PSOE y PP negocian para salvar la comisión de reconstrucción con un mínimo acuerdo

Una vez superada la tregua de las elecciones vascas y gallegas, PSOE y PP han contactado y han empezado las reuniones estos días para retomar las negociaciones sobre la llamada comisión de reconstrucción e intentar cerrarla la próxima semana, al menos con un acuerdo mínimo, según fuentes de ambos partidos.

Se vota el martes 21 el texto que salió de la comisión sobre el que no pudo haber acuerdo antes y, por tanto, no fue posible que los dos principales partidos votaran juntos a favor. Será la última votación trascendente en el Congreso antes del paréntesis de agosto y hasta que se reanude la actividad parlamentaria en septiembre.

La comisión dividió sus trabajos en cuatro temas: económico, asuntos sociales, sanitarios y Europa. Los dos partidos admiten que han tirado la toalla para que haya acuerdo sobre economía y temas sociales. Y ni lo intentarán, lo que anticipa la imposibilidad de acuerdos transversales para los Presupuestos. Ya desde el principio, comprobaron que era imposible y hasta Ciudadanos, que había pactado con el Gobierno un acuerdo, se alejó del texto sobre política social porque se excluye de las ayudas la educación concertada.

Ahora, el PSOE lamenta que el PP haya incluido en un único paquete las conclusiones sobre Europa y las sanitarias. Explican que no hay ninguna discrepancia sobre este tema y que, por lo tanto, es inexplicable que no haya un acuerdo.

Sobre el grupo de trabajo de medidas sanitarias, solo hay dos escollos que hasta ahora han resultado insalvables: los copagos y la creación de una Agencia de Salud Pública. En el resto, hay acuerdo sobre un conjunto de medidas para reforzar la sanidad pública, crear un cuerpo de 'reservistas' sanitarios, un almacén de material y hasta la posibilidad de estudiar reformas legales para hacer frente a situaciones como la vivida con el coronavirus, sin necesidad de declarar el estado de alarma.

Respecto a los copagos, el texto pactado y aprobado por PSOE y Unidas Podemos propone su eliminación total, mientras que el PP defiende que deben mantenerse para algunas situaciones. En este caso, el acuerdo solo puede venir de la renuncia de alguna de las dos partes y los partidos que apoyan al Gobierno lo consideran irrenunciable.

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La otra diferencia básica es la referida a la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial, que, según la propuesta del PP, estaría bajo mandato de la Administración del Estado, pero con representación de las comunidades autónomas y una unidad de seguimiento de pandemias. En este punto, el Gobierno ha encontrado el rechazo frontal de los partidos que lo apoyan habitualmente, que consideran que puede ser una cesión de competencias autonómicas al Estado que no admiten.

Por eso, el PSOE ha intentado rebajar esa petición. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo referencia, en su comparecencia en esa comisión el 16 de junio, a la posible creación de un centro similar. Habló de un Centro Estatal de Salud Pública, ya previsto en la Ley General de Salud Pública, pero que ningún Gobierno anterior, ni del PSOE ni del PP, ha querido desarrollar.

La ley de octubre de 2011 señala que “el Centro Estatal de Salud Pública se adscribe al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, actuando bajo las directrices del centro directivo responsable de la salud pública” y “tiene como objetivo el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado. Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones”. A esta literalidad se aferra el PSOE para rechazar la agencia que pide el PP. Los dos partidos aseguran que su voluntad es llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos.