Sánchez prioriza el diálogo social frente al diálogo político

¿Qué hubiera pasado si el presidente del Gobierno hubiera llamado en estos meses las mismas veces al presidente del PP que al presidente de la CEOE?

Es cierto que la posición de Pablo Casado ha sido crítica con el Gobierno desde el principio, aunque apoyó las primeras votaciones sobre el estado de alarma en el Congreso, mientras que no se conocen declaraciones críticas de Antonio Garamendi, presidente de los empresarios.

También es cierto que tardó en llegar ese diálogo político directo, incluso con partidos que facilitaron la investidura y que han apoyado toda la gestión del Gobierno en el Congreso, tras un largo periodo de unilateralidad por parte de Sánchez, y solo se produjo cuando era imprescindible para garantizar los apoyos en votaciones concretas.

Pero la comparación sirve para concluir que Pedro Sánchez ha priorizado en estos meses el diálogo social con los empresarios y con los sindicatos. Es casi el principal activo del Gobierno de coalición en momentos de zozobra y crisis.

De hecho, ya ha firmado casi media docena de acuerdos con los agentes sociales y este jueves Sánchez se ha referido reiteradamente a la importancia del diálogo social en la entrevista en La Sexta. Y es evidente que uno de los aciertos indiscutibles de Sánchez es haber mantenido ese diálogo social y haberlo preservado de sobresaltos y de la crisis por el coronavirus.

Su apuesta ha servido para subir el salario mínimo, para implantar y prorrogar los ERTE, para impulsar el ingreso mínimo y ahora para poner en marcha mesas de negociación para la recuperación.

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Y, según la explicación del presidente del Gobierno, será pilar básico de su política en los próximos meses. Especialmente, pensando en otoño, cuando llegue el estallido de la crisis económica por la pandemia.

Al Gobierno le sirve para lanzar mensajes a Europa, para asegurar la paz social en momentos de desastre económico, para garantizar apoyos políticos a las medidas previamente pactadas y también como coartada para el cumplimiento futuro de compromisos previos.

Por ejemplo, al Gobierno (al menos a la parte del PSOE) le incomoda ahora mantener el compromiso de derogar la reforma laboral y, por eso, ha encontrado la salida perfecta remitiéndose siempre a lo que se pacte en el diálogo social. En su entrevista con Antonio García Ferreras, al ser preguntado por la reforma laboral, se remitió al diálogo social y de ese carril no sale.

Para el futuro inmediato, una de las armas de la Moncloa para favorecer la aprobación de los Presupuestos es, precisamente, lograr acuerdos con sindicatos y empresarios que pueda llevar a las cuentas, sabiendo que con ese pacto previo puede facilitarse el voto favorable de algunos partidos.

En esa labor, Sánchez ha contado con la eficacia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, revelación del Gobierno de coalición. Díaz procede del mundo sindical y tiene la mentalidad de los buenos sindicalistas de buscar siempre acuerdos, a diferencia de la política.

No solo se ha empleado a fondo en la relación con CCOO, UGT y CEOE, sino que ha tenido que salvar situaciones delicadas que podían poner en peligro ese diálogo social.

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Recientemente, en un Consejo de Ministros se habló de las dificultades para cerrar el acuerdo sobre la ampliación de los ERTE y alguien propuso “presionar” a los agentes sociales. La ministra de Trabajo respondió con energía algo así como que a nadie se le ocurriera meterse en ese tema tan delicado.

También tuvo que salvar la relación antes de la pandemia, cuando se celebró una reunión presidida por Pablo Iglesias con organizaciones de agricultores que orilló a los empresarios.

O cuando el Grupo Socialista, con supervisión de Sánchez, pactó con Bildu la derogación de toda la reforma laboral para salvar a la desesperada una votación sobre el estado de alarma. Díaz no conocía el pacto y tuvo que reconducirlo con sindicatos y empresarios hacia el diálogo social, que debe acabar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Tuvo que salvar también la gran resistencia que Garamendi encontró en febrero en la CEOE para pactar la subida del salario mínimo. En aquel episodio, fue Iglesias quien convenció a Garamendi de la necesidad del acuerdo.

La estrategia de Sánchez ha servido también para descolocar al PP, en un momento en que las relaciones del partido de Casado con la organización de los empresarios no son las mejores y, además, los populares carecen de referente económico claro. Es extensible a FAES, la factoría de ideas del PP, que criticó algunas de las medidas que el Gobierno estaba pactando con los sindicatos y los empresarios.

Y es contraria, también en esto, a lo que hizo Mariano Rajoy en 2012, cuando para hacer frente a la crisis lanzó primero una estrategia para debilitar a los sindicatos.