La España vacía vs. la litoral: las autonomías se alían sin color político ante la financiación

El fin del estado de alarma y confinamiento y la relajación de las medidas de distanciamiento social han reactivado también las maniobras entre territorios ante una probable negociación de reforma de la financiación autonómica para el próximo otoño. El anuncio realizado en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de junio, quien apuntaba que en noviembre el Ministerio de Hacienda presentará el "esqueleto" de un nuevo modelo y la introducción de una enmienda en ese sentido, incorporada al documento del llamado Pacto para la Reconstrucción, con el objetivo de recuperar el voto favorable de Joan Baldoví (Compromís), han generado la sensación de que, esta vez sí, puede que se abra el melón de un sistema de reparto caduco desde 2014.

Esa percepción se ve reforzada, además, por el antecedente de la negociación del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que el Gobierno ha cerrado con las comunidades autónomas y cuya distribución final parece haber satisfecho, aunque sea parcialmente, a las regiones peor financiadas —y a la vez más pobladas de España—: la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Los cambios introducidos en el fondo covid desde el planteamiento inicial hecho por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, revelan que el Ejecutivo muestra disposición a ser sensible a las reivindicaciones de territorios que reclaman un cambio en la situación actual. La Generalitat valenciana, por ejemplo, presupuesta cada año 1.500 millones de euros en ingresos que sabe que no tendrá como partida "reivindicativa", por entender que es lo que percibiría de más si el modelo de financiación fuera justo. El agujero del consiguiente déficit lo tapa vía préstamo extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

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EFE

En ese contexto prenegociador es importante lanzar muestras de firmeza con el fin marcar terreno. Este viernes, han sido los presidentes de las tres autonomías con mayores problemas de despoblación los que han escenificado un cierre de filas y han advertido que no aceptarán un nuevo modelo que no atienda sus necesidades. Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Emiliano García-Page (PSOE), y Javier Lambán (PSOE), respectivamente, se hicieron la foto conjunta en Soria para reclamar a la UE, que considera a esta provincia, Cuenca y Teruel como "zonas más desfavorecidas". Pero hubo, además, aviso al Gobierno. El barón socialista García-Page no dudó en advertir que si se toman decisiones que considera que perjudican a su territorio recurrirá al Tribunal Constitucional, dando a entender que no le dolerán prendas para enfrentarse al líder de su propio partido.

Esta dinámica de posicionamientos más allá de las siglas caracteriza el debate de la financiación autonómica. La llamada España vacía ya hizo una primera demostración de fuerza cuando en 2016, con Mariano Rajoy en la Moncloa, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja encontraron en una reunión del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), celebrada en Cuenca, el altavoz para fijar su postura. No todas tienen el mismo nivel de inyección de recursos económicos, Castilla-La Mancha, por ejemplo, está a 22 puntos en recursos por "habitante ajustado" de Cantabria, la mejor financiada según el último análisis de Fedea. Pero las ocho autonomías comparten la característica de tener menos población por kilómetro cuadrado que Andalucía, Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana.

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Víctor Romero. Valencia

Conscientes de la ausencia de consenso territorial, Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejaron el poder en 2018 con un modelo caducado y sin presentar una alternativa pese a que todo el trabajo técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) estaba ya hecho. La clave para sacar adelante una reforma está en que el Gobierno asuma que la mejor forma de evitar un todos contra todos entre autonomías es introducir mecanismos de nivelación vertical, aunque sean temporales. Es decir, que el Estado ponga más recursos en la tarta para mejorar la financiación de los peor tratados hasta equilibrar el reparto, sin soliviantar a los que inevitablemente terminarán por perder peso en la distribución porcentual.

Frente al bloque de la despoblación, el reajuste es fundamental para la estabilidad presupuestaria de los territorios más castigadas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, lidera la clasificación en endeudamiento sobre PIB regional pese a estar a la cola en gasto por cabeza. Las cuentas de la Generalitat están cogidas con alfileres. Esto explica la insistencia de su 'president', el socialista Ximo Puig, y el hecho de que, como están haciendo otros, busque alianzas con autonomías gobernadas por siglas distintas a las suyas.

El político socialista ha abierto una línea de comunicación con su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno Bonilla. La pandemia del coronavirus obligó a aplazar una visita del valenciano a Sevilla cargada de simbolismo. Los dos presidentes autonómicos han hablado durante al estado de alarma para recuperar ese encuentro. A la espera de conocer qué papel jugará en la negociación Cataluña, también sensible al criterio poblacional, y si querrá entrar en las conversaciones multilaterales del CPFF, la alianza de Valencia y Andalucía equilibra los bloques con la España del noroeste.

La incógnita en ese baile de parejas territoriales es saber qué hará la Comunidad de Madrid. Por población, lo lógico es que se vaya a la playa y juegue la baza de la España del Mediterráneo. Pero con Isabel Díaz Ayuso todo es posible.