Los 'sabios' de RTVE, contra los letrados por querer "destruir" su trabajo e "ignorar la ley"

La renovación de RTVE no ve la luz. Lleva atascada más de dos años y, a cada paso, más embrollo. La solución planteada por los letrados del Senado para escapar del laberinto ha sido contestada con contundencia por sus directos interpelados, 13 de los 17 miembros del comité de expertos, los que hicieron la criba de 20 candidatos de entre los 95 solicitantes iniciales. Los 'sabios', en una contundente misiva, cargan contra los servicios jurídicos de la Cámara Alta por entender que quieren "destruir" y "derribar" el trabajo que ellos realizaron en el segundo semestre de 2018 y por "ignorar" parte de la ley que regula la corporación pública.

El conflicto se veía venir y ahora ha estallado. La Comisión Mixta Congreso-Senado de esta XIV Legislatura encargó a los letrados —en este caso, del Senado, porque el presidente del órgano, el socialista Antonio Cosculluela, es parlamentario en esa Cámara— que buscasen una salida al atolladero, cómo desliar la madeja de un concurso público que arrancó hace dos años y que no ha visto fin. En diciembre de 2018, el comité de expertos que los grupos habían elegido para evaluar a los 95 candidatos emitió su dictamen y seleccionó a los 20 que habían quedado mejor calificados y con una nota por encima de 65 puntos. El siguiente paso es que, de entre esos 20, fueran nombrados los diez consejeros de administración (seis votados por el Congreso y cuatro por el Senado).

Para los letrados de la Cámara Alta, los 'sabios' se equivocaron al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 puntos o más, al fijar por tanto "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido". "Incluso si admitimos un alto grado de autonomía a la hora de puntuar los criterios valorables". Los servicios jurídicos se preguntaron, en su escrito de marzo pero conocido el pasado 26 de junio, si las Comisiones Consultivas de Nombramientos de Congreso y Senado "están vinculadas" por la relación de los 20 seleccionados que los expertos encontraron idóneos o si, por el contrario, han de llamar a comparecer "a todos o a algunos de los candidatos admitidos al concurso y que han sido baremados" por el comité.

Los expertos ya han dirigido su "queja y firme protesta" a las presidentas de Congreso y Senado y al presidente de la Comisión Mixta de RTVE

Los juristas de las Cortes, de hecho, apostaban por esta vía, porque permite salvar un escollo adicional. De los 20 elegidos, ya solo quedan 19, pues la mejor situada, la periodista Alicia Gómez Montano, exdirectora de 'Informe semanal', falleció en enero de este año, de manera que solo quedan tres mujeres. Dado que el consejo de administración de RTVE futuro ha de componerse de diez miembros y ha de guardarse la paridad —una representación de cada sexo no inferior al 40% y no superior al 60%—, resultaba ya materialmente imposible cumplir con esta. Esas tres mujeres solo serían un 30% de la cúpula. El Gobierno de coalición defiende que ha de respetarse el equilibrio de sexos, así que la alternativa que se abría paso es la de que los grupos convocaran a todos los aspirantes (94, dada la muerte de Gómez Montano) y seleccionaran de entre ellos a los diez consejeros, ignorando el criterio de los expertos.

El dictamen de los letrados ha indignado a los expertos que en julio de 2018 eligieron las fuerzas políticas para poner en marcha el concurso público. Este lunes, 13 de julio, 13 de los 17 integrantes de aquel órgano —entre ellos, su presidente, Diego Carcedo, y su secretario, Enrique Bustamante, y Carmen Caffarel, última directora general del ente público (2004-2007)—, entregaron un durísimo escrito de tres páginas a las presidentas de Congreso y Senado, las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop, y al presidente de la Comisión Mixta, Antonio Cosculluela, en el que expresan su "queja y firme protesta" ante el informe jurídico de los letrados del Senado. Escrito al que tuvo acceso este diario [aquí en PDF].

"Opciones contradictorias"

Los expertos cargan contra la principal acusación de los juristas de la Cámara Alta, que se excedieron del mandato recibido por las Cortes y que incluyo sustrajeron de su competencia a las Cámaras. Todo ello para, "tras enunciar opciones contradictorias confusamente amparadas en la misma normativa, defender finalmente la anulación práctica total del concurso público, y animar a la Comisión de Nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente".

Los 'sabios' se reivindican primero a sí mismos. Recuerdan que fueron elegidos por todo el abanico parlamentario de 2018 —o sea, que su composición era plural—, que trabajaron de forma "altruista durante seis meses y siete reuniones plenarias en el Congreso" para evaluar los currículos y los proyectos de gestión de un centenar de candidatos, y fueron asistidos en todo momento, y "con especial excelencia" por dos letrados de la Cámara Baja, primero Clara Garrido y después Ignacio Carbajal.

Los firmantes entienden que los nuevos letrados "parecen desconocer los antecedentes", hasta el punto de argumentar con "criterios contradictorios"

También los entonces presidentes de la Comisión Mixta (los populares Antonio González Terol y Jordi Roca) "elogiaron públicamente" la labor del comité y el "consenso general" que había demostrado. Esta es una cuestión en la que inciden distintos miembros consultados por este periódico: que no dieron ningún paso sin la asistencia de los letrados, que incluso hicieron "bastantes objeciones", y que siempre se trabajó buscando el acuerdo y sin dificultades.

Pero Garrido y Carbajal son "dejados de lado", denuncian, y son sustituidos por otros procedentes del Senado, María Teresa González Escudero e Ignacio Navarro Mejía. En realidad, lo que ocurrió fue que la Comisión Mixta pasó a depender del Senado, al pertenecer a esa Cámara Cosculluela, de ahí que la asistencia letrada haya cambiado. Los firmantes entienden que los nuevos juristas "parecen desconocer absolutamente los antecedentes", hasta el punto de "volver a pedir actas ya entregadas" y llegar a argumentar con "criterios contradictorios" para "intentar destruir todos los resultados del comité de expertos".

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"Vulneración del marco normativo"

Según el escrito, los letrados "ignoran así sorprendentemente las disposiciones transitorias de la ley 5/2017", la norma que reformó la ley de RTVE. Ese texto de 2017 fue el que introdujo, con amplísimo consenso de los grupos, el concurso público y la exigencia de participación de un comité de expertos obligado a hacer públicos sus "informes de evaluación". También juzgan que se olvida la resolución de las Mesas de Congreso y Senado del 10 de julio de 2018 que estableció que el comité "emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes, junto con una relación de los mismos en función de la puntuación obtenida".

Los expertos insisten en que siguieron los pasos de los servicios jurídicos y avisan de una salida prevista ya en 2018: la cobertura de vacantes

Los expertos subrayan que eso fue lo que hicieron: publicaron todas sus decisiones, los baremos precisos —eso sí, después de que se presentaran los candidatos—, y las notas de los proyectos de gestión que los aspirantes debían presentar, documentos que se calificaron a ciegas, para preservar la imparcialidad de proceso. También se publicó la relación final de elegidos (y los descartados por tener una puntuación inferior). Todo ello sin que "ninguna instancia oficial" —ni las Mesas de Congreso y Senado, ni la Comisión Mixta, ni los letrados— planteara "objeción alguna", porque el comité "siguió en todo momento el consejo y criterio que les fueron sugeridos por los propios servicios jurídicos de las Cortes Generales".

Mamen del Cerro, nueva directora de Informativos de RNE

Ignacio Elguero, nuevo director de RNE, ha elegido a quien será su mano derecha, la directora de Informativos de la radio, en sustitución del cesado Raúl Heitzmann. Es Mamen del Cerro, periodista que lleva casi cuatro décadas ligada a RTVE, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ya ejerció ese cargo, primero como subdirectora y luego como directora de Informativos de RNE, entre 2004 y 2008. Desde este año hasta 2010 fue corresponsal de la radio pública en Washington. 

🔹Mamen del Cerro, nueva directora de Informativos de RNE.

🔹Ya desempeñó este cargo entre 2004 y 2008, primero como subdirectora y más tarde como directora.

 

Del Cerro fue jefa del área de Política de RNE en los años 90, y más tarde, entre 2010 y 2012, corresponsal parlamentaria del Canal 24 Horas de TVE. Licenciada en Periodismo por la Complutense, en sus casi 40 años en la casa (llegó a ella en 1983), ha sido editora adjunta del 'Diario 14 Horas' y de Radio 5 Todo Noticias. En los últimos años, ha formado parte del equipo del programa ‘Documentos RNE’, el único espacio de la radio española que se dedica al documental sonoro. El nombramiento de Del Cerro sigue al de Pep Vilar como director de Informativos de TVE, acogido con tibieza por la plantilla. 

¿Y qué pasa con las mujeres? Los firmantes sostienen que no tenían forma humana de discriminar por sus puntuaciones a la minoría de candidatas presentadas. Los proyectos de gestión se evaluaron sin conocer quién lo presentaba. Pese a todo, alegan, se preseleccionó a cuatro mujeres que hubieran podido cubrir el 40% legal, de no haber fallecido Gómez Montano. Para los expertos, resulta "llamativo" que los letrados ni siquiera citen una posibilidad que recogieron las Mesas de Congreso y Senado en su resolución de 10 de julio: que si tras la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE quedaran aún "plazas vacantes en el mismo", se procederá, por las presidencias de las Cámaras, a "abrir un nuevo plazo para la presentación de candidatos".

El propósito, arguyen, es "apuntalar su propuesta de derribar todas las actuaciones del comité de expertos", que entienden que "no se sustenta jurídicamente" y que supondría una "grave vulneración del marco normativo".

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Que "culminen" el proceso

Pero los 13 firmantes lanzan una acusación muy gruesa. Así, les llama la atención la "coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de los 'lobbies' e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE, instando a una regresión hacia su principal enfermedad endémica: miles de profesionales y directivos honestos y eficaces, malogrados frecuentemente por cuotas de militantes partidistas —con mayoría gubernamental— en la alta dirección y el consejo de administración, muchas veces sin experiencia ni conocimientos del audiovisual, que provocaron ruinas financieras, manipulaciones exacerbadas y deterioro acentuado del prestigio del servicio público". Los expertos sostienen que el concurso es una "buena fórmula para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo y las mayorías parlamentarias absolutas", y lograr que los nombramientos se realicen únicamente por "criterios de profesionalidad y garantía de buen gobierno".

El escrito denuncia la coincidencia del informe con "los 'lobbies' que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE"

Los 'sabios' se desahogan, por último, recordando la situación de interinidad de RTVE, ya que supone un "desprecio" para la avanzada legislación española de 2006 y 2017-2018. Recuerdan que la actual dirección interina, encarnada por la administradora provisional única, Rosa María Mateo, en el cargo desde hace dos años, no tiene un órgano de control (el consejo de administración). La corporación está "aquejada por una grave crisis interna y una caída acusada de sus audiencias que amenazan su peso social y hasta su propia supervivencia. Ignorar el concurso público —como sugieren los letrados— y los "drásticos cambios legales de fondo que exigiría esa contrarreforma" podrían suponer, a juicio de los firmantes, el "fin de toda esperanza sobre su esencial función democrática en nuestra sociedad". Es decir, que de la viabilidad de la convocatoria pública depende el ser y no ser de la propia RTVE.

El escrito finalmente pide a sus señorías que culminen el proceso de concurso público que ellos iniciaron en 2018, eligiendo con el "máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE". Esa sería la "mejor gratificación" por la labor que hicieron y la "mejor contribución a la regeneración democrática" de la corporación.

La misiva a Batet, Llop y Cosculluela la suscriben 13 de los 17 miembros del comité que fueron elegidos en 2018: además de su presidente y secretario, Diego Carcedo y Enrique Bustamante —propuestos por PSOE y Unidas Podemos, respectivamente—, se adhieren María José Bernal, Mauricio Fernández y Jesús María Mellado —aupados por el PP—, Carmen Caffarel y Josep Lluís Micó —designados por los socialistas—, Sandra Fernández (avalada por PP y Cs), Francisco Sierra (nombrado por Podemos), Estefanía Jiménez (propuesta por PNV), Isabel Tajahuerce (señalada por PSOE, UP, PNV y Nueva Canarias), Enric Marín Otto (ERC) y José María Noguerol (Nueva Canarias).

"El ataque no tiene nombre"

Quien no firma el texto es Isabel Fernández Alonso, experta propuesta por Ciudadanos. Ella remite a la Mixta su propia carta [aquí en PDF], en la que manifiesta que cree que la decisión de declarar idóneos solo a 20 candidatos "se debería haber recurrido (cosa que no sucedió) "dentro del plazo de diez días establecido en la resolución del comité de expertos de 10 de agosto de 2018 por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos". Es decir, que la interpretación que hizo el comité sobre el comité de expertos deviene "firme" al no haber sido impugnada "en tiempo y forma". También añade que no ve con qué "argumento jurídico las cuotas de género han de primar sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad". La ley de RTVE sí obliga, en su artículo 10, a que se respete el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición del consejo de la corporación.

Otra experta firma su propio escrito en el que pide a la Mixta que respete el proceso y que una vez cerrado explore las vías para corregir las fallas

Fernández Alonso ruega a los miembros de la Comisión Mixta que respeten la evaluación que los expertos hicieron porque su trabajo siempre se guio por las "recomendaciones de los asesores legales". "Resulta perentorio cerrar este proceso y sería idóneo hacerlo con un amplio consenso". La profesora titular de Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona también apunta a una salida: que cuando se cierre el actual proceso de elección del consejo de administración, se promueva un debate en las Cámaras para la "reforma del procedimiento seguido" para evitar que "las fallas advertidas se reproduzcan". Fuera de estos dos escritos quedan dos expertos propuestos por el PP (Andrés Martín Velasco, exconsejero de administración de RTVE, y Juan Roldán) y el aupado por el PDeCAT, Toni Folguera.

En cualquier caso, la indignación de los 'sabios' es mayúscula. Varios de ellos, consultados por este diario, coinciden en el análisis: los letrados pretenden tirar por tierra la labor de criba que ellos ejercieron del brazo de ellos mismos. "Siempre ha habido consenso entre los expertos y las discrepancias las solventábamos con mucho diálogo. Lo de los letrados atacando nuestra labor no tiene nombre", sentencia contundente uno de ellos.

El umbral de los 20 idóneos ya fue aceptado por la Comisión Mixta en noviembre de 2018

La fijación de un umbral de 20 candidatos idóneos, entendiendo como tales a los que superasen una puntuación de 65 puntos sobre 100, ya fue conflictiva desde el principio de la andadura del concurso público. 

Uno de los aspirantes, Jaime Nicolás Muñiz, alto funcionario del Estado, recurrió el 30 de agosto de 2018 la decisión del comité de expertos por la que se aprobó la baremación de los solicitantes. El aspirante entendía que una criba de 20 candidatos "supone otorgar al comité de expertos unas facultades de las que carece", ya que esa decisión competería a los plenos de Congreso y Senado. 

Sin embargo, la Comisión Mixta desestimó esa impugnación en su reunión 28 de noviembre de ese año. Alegó [aquí en PDF] que el comité de expertos, "en el ejercicio de su autonomía", decidió cómo delimitar el concepto de idoneidad de los aspirantes. Una delimitación que "responde además a la lógica que se deduce del propio procedimiento de selección". La participación del comité de expertos, esgrime, solo tiene sentido si hace una preselección de los mejores solicitantes para que comparezcan ante las Comisiones Consultivas de Nombramientos de Congreso y Senado. 

Si el comité no hiciera esa criba de 20 y considerara a todos los candidatos idóneos, al margen de su puntuación (como ahora plantean los letrados), los plenos de las Cámaras podrán seleccionar a cualquiera de los aspirantes. En ese caso, sigue el texto, la participación del comité de expertos sería "meramente testimonial y sin consecuencias para el resultado final de la selección".

Es decir, que en 2018 la Comisión Mixta ya validó que se hiciera esa relación de 20 a partir de una "valoración objetiva de méritos". Por tanto, para "aunar el principio de mérito y capacidad con la decisión final de oportunidad política", es "ineludible" una "preselección de los candidatos" basada en sus méritos. Este escrito, al que ha tenido acceso este diario, por tanto, viene a reforzar el escrito del comité de expertos registrado este 13 de julio.