los Mossos d'Esquadra retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del Palau sobre las 15:30. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: a las 18:00, colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.