La concertada atasca los pactos de Gobierno y Cs: "Si no hay algún gesto, no apoyaremos"

Las negociaciones del Gobierno y Ciudadanos sobre los dictámenes de la reconstrucción económica y social —que se aprobarán finalmente en un pleno el día 22 de julio después de finalizar los trabajos de la comisión— siguen atascadas en la educación concertada y especial. Es el gran escollo, y en la formación de Inés Arrimadas, la que más ha respaldado al Ejecutivo dando su apoyo a tres de los cuatro documentos, reconocen que se trata de un asunto imprescindible para ellos. No hablan de líneas rojas, “seguimos negociando”, pero dejan claro que hará falta “un gesto”, “un matiz”, en el que no queden fuera los alumnos afectados.

Este miércoles, el grupo parlamentario naranja registró un voto particular para el bloque relativo a educación dentro del documento social. En el resto de cuestiones, el entendimiento está cerca, lo dan casi por hecho. Pero el objetivo del voto particular implica que, en caso de no haber acuerdo, los grupos deberán debatir y pronunciarse en el pleno uno a uno sobre la cuestión de excluir la educación concertada de las ayudas poscovid. Y para Ciudadanos, reconocen, será una oportunidad de defender su postura.

En realidad, los defensores de mantener las ayudas a la concertada, igual que el apoyo necesario a los centros de educación especial, tienen un amplio espectro de apoyos. El PP defiende la misma posición y también grupos que van desde los independentistas de JxCAT al PNV. De hecho, Ciudadanos y el partido de Torra se han encontrado en más de una ocasión en votaciones similares durante legislaturas pasadas.

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Además, la formación naranja tiene otra baza para forzar que el Gobierno recule. El documento social fue el que menos apoyos recabó la semana pasada en la última sesión de la comisión de reconstrucción. Tan solo contó con 155 votos afirmativos (los de PSOE y Unidas Podemos). Salió adelante gracias a la abstención de otros grupos, que decidieron no poner palos en las ruedas, sin mostrar tampoco un respaldo como tal. El grupo parlamentario de Arrimadas entiende que el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo por contar con más apoyos en el pleno, especialmente en un ámbito que lleva un sello del Gobierno de coalición.

“La incomprensible cerrazón” de los dos partidos del Ejecutivo, insisten, motiva su voto particular. Aun así, fuentes de la negociación reconocen que las conversaciones continúan y mantienen la esperanza de avanzar. También existen diferencias dentro de la propia coalición: Unidas Podemos considera una línea roja diferenciar la educación pública de la concertada (Ciudadanos mantiene que la concertada también forma parte de la escuela pública) y creen que el PSOE estaría dispuesto a cambiar algunos conceptos. Sin embargo, la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, fue taxativa el viernes pasado: “Eso no se va a tocar”, respondió a las preguntas de si había margen de negociación en lo que respecta a la concertada.

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El partido naranja sostiene que si los grupos políticos se han propuesto “no dejar a nadie atrás”, “no alcanzan a entender qué razones pueden impulsar a los grupos que sostienen al Gobierno plantear unas propuestas de resolución que literalmente excluyen a decenas de miles de estudiantes de las ayudas que puedan articularse” para superar la crisis del coronavirus. “Esta exclusión fundada únicamente en ideología choca con ese principio y es incompatible con la voluntad de consenso y acuerdo que sí ha podido alcanzarse en otras materias igualmente relevantes”, insisten en la exposición de motivos del voto particular.

“Menos aún alcanzamos a entender la negativa insistente de esos grupos a considerar las enmiendas presentadas que simplemente buscan corregir la discriminación que comportan sus propuestas”, se reafirman. Entre sus propuestas de resolución, se encuentran la modificación de los apartados educativos, insistiendo en la necesidad de “garantizar la inclusión educativa y la educación especial”, “incrementar los recursos públicos dedicados a educación y becas garantizando la igualdad de oportunidades y evitando cualquier desventaja que pueda producirse por razón del centro” (evitando dejar fuera a los concertados por ese motivo), pero recalcando “que la prioridad la tendrán aquellos centros que atiendan a alumnos en situación de vulnerabilidad”.

También la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, tomó la palabra durante la comisión de reconstrucción para hacer hincapié en esa misma idea, apuntando el “desconocimiento” que demostraban los partidos del Gobierno al confundir “la educación privada, donde van las élites, y la concertada, que hace una labor por toda España de integración y de atención a la demanda social”.