La Fiscalía denuncia al expresidente de EFE por contratos opacos con un sindicalista

La Fiscalía ha denunciado al expresidente de EFE José Antonio Vera y a uno de los sindicalistas que negociaron el ERTE de la agencia en 2012, Carlos Ponce Domínguez, por un delito contra la Administración pública. La denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, aborda una serie de contratos que EFE otorgó a Ponce por valor de un millón de euros después de que este participara como asesor de UGT en la aprobación del ERTE. Según sostiene la Fiscalía, "la forma en que se producen las contrataciones y la ausencia de prueba del valor real de los servicios efectuados en contraprestación con el dinero percibido" pueden haber ocasionado "un perjuicio patrimonial en la Agencia EFE por parte de quien tenía encomendada la dirección de la misma [José Antonio Vera Gil]". En conversación con este diario, el expresidente niega que estos contratos causaran perjuicio alguna a la agencia y muestra su "total disposición" a colaborar con la justicia para aclarar los hechos.

El escrito llega después de que EFE denunciara estos contratos en marzo de 2019, cuando José Antonio Vera ya había sido sustituido como presidente por el periodista Fernando Garea, actual adjunto al director de El Confidencial. "Dice la entidad denunciante que en las dependencias de la Agencia EFE se halló documentación que pone de manifiesto que el señor Ponce, individuamente o como apoderado de la empresa C&E, había concertado con la Agencia EFE los siguientes contratos", explica el Ministerio Público antes de detallar la relación laboral entre el sindicalista y la empresa pública, que consistió en una serie de contratos firmados entre 2013 y 2015 por valor de 1,04 millones de euros.

En 2012, con el periodista José Antonio Vera como presidente, EFE acordó con los sindicatos un ERTE que incluía bajadas de sueldo, prejubilaciones y reducciones de jornada masivas para evitar despidos. El acuerdo se produjo en el verano de 2012 y uno de los negociadores por parte de UGT fue Carlos Ponce, entonces responsable de Medios del sindicato para toda España. Ponce no era trabajador de EFE, pero acudió como asesor y tuvo un papel destacado en la negociación, llegando a firmar el ERTE. Poco después, en octubre de 2012, cesó su relación con el sindicato, y en enero de 2013 se cerró el primer contrato ahora investigado entre EFE y su empresa, Creatividad y Empleo SL (C&E).

Pese a ello, Vera niega que la contratación de Ponce tuviera relación alguna con el papel que jugó en las negociaciones. "Este señor participó como asesor de UGT, lo mismo que había un montón de asesores por parte de UGT, de Comisiones Obreras y de los otros sindicatos que estaban allí representados", argumenta. "No tienen absolutamente nada que ver [los contratos con el ERTE]. ¿Qué pasa, que el señor Ponce tenía predicamento sobre las treinta y tantas personas que firmaron el ERTE? Tendría este señor que tener una capacidad de influencia que francamente creo que no. Además, en las negociaciones yo no participé, a mí me informaban los directivos. Al señor Ponce yo no le conocía de nada hasta que vino después con un proyecto que nos cuadraba mucho".

Más allá de la participación de Ponce en las negociaciones del ERTE, la Fiscalía apunta a que los contratos que se firmaron con el sindicalista no reportaron beneficio alguno a la agencia: "Por los procedimientos ordinarios, no hay constancia de que desde 2013 se haya realizado por la Agencia EFE ninguna actividad gracias a la intervención de Carlos Ponce o de C&E". En cuanto a uno de los contratos que se firmaron en 2015, apunta a que "C&E tampoco ha logrado atraer ningún accionista ni cliente" con el mismo. Vera, sin embargo, niega esta tesis y asegura que la contratación de Ponce benefició a la agencia: "No se produjo ningún perjuicio para EFE ni para la administración pública en la medida en que los contratos que generó el señor Ponce y la empresa con la que trabajaba supusieron unos ingresos cuantiosos, muy superiores a lo que supuso el coste del servicio que prestaba". El Confidencial también se ha puesto en contacto con Ponce, pero no ha obtenido respuesta por su parte.

Los contratos investigados

En su denuncia, la Fiscalía explica que la empresa de Ponce, Creatividad y Empleo SL (C&E), es "una entidad consultora especializada en la creación, gestión y desarrollo de proyección en medios de información y comunicación, incluyendo aquellos especialmente dirigidos al mercado audiovisual y el desarrollo de la comercialización de productos asociados con carácter internacional". El primer contrato investigado se remonta al 3 de enero de 2013: fue adjudicado a C&E por procedimiento negociado sin publicidad, tuvo una duración trimestral con nueve prórrogas y se cerró sin pliegos y sin que conste informe jurídico.

"Por la Agencia EFE SA, intervinieron su presidente, D. Jose Antonio Vera, y su director gerente, D. Ignacio Sanz Cerezuela, y por parte de Creatividad y Empleo (C&E), D. Nicolás Martí", explica el Ministerio Público. En lo que se refiere a la participación de estos altos cargos de la agencia, la Fiscalía considera que se trata de "personas que no contaban con poder para obligar a la empresa pero que contaban con la autorización del denunciado Sr. Vera y actuaban bajo la confianza que les depositaba el mismo", por lo que solo denuncia a Vera y al sindicalista.

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El segundo contrato investigado se cerró el 1 de enero de 2015: tuvo una duración trimestral y, una vez más, se cerró sin pliegos y sin informe jurídico. Por la Agencia EFE, intervino Miguel Ángel Muñoz Sánchez, mientras que por Creatividad y Empleo lo hizo el propio Carlos Ponce Domínguez. Según explica la Fiscalía, por estos contratos de 2013 y 2015, "la Agencia EFE ha pagado 509.360 euros".

El tercer contrato investigado se firmó el 1 de junio de 2015, con Carlos Ponce ya radicado en Berlín. Por la Agencia EFE, intervino el director de Recursos e Infraestructuras, Francisco Javier Aycart, y el acuerdo se modificó con una adenda de misma fecha "para contratar a Carlos Ponce, en tanto se constituía la sucursal de la agencia en Berlín, que aún estaba en trámite cuando se firmó el contrato laboral radicado en Alemania". Según explica la Fiscalía, el pago de estos contratos adoptó la forma de “anticipos de salario”, que desde junio de 2015 a septiembre de 2016 alcanzan los 138.134,23 euros.

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En marzo de 2019, Ignacio García Sevilla, delegado de UGT en el comité intercentros, explicó a este diario que en 2014 estos contratos llegaron a oídos del comité de EFE y pidieron explicaciones a la dirección: "Nos llegó en runrún de que Carlos Ponce había estado en EFE. Fuimos a hablar con la empresa. Nos dijeron: 'Funciona muy bien, tiene muy buenos contactos, es muy buen comercial, puede ser bueno para EFE porque estamos ampliando mercados'. Entonces les dijimos que eso no podía ser, que no tenía un pase. Que ni ética ni estéticamente tenía un pase que alguien que ha ejercido de asesor en un ERE, aunque solo haya sido de asesor, aunque su firma no haya sido necesaria para sacarlo adelante, cobrase de EFE".

Según explicó entonces García Sevilla, la empresa les dijo que "se había dejado en suspenso" esa relación laboral con Ponce, pero como recoge la Fiscalía, se firmó un cuarto contrato: esta vez, en lugar de con la Agencia EFE, se hizo con European Pressphoto Agency BP (EPA), una "compañía europea que presta servicios de comercialización de fotografía y vídeo de ámbito mundial (participada de EFE y C&E)". La denuncia apunta a que el objeto del contrato fue "idéntico a los dos primeros" y que "se articuló indebidamente a través de un procedimiento negociado sin publicidad". EFE, como responsable subsidiaria del pago, abonó entonces 399.457,77 euros desde el 26 de julio de 2016 al 28 de agosto de 2018". La Fiscalía, sin embargo, subraya que "existe un documento en el que parecen compensarse cantidades debidas por este contrato entre EPA y C&E con las cantidades que percibió Carlos Ponce como anticipo de salario".

A la vista de estos hechos, la Fiscalía presentó su denuncia el 30 de enero, en la que pide que se tome declaración a Vera y Ponce por un posible delito contra la Administración pública. "Mi disposición de colaboración con la justicia y el magistrado instructor es total para poner de manifiesto que la denuncia es totalmente falsa y no ha habido irregularidad alguna, desde luego por mi parte", sostiene Vera.