Una concesión a Sacyr y "amenazas": la pelea oculta tras la moción de censura en Tenerife

Los cuchillos vuelan en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los tambores de guerra comenzaron a sonar el pasado lunes, cuando Coalición Canaria y el Partido Popular presentaran una moción de censura contra la alcaldesa socialista, Patricia Hernández. La regidora gobierna desde 2019 con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, pero una de las concejalas de la formación naranja, Evelyn Alonso, se ha sumado a la oposición para quitarle la vara de mando. A la espera de que avance la ofensiva, la batalla ha provocado un aluvión de filtraciones, desde audios en los que la alcaldesa carga contra la tránsfuga hasta informes en los que se cuestiona una adjudicación millonaria que fue otorgada a Sacyr en 2005, cuando gobernaba Coalición Canaria.

Mientras la oposición suma fuerzas, el ayuntamiento socialista pone el foco en la gestión de aguas por parte de Sacyr. En 2005, con el consistorio en manos de Coalición Canaria, la multinacional pagó 60,27 millones para hacerse con la explotación del servicio durante 25 años, pero el nuevo Gobierno sospecha de posibles irregularidades al advertir un segundo acuerdo por el que la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) se comprometió a devolverle 59 millones. Más allá de este pago, que se acordó en 2007 y permitía a la multinacional recuperar su inversión inicial a costa de las arcas públicas, los servicios técnicos del consistorio calculan que la concesión reportará más de 200 millones de euros a Sacyr, según documentación en poder de este diario.

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EFE

Esta adjudicación incluye además como protagonistas a diversos políticos de Coalición Canaria que se han visto salpicados por casos de corrupción en los últimos años: en 2005, cuando se cerró la adjudicación, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife era Miguel Zerolo, condenado a siete años de cárcel por una operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas; en 2007, cuando se acordó devolver 59 millones a Sacyr, el consejo de administración de Emmasa estaba presidido por el concejal Norberto Plasencia, que fue condenado por el denominado caso Siliuto a cuatro años de prisión por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife y posteriormente absuelto por el Tribunal Supremo.

La investigación del consistorio parte del acuerdo alcanzado el 27 de junio de 2007 por el consejo de administración de Emmasa, con el que se decidió “contabilizar un crédito a favor de Sacyr Vallermoso SA, que fue el que realizó el pago del mismo, por un importe de 59.000.000 euros, cuya amortización se llevará a cabo anualmente, durante el periodo de duración del contrato, en 25 partes iguales”. De esta manera, la multinacional cobraba de las arcas públicas 2.360.000 euros al año hasta recuperar su inversión inicial, acuerdo que dejaba al margen los beneficios que obtiene de la explotación: según un informe del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del 12 de mayo, la gestión de aguas "le reportaría al final de la concesión un total aproximado de 80 millones de euros", a lo que hay que sumar los correspondientes dividendos.

El Confidencial se ha puesto en contacto con Sacyr para preguntar por esta adjudicación, pero la empresa evita pronunciarse por el momento. Pese a ello, el mencionado informe incluye la postura de Emmasa, participada por la multinacional, que en diciembre de 2019 entregó al consistorio un escrito en el que presentaba el pago inicial de Sacyr como un canon que posteriormente debía ser abonado por la empresa mixta: "La voluntad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era que el canon demanial fuese abonado de manera anticipada por el licitador adjudicatario de las acciones, en nombre de la empresa mixta Emmasa, y que, a través de su representación y participación en las decisiones adoptadas en el seno de la empresa de economía mixta, el importe del canon demanial fuese devuelto a Sacyr".

La multinacional argumenta que la adjudicación contempló desde el primer momento ese cargo a las arcas públicas, postura que los servicios técnicos del ayuntamiento contradicen en su informe: "Analizada toda la documentación que sirvió de base para la preparación de la licitación del presente contrato, los pliegos que la rigen y el contrato formalizado, así como los diferentes informes y escritos remitidos por la entidad Emmasa, se emite el presente informe que concluye considerando disconforme con el contrato suscrito con la entidad Sacyr el reconocimiento de deuda acordado por el consejo de administración de Emmasa con fecha 27 de junio de 2007, en favor de aquella por un importe de 59 millones de euros", sostienen en el mismo.

A la vista de las conclusiones que recoge el informe, desde Coalición Canaria tratan ahora de desmarcarse de la adjudicación. "La devolución del canon (…) ha venido figurando en sus cuentas anuales desde 2007, siendo alcalde Miguel Zerolo, sin que ningún técnico municipal pusiera de manifiesto irregularidad alguna sobre su abono", argumentan. El partido incide en que el pago contó "con el beneplácito de los socialistas Julio Pérez y José Ángel Martín", afirmando además que "cualquier indicio de irregularidad que pueda surgir en torno a este asunto indudablemente será puesto en manos tanto de los técnicos municipales como de la Justicia, si fuese necesario, para la adopción de cuantas decisiones resultasen precisas en defensa del patrimonio público municipal".

Más allá de defender su gestión respecto a estos hechos, desde Coalición Canaria remarcan a este diario la otra noticia que ha marcado la política chicharrera esta semana: una grabación en la que, según defienden, se escucha a la alcaldesa proferir "amenazas" contra la concejala de Ciudadanos. "Vamos a ver, que yo tengo montón de papeles, ¡que esto va a ser un infierno!", asegura Hernández en el mencionado audio, adelantado por Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario. "Primero se registra la moción de censura, pero luego hay que ir a votarla y seguir viviendo en Santa Cruz. ¿O nos mudamos? Es que ella piensa que esto va a ser fácil y ella va a padecer un sufrimiento", añade.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa se mostró tajante este miércoles: "Me sorprende que la primera pregunta sea sobre unos audios y no sobre la posibilidad de que en Emmasa fuera hurtado el dinero de los chicharreros y chicharreras por valor de 59 millones de euros", criticó. También aseguró que se trata de una conversación privada sacada de contexto y descartó haber amenazado a la concejal. "La empresa pública se vendió por 59 millones de euros y Coalición Canaria perdonó ese dinero. Cuando termine la concesión administrativa, habrán tenido beneficios por valor de 288 millones de euros con cero de coste", insistió ante las cámaras. Con la moción de censura programada para el próximo 13 de julio, los partidos de Santa Cruz de Tenerife han sacado la artillería.